El peligro de jugar al límite

El Gobierno logró imponer en el Congreso una minoría suficiente para sostener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, una maniobra defensiva que le permite sostener su drástica política de equilibrio fiscal, pero que tiene elevado costos políticos, de imagen y en calidad institucional. Tanto el oficialismo como la oposición deberán revisar sus estrategias de bloqueo mutuo, máxime cuando está en trámite la norma que más influirá en la vida de los argentinos, el presupuesto 2025.

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El politólogo Carlos Fara lo resumió en términos futboleros, quizás recordando el pasado del presidente Javier Milei como arquero de Chacarita: “el Gobierno no mete goles, pero ataja penales”, señala. Con jubilaciones y universidades, logró bloquear iniciativas que pretendía imponerle el Congreso, mientras que perdió con el aumento de los fondos de la SIDE, donde el parlamento logró anular el Decreto de Necesidad y Urgencia de Milei.

Los esquemas de frenos y contrapesos del sistema republicano funcionan, señalaría un optimista. Sin embargo, este juego al límite entre el Ejecutivo y el Legislativo puede tener efectos institucionales muy negativos. El constitucionalista Félix Lonigro lo resumió horas después del último veto. “No se puede decir que sea inconstitucional. Pero si el presidente permanentemente está vetando leyes entramos en otro terreno. El veto no está diseñado para ser una práctica común y habitual, forma parte de mecanismos constitucionales de emergencia y excepcionales como la intervención federal, el estado de sitio o los DNU. Si estas atribuciones se ejercen rutinariamente, ya estamos forzando el sistema” y entrando en un estado de excepción permanente, advirtió.

Su triunfo podría ser pírrico, si el oficialismo no logra articular mayorías para hacer avanzar su agenda de gestión y proponer alternativas válidas a los problemas, como el desfinanciamiento de las universidades. Casi dos millones de estudiantes ven peligrar el cursado de sus carreras este año a causa de un enfrentamiento político por el 0,14% del PBI.

El diputado rionegrino Agustín Domingo estuvo acertado cuando sostuvo que el origen del problema es la no aprobación del Presupuesto 2024, medida acordada con Sergio Massa: le dio a la gestión libertaria un enorme poder para licuar discrecionalmente partidas por inflación.

Esto debería encender luces de alerta en la política. El Presupuesto 2025 ya está en debate en el Congreso, y además de la fórmula de “déficit cero” que destaca el oficialismo, que impide financiar déficit con deuda o emisión, tiene varias aristas polémicas. Según un análisis de Chequeado.com, aunque aumentan las partidas en asignaciones sociales, siguen cayendo los gastos en jubilaciones (8,7%) y educación, incluyendo la universitaria (4,5%). En cambio, otros rubros como la Secretaría General de la Presidencia y la SIDE tienen aumentos.

Otro informe de la Fundación Encuentro agrega que las provincias perderían recursos por US$ 5.000 millones, al ceder asignaciones específicas en IVA, fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles y el componente impositivo del Monotributo, que pasa a la Seguridad Social. Otros alertan en que las proyecciones de inflación para el año que viene (18,3%) son bastante menores a la de los expertos privados, (38,4%) con lo cual los recortes podrían ser aún más profundos.

Voceros del oficialismo se muestran intransigentes en sus objetivos, y ante posibles modificaciones de fondo, amenazan con gobernar, nuevamente, con el presupuesto prorrogado. Una alternativa de legalidad dudosa, que sumaría al conflicto entre Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial y llevaría al límite las tensiones institucionales. Es de esperar que oficialismo y oposición realicen un ejercicio de responsabilidad y acuerden un presupuesto 2025 que dé garantías de gobernabilidad y estabilidad para lograr la recuperación económica que tanto necesita el país.