A pesar de la oposición de Weretilneck, hay 285 imputados y condenados con tobilleras electrónicas en Río Negro
Así lo informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. Hay 141 imputados con dispositivos electrónicos que cumplen prisión preventiva de manera domiciliaria. En lo que va del año hubo 7 evasiones de personas que rompieron esos mecanismos de control.
Los dispositivos electrónicos se implementaron hace casi 9 años en Río Negro. (foto de archivo)
La implementación de pulseras o tobilleras electrónicas para controlar a internos que tienen beneficios, como salidas transitorias, o imputados que cumplen prisiones preventivas en sus domicilios tiene una historia reciente en Río Negro. Y no exenta de polémicas.
En junio de 2015 se hizo la primera compra con un presupuesto oficial de 4.406.400 pesos, es decir unos 490.000 dólares al cambio oficial de ese momento. El único oferente que se presentó a la licitación pública fue la empresa Surely SA.
Alberto Weretilneck era entonces el gobernador que avaló la implementación de ese sistema en la provincia. Casi nueve años después, su visión cambió drásticamente. Hoy, los vientos soplan desde otra dirección.
«Aceptar la tobillera electrónica y las domiciliarias con la excusa de que no hay lugares en las cárceles yo no la comparto», sostuvo Weretilneck a finales de septiembre pasado en Radio Seis Bariloche. Calificó como una “liviandad” del Poder Judicial que delincuentes estén cumpliendo penas en otro lugar que no sean las cárceles.
Sin embargo, nadie le recordó al gobernador que es el Ejecutivo provincial el que tiene la responsabilidad de que las cárceles estén en condiciones dignas para la resocialización de los internos. Hoy, los penales de la provincia están superpoblados de internos. Por eso, el Servicio Penitenciario Provincia aloja detenidos en comisarías.
«Yo prefiero que estén hacinados en una cárcel que libres con una tobillera».
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.
Los datos que muestran un crecimiento
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia informaron este lunes que se encontraban 285 dispositivos monitoreados en la provincia. Indicaron que 141 corresponden a personas que cumplen prisión domiciliaria; 44 con libertad condicional; 13 con libertad asistida y 87 imputados a los que se les impuso el dispositivo para cumplir medidas cautelares. Aclararon que todos esos dispositivos fueron autorizados por jueces.
A finales de noviembre de 2019, la entonces secretaria de Seguridad y Justicia de Río Negro, informó a este diario que 192 personas estaban siendo monitoreados bajo la órbita de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (Uadme).
“Estos cuentan con un monitoreo, jurisdiccional y perimetral ordenada de manera judicial, no implicando ello un seguimiento constante de la geolocalización del reo, más bien se monitorea el cumplimiento de las diferentes pautas jurisdiccionales impuestas por la Justicia”, explicaron este lunes desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Comunicaron que la “responsabilidad contractual y operativa de monitoreo corresponde a la empresa Surely SA, encargados específicamente de informar a la Unidad de Monitoreo Central en caso de registrarse un evento de transgresión en la plataforma para la debida intervención”.
Dijeron que personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) trabaja en la Uadme. Son lo que deben poner en marcha el protocolo cuando salta un alerta.
Desde el Gobierno aclararon que los 285 dispositivos indicados no incluye a los internos con los beneficios de libertad transitoria y semilibertad, que están bajo la órbita del SPP, “igualmente monitoreados”.
“Esos internos son los que están cumpliendo la condena dentro del penal y tienen algún beneficio, como salir a trabajar, se ponen la pulsera y cuando retornan al penal se la sacan”, explicaron.
Las evasiones que hubo en lo que va del año
Río Negro intentó conocer la opinión de jueces y juezas y funcionarios judiciales sobre el tema. Pero muy pocos quisieron opinar. Los que se animaron pidieron no ser citados.
Sin embargo, Guillermo González Sacco reveló el viernes en la sesión del Consejo de la Magistratura, en Viedma, un dato interesante. En su entrevista pública como postulante al cargo de juez de Garantías se refirió al asunto.
“¿Dónde deben cumplirse las prisiones preventivas en el penal o se deben cumplir de forma domiciliaria?”, se preguntó. Y afirmó que la regla es que se cumplan en un penal y solo por cuestiones excepcionales de manera domiciliaria.
“Cuando se escapa alguien del penal nos enteramos por los diarios”, advirtió. Y señaló que en lo que va del año solo un interno escapó del penal de Bariloche. Se trata de Amanda Alves Ferreira, condenada a prisión perpetua por el homicidio con alevosía de su amiga Eduarda Santos de Almeida. Huyó el martes 6 de agosto pasado y sigue prófuga.
