Confirman la condena por fraude que generó críticas del Procurador a un fiscal jefe de Cipolletti
El Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia contra el exfuncionario del municipio de Cinco Saltos. En esa causa estaba implicado el exintendente Germán Epul pero en los alegatos de cierre el fiscal retiró la la imputación.
Gustavo Herrera, fue el fiscal del caso
La frustrada causa penal contra el exintendente de Cinco Saltos Germán Epul polarizó la relación entre el procurador Jorge Crespo y el fiscal jefe Gustavo Herrera. Es que el titular del Ministerio Público le recriminó la decisión de retirar la acusación en los alegatos de cierre de un proceso por defraudación contra el Estado.
El mandatario, que llegó al poder de la mano de Alberto Weretilneck en 2015, fue acusado junto a su por entonces secretario de Obras Públicas Diego Palacios por «arreglar» una licitación con fines personales y lucrativos. Se los acusó de fraude.
Según la teoría del caso, Epul y Palacios armaron una licitación a medida para beneficiar a un empresario con una empresa paralela para lucrar. En un principio eran cuatro imputados, pero sólo dos llegaron a juicio y finalmente el único condenado fue Palacios. El Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia y dispuso el pago de costas al exfuncionario.
Se confirmó así la condena contra el exfuncionario a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por el delito de defraudación contra la administración pública.
La acusación original había determinado que Palacios, exsecretario de Obras Públicas de Cinco Saltos, junto con el entonces intendente Germán Epul, participaron en un concurso de precios direccionado para la adquisición de adoquines que nunca fueron entregados, causando un perjuicio económico al municipio.
El tribunal sostuvo que la defensa no logró desacreditar los testimonios de testigos clave, como Nazareno Lozano y Carola Villagra, ni rebatir los fundamentos probatorios de la sentencia anterior. Además, se consideró probado que Palacios organizó una serie de acciones con dolo directo, incluyendo la adjudicación y pago anticipado a la empresa Nalozano S.A., la cual no cumplía con los requisitos técnicos necesarios.
La idea era, así lo expuso Herrera en el juicio, utilizar parte del dinero del presupuesto a la compra de una adoquinera para incursionar en el rubro y poder participar de licitaciones privadas, pero también de licitaciones públicas de otros municipios de la región.
El plan fracasó porque no lograron la calidad necesaria para los adoquines. La no terminación del proyecto alertó a la siguiente gestión a cargo de Liliana Alvarado quien inició la demanda penal. Incluso fue testigo clave en el juicio.
Inesperadamente, en los alegatos de cierre Herrera retiró la acusación contra Epul por la duda razonable. Palabras más, palabras menos, no logró comprobar fehacientemente su participación. La decisión generó cuestionamientos internos, especialmente de Crespo. Directamente le recriminó la forma y el contexto de la decisión.
Es que el fiscal jefe inició la causa con cuatro imputados: además de los mencionados, al empresario y a una contadora. La profesional fue la primera en comprobar su inocencia y el Lozano -el ganador del concurso- hizo un arreglo a cambio de declarar en el juicio. Su testimonio fue clave, pero la fiscalía no logró comprobar la responsabilidad del exintendente.
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