Muerte de Robinson en La Angostura: fuerte controversia entre jueces por el sobreseimiento de los policías
El Tribunal de Impugnación confirmó por mayoría el sobreseimiento de los cinco policías que participaron del operativo, el 20 de julio del 2022. Fue a pedido de la fiscalía.
Familiares de Robinson en una de las marchas en Villa La Angostura para pedir justicia. (Archivo)
El Tribunal de Impugnación confirmó el sobreseimiento de los cinco policías de Neuquén imputados en la muerte de Robinson Gatica en Villa La Angostura. Después de dos años, dos meses y 23 días de investigación, el proceso se cerró con controversia como no podía ser de otra manera, porque esa fue la característica que lo rodeó desde el comienzo. El fallo fue por mayoría, con fuerte discrepancia entre el juez y las juezas.
Gatica murió el 20 de julio del 2022 en su casa en el barrio Las Piedritas, en el contexto de un violento operativo policial. Atravesaba una crisis por consumo de drogas, pero en el momento de morir estaba «solo, desarmado y bajo custodia policial», como afirmó siempre la querella encabezada por Lorena Miani y Luis Virgilio Sánchez.
Se comprobó que los policías alteraron la escena, movieron objetos de lugar y no preservaron pruebas. Los cinco que participaron del operativo fueron imputados: David Cuevas, Darío González, Erwin Mora, Alejandro Bravo y Víctor Muñoz.
El problema central del caso fue determinar la causa de la muerte. Médicos forenses de Neuquén, de la Corte Suprema y de la querella llegaron a conclusiones distintas.
La fiscalía pidió el sobreseimiento
El 3 de julio pasado, el fiscal Adrián De Lillo pidió el sobreseimiento de todos. Invocó un inciso del Código Procesal que lo autoriza a ello cuando «no existe la posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de prueba ni fundamentos para requerir la apertura a juicio». La jueza Bibiana Ojeda le hizo lugar, pero por otro motivo: «el hecho no se adecua a una figura legal».
La querella llevó el caso al Tribunal de Impugnación, y una sala integrada por Federico Sommer, Patricia Lúpica Cristo y Estefanía Sauli resolvió el martes la cuestión. Por las defensas participaron Cristian Pettorosso Alejandro Casas y Nahuel Urra.
Los abogados que representan a Paola Chumuy, la esposa de la víctima, y Lidia Quintriqueo, la madre, invocaron la necesidad de llevar la causa a juicio. Mencionaron que Robinson, empleado municipal de Villa La Angostura de 33 años, era maltratado por la policía desde la adolescencia. Una de sus maestras recuerda que a los 12 años le dijo: «seño, yo no llego a los 30».
«Perspectiva de derechos humanos»
El sobreseimiento de los policías, pedido por la fiscalía y dictado por la jueza de Garantías Bibiana Ojeda, generó fuertes discrepancias entre el y las integrantes del Tribunal de Impugnación.
El juez Federico Sommer votó por revocarlo y seguir adelante hasta llegar a juicio.
«Este caso debe ser mirado con una perspectiva de derechos humanos, desde lo institucional, de la situación de una persona en contra de funcionarios policiales. No es un caso cualquiera. Debe ser mirado desde ese lugar», afirmó.
A continuación explicó: «La fiscalía dice: (los policías) no son inocentes pero no tenemos prueba ni vamos a poder producir prueba para sostener razonablemente una acusación en juicio».
Añadió el magistrado que «me parece que hubo como cosas raras, este afán de cerrar la causa y que alguno acuse o no acuse, o el anticipo que tuvo la fiscalía de que no iba a acusar generó una suerte de confusión procesal».
El historial de apremios, sin relación
En cambio las juezas Patricia Lúpica Cristo y Estefanía Sauli formaron mayoría y confirmaron el sobreseimiento de los policías.
Lúpica Cristo dijo en su voto que «la querella hizo mención al historial de apremios previos a Gatica. Estas situaciones de ninguna manera pueden estar relacionadas de manera directa con un posible actuar doloso que se pueda llegar a estar investigando».
«También la querella hizo alusión al ocultamiento, pero esa circunstancia tampoco permite colegir que exista un actuar doloso y tampoco se lo puede relacionar con el hecho concreto en sí», agregó.
Sauli, en tanto, afirmó que «existió una mirada institucional desde el momento que se declaró el caso como complejo, se le dio amplia participación a la querella. No veo que haya existido afectación a la tutela judicial efectiva».
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