González Sacco informó que hubo en lo que va de este año “siete evasiones” de personas con dispositivo electrónico. “No estoy hablando mal de la pulsera que es una herramienta híper válida”, afirmó. Pero insistió que es un mecanismo que se puede llegar a romper. “35 se han roto en el año y se deben cambiar”, dijo.
Evaluó que en el caso de un arresto domiciliario, con dispositivo electrónico, “se desvanece el nivel de control del Estado sobre esa persona”.
Cómo funciona el protocolo cuando salta un alerta
Y explicó el protocolo que se activa cuando una persona corta la pulsera para evadirse. Primero, salta el alerta en el centro de monitoreo y desde allí se comunican al celular de esa persona, que tiene puesto el dispositivo. Si no contesta, lo llaman por segunda vez. Si no hay respuesta, avisan al 911 que alerta a la Policía para que personal de la comisaría más cercana al domicilio vaya a verificar.
Pero el candidato le advirtió a los consejeros que lo escuchaban, entre ellos, el presidente del STJ Sergio Ceci, que “en menos de 5 minutos cualquiera de nosotros estamos en otra provincia”. Por eso, para que el sistema funcione los protocolos de alerta deben ser rápidos y efectivos.
Otro asunto delicado tiene que ver con los criterios que jueces y juezas aplican para autorizar prisiones domiciliarias o beneficios con el control de dispositivo electrónicos.
“El análisis corresponde a cada juez y cada fiscal en cada circunstancia, con la jurisprudencia actual”, evaluó una alta fuente próxima al STJ cuando se le consultó. El STJ fijó postura en el fallo “Javier Díaz”, pero los jueces y juezas no siempre siguen ese criterio.
En la sentencia que dictó el 11 de mayo del 2020 declaró mal concedido el recurso de casación presentado por el defensor oficial del imputado que impugnó la resolución de una exCámara Criminal de Viedma, que no había admitido el cambio de domicilio solicitado por la defensa del acusado. También, había revocado el beneficio de la prisión domiciliaria que le habían otorgado el 2 de octubre de 2017. En esa sentencia, el STJ ordenó su inmediato alojamiento en el Penal 1 de la capital rionegrina.
“El otorgamiento de la cautelar con tal modalidad (por la domiciliaria) deviene excepcional y obedece a criterios particularísimos, entre los que puedo mencionar que -en el caso- fue la propia acusación la que así lo pidió”, sostuvo el juez del STJ Sergio Barotto, que redactó el voto de la sentencia.
El dispositivo no funciona como un grillete
Un fuente judicial que conoció el funcionamiento del sistema desde su puesta en marcha en la provincias, recordó que antes no existía ninguna tecnología para controlar los movimientos de los internos que accedían a los beneficios que prevé la ley de ejecución penal. “Hoy, eso sí se puede hacer”, valoró.
“Antes el juez de Ejecución que autorizaba las salidas transitorias no tenía idea de lo que ese interno hacia afuera del penal”, relató. Lo mismo ocurría cuando se otorgaban prisiones domiciliarias a un imputado. Por eso, respaldó la implementación de la tecnología.
“Es un mecanismo que es más positivo, que negativo”, opinó. “Pero como todo, no es perfecto. No opera como un grillete”, explicó. “No va evitar que esa persona deambule”, añadió. “Ahora, por lo menos, un juez o un fiscal se entera de que un imputado rompió la tobillera y se evadió”, aseveró.
Cuando ocurre un hecho delictivo hay que indagar si el autor tenía salidas transitorias o libertad condicional con ese dispositivo. En esos casos “no es que falló el sistema de la tobillera”, porque son personas que no tienen prohibido circular por la ciudad. Dijo que es clave evaluar qué tan eficiente es el personal de la Uadme para dar el alerta si una persona vulnera el dispositivo.
Antes el juez de Ejecución que autorizaba las salidas transitorias no tenía idea de lo que ese interno hacia afuera del penal”.
Una fuente judicial con experiencia en Ejecución.
El exfiscal Martín Govetto dijo que la ley establece los casos excepcionales en los que se puede autorizar una prisión domiciliaria, con tobillera, pero expresó que hay fallos que las autorizaron en otras situaciones.
“Pero en los casos de violencia de genero la evaluación tiene que ir de la mano de los informes técnicos y el riesgo y la naturaleza del incumplimiento”, opinó.
Dijo que había que implementar en Bariloche el dispositivo dual, que funciona en el resto de la provincia. Los dispositivos duales en la provincia de Río Negro están activos desde el 4 de junio de 2019.
«Los dispositivos duales en la actualidad están a disposición de las autoridades judiciales en la Primera, Segunda y Cuarta circunscripción judicial de la provincia de Río Negro», dice el Ministerio de Seguridad y Justicia en su página web oficial. No hay explicación oficial de por qué no se implementaron en Bariloche y El Bolsón.
