El futuro de un camarista de Viedma quedó en manos del Procurador General
El Consejo de la Magistratura resolvió por mayoría que se evalúen las actuaciones contra Guerra Labayén para su posible elevación a juicio político.
Guerra Labayén integrante de la Cámara laboral de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.
El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial cerró la etapa preliminar del sumario contra el camarista Gustavo Guerra Labayén, que estuvo a cargo del abogado Santiago Guenomil, y la definición será del Procurador General de la provincia, Jorge Crespo.
Durante la última reunión del cuerpo el sumariante presentó su informe y solicitó que el expediente sea remitido al Procurador para que evalúe su elevación a juicio político. La moción fue aprobada por mayoría, con dos abstenciones.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Ceci, explicó que «los cargos son adecuados y se eleva al Procurador para que formule la acusación» pero «puede no hacerlo o devolver el sumario al Consejo para algún otro tipo de producción de prueba» aunque sostuvo que «no es lo habitual en este tipo de procedimientos».
Ceci recordó que la investigación contra Guerra Labayén es producto de «dos hechos, uno es la demora en dictar 25 sentencias a finales del año pasado» y la restante «ocho presentaciones de distintos abogados del fuero que litigan en esa Cámara por demoras».
El magistrado agregó que «la Ley Orgánica no habilita a la pérdida de competencia» y señaló que esa norma establece que «cuando son más de cinco el juez incurre en falta grave» que sería este caso.
Si el Procurador, que no tiene plazos para expedirse, determina que están dadas las condiciones para pedir el juicio político la futura prueba que se produzca no estará a cargo de Ceci ya que por su participación anterior tendrá que ser subrogado por otro integrante del Superior Tribunal de Justicia.
El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial cerró la etapa preliminar del sumario contra el camarista Gustavo Guerra Labayén, que estuvo a cargo del abogado Santiago Guenomil, y la definición será del Procurador General de la provincia, Jorge Crespo.
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