Bariloche: un exfuncionario de Gennuso reclamó compensación económica por dejar el cargo

Integró el gabinete durante dos años por una designación política, pero demandó una indemnización de 5,6 millones de pesos. El actual intendente rechazó el planteo.

Uno de los integrantes del gabinete municipal durante el gobierno anterior, que estuvo durante dos años a cargo del vertedero municipal y del sistema de recolección de basura, presentó una demanda de resarcimiento por dejar la función pública, pero el actual intendente Walter Cortés negó que le corresponda ese derecho, porque se trataba de un funcionario político.

El exdirector general de Residuos, Martín Reto, fue designado el 20 de diciembre de 2021 por resolución del entonces intendente Gustavo Gennuso. Poco antes de cumplir 24 meses en la función presentó la renuncia, como todos sus pares, obligado por el recambio de gobierno y en coincidencia con la asunción de Cortés.

Pero a diferencia de otros, Reto inició un expediente contencioso administrativo ante el municipio para reclamar el cobro de 5,6 millones de pesos a modo de compensación “indicando que prestó tareas laborales para la municipalidad”, según describe la resolución del último lunes en la que que Cortés desestima su planteo.

Allí consta que por resolución 3902 del 7 de diciembre pasado, “se aceptaron todas las renuncias de los funcionarios que integraban el cuerpo ejecutivo” en la gestión Gennuso, “incluida la del señor Reto”. Advierte además que “la legislación vigente en la provincia de Río Negro establece que los funcionarios políticos no gozan de la misma estabilidad que los empleados en relación de dependencia”.

Agrega que la renuncia presentada por el exresponsable de la Gestión de Residuos en el municipio “constituye una aceptación voluntaria de la finalización de su relación laboral” y de acuerdo al artículo 92 del Código Civil y Comercial, en esos casos “cualquier reclamación subsiguiente carece de fundamento jurídico”.

Cortés argumentó en su rechazo que la petición esgrimida por Reto “se basa en la premisa de un despido arbitrario, lo cual es infundado”, dado que “no hubo despido sino una renuncia formal aceptada por la autoridad competente”, lo cual lo inhibe de la posibilidad de reclamar indemnización.

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