«Este dispositivo se compone de dos unidades de rastreo, una para la mujer denunciante y otra para el varón en situación de agresor, ambos son monitoreados en forma conjunta lo que permite contar con una alerta temprana, asegurando que el varón no se acerque dentro de un radio de exclusión dispuesto por la autoridad judicial, brindando tranquilidad y seguridad a la mujer en situación de víctima», sostiene el Mnisterio.
En caso de que alguna de las zonas sea transgredida, el sistema se activa automáticamente, y pone en marcha el protocolo de respuesta a la emergencia que es similar al del botón (Comunicación desde el Programa RN emergencia y despliegue policial).
y los mismos funcionan trabajando de manera interconectada (es decir, monitorea de forma conjunta a la víctima y al victimario), activando una alerta a la central de Río Negro Emergencias ante una eventual violación del victimario.
Pero Govetto dijo que hay zonas sin cobertura y los dispositivos funcionan con señal de telefonía y GPS . “Una vez tuve un caso de un muchacho que estábamos buscando un domicilio que sea alejado de la ciudad. Iba a ir a un paraje y no había cobertura de internet, entonces no se podía ir. Eso se podría mejorar y un monitoreo más estricto de a quién se lo das”.
«Hay que tratar de hacer una evaluación lo más completa en torno al perfil de la persona» que accederá a un dispositivo electrónico al autorizar que cumpla la prisión preventiva de manera domiciliaria o la libertad condicional.
Algunos casos de este 2024
El 3 de julio pasado, Rosa Marianela Rubilar rompió la tobillera electrónica que se le había colocado para controlar que cumpla la prisión domiciliaria en Bariloche y se fugó.
Está imputada por el homicidio cometido con ensañamiento a principios de marzo último, según la fiscalía, del poblador del paraje Los Repollos, Federico Rodríguez.
La detuvieron casi por azar el 19 de agosto, en un control de rutina en una ruta nacional, cerca de Río Gallegos, en Santa Cruz.
“Yo me bajé en la caminera (en Santa Cruz), yo di mis datos, dije que estaba sin documentación. De hecho si hubiera querido fugarme en estos momentos estaría en Chile, con otros documentos. Lo que yo busqué es mi seguridad”, sostuvo a finales de agosto ante el juez Ricardo Calcagno y consintió que la manden al penal de Bariloche a cumplir la preventiva.
El 17 de septiembre 2024, Marcos Vidal Valenzuela, logró sacarse la tobillera electrónica y se evadió. Cumplía la prisión domiciliaria en una iglesia evangélica de Bariloche tras la formulación de cargos en su contra por varios hechos delictivos.
El pastor que lo había recibido declaró que el imputado se sacó la tobillera electrónica, la dejó tirada en el lugar y se fugó. Es una persona con un frondoso prontuario.
El 26 de febrero pasado, un joven de 18 años fue detenido, junto a un adolescente, por personal policial con mercadería que habían robado en un comercio, ubicado en bulevar Contín de Viedma. La Policía constató que el mayor de edad portaba una pulsera electrónica.
El año pasado hubo mucho más grave. A finales de diciembre, Diego Fernando Farías y Guillermo Luciano Parra irrumpieron, con otros dos delincuentes que no fueron identificados aun, armados en un domicilio de la calle Hilario Cuadros al 200, en la zona oeste de Bariloche. Los asaltantes golpearon e hirieron al dueño de la casa, que estaba con su esposa y su hijo.
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía contó que los dos imputados estaban con prisión domiciliaria, con tobilleras electrónicas. Contó que, según el informe de la Uadme, el dispositivo puesto a Farías tuvo desfasajes en un horario que coincide con el momento en el que ejecutaron el violento robo. Señaló que después de las 22, la pulsera electrónica de Farías se volvió a activar.
Mientras que el dispositivo de Parra directamente estuvo fuera de servicio desde las 13 del martes y recién se activó el miércoles.
Los dispositivos que hay
En la provincia, hay tres tipos de tecnologías que se utilizan. Una es la tobillera electrónica domiciliaria que está vinculada a un receptor que se coloca en la casa de la persona en cuestión que, ya sea por línea telefónica o por una línea de celular, se conecta con la central de monitoreo. Si la tobillera se aleja de 5 a 45 metros del receptor, el sistema de monitoreo emite un alerta de inmediato. Esta metodología se utiliza en los casos de prisión domiciliaria en la que el interno no está autorizado a salir de su casa.
Otras funcionan con GPS que registran los movimientos de la persona en todo el tiempo. Estas la usan quienes gozan de las salidas transitorias. O en internos que trabajan y que no tienen un lugar fijo de desempeño laboral, lo que exige una vigilancia continua para verificar que cumpla con los requisitos impuestos. La tercera opción que se utiliza en la provincia es la pulsera dual para casos exclusivamente de violencia de género.
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