Estafa con planes sociales en Neuquén: quiénes son los 19 imputados que irán a juicio oral
La fiscalía presentó su acusación y las pruebas que ofrece para el juicio oral que se realizará el año próximo. Entre cabecillas y colaboradores hay 19 exfuncionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén imputados.
La acusación presentó su pedido de elevación a juicio, con detalles del caso y las pruebas ofrecidas. (Archivo)
Funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda y personas particulares «se pusieron de acuerdo en montar una estructura clientelar ilícita, utilizando el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo para poder cometer las conductas delictivas» conocida como la estafa con planes sociales.
Así lo expresó la fiscalía de Delitos Económicos al pedir que la estafa con planes sociales vaya a juicio con 19 imputados, por hechos cometidos entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022 por un monto que, actualizado, roza los mil millones de pesos: 941.262.888,82.
En el trabajo no se hace mención al destino de los fondos. En diferentes audiencias se ha mencionado que fueron destinados a solventar campañas políticas y a engrosar el patrimonio de los imputados.
El escrito mediante el cual solicitó la elevación a juicio tiene 440 páginas, detalla las maniobras y ofrece las respectivas pruebas. No incluye la voluminosa pericia contable que respalda la acusación, y se limita al período temporal investigado. Lo elaboraron el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez y las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara.
A partir de ahora corre el plazo para que las defensas presenten su propio escrito con las pruebas de descargo.
El primer nivel de acusados
A los 19 acusados les atribuye «haber formado parte de una asociación ilícita destinada obtener de manera fraudulenta fondos públicos» pero en distintos niveles.
Así, como jefes de la organización la fiscalía señala a «aquellos que pergeñaron y organizaron la asociación ilícita destinada a obtener de dinero proveniente de fondos del Estado provincial, de manera ilegítima». Ellos son: Ricardo Nicolás Soiza Curbelo (director de Planes Sociales); Néstor Pablo Sanz (Director de Fiscalización); Marcos Ariel Osuna (jefe del departamento de Gestión de Programas); Orlando Abel Di Luca (Ministro) y Tomás Siegenthaler (director de Coordinación).
Osuna cumple prisión preventiva, Soiza y Sanz detención domiciliaria y el resto está en libertad.
El nivel 2
En el nivel 2 «se encontraban aquellos que respondían a las órdenes de Siegenthaler, Di Luca y Soiza y, en consecuencia, colaboraban con ellos para que la maniobra delictiva se pudiera efectivizar y, finalmente, darle apariencia de legalidad».
La fiscalía ubica allí a Luis María Gallo (Director Provincial de Finanzas); Laura Carolina Reznick Mastronardi (Directora de Finanzas); Julieta Mariana Oviedo (Directora de Tesorería) y Julio Norberto Arteaga (auditor en la Contaduría General de la Provincia).
Los reclutadores: la mayoría, sobreseídos
Mientras tanto en el nivel 3 la acusación ubica «a aquellos imputados que, por órdenes de los organizadores de la banda, principalmente Sanz y Osuna, procedían a la captación de personas para poder asignarles el subsidio por desempleo laboral y coordinaban con la Dirección de Planes Sociales para que pudieran ingresar como supuestos beneficiarios. Estos reclutadores también tenían la función de entregarles a los reclutados, una parte del dinero en efectivo extraído de las cuentas de los beneficiarios».
De este nivel solamente Isabel Montoya, pareja de Sanz, irá a juicio, Había más imputados que fueron sobreseídos o aceptaron una condena en suspenso.
Cobraban y no les correspondía
«En un cuarto nivel se encuentran aquellos imputados que cobraban cheques que no les correspondían cobrar y aquellas que extraían dinero en efectivo de los cajeros automáticos con la utilización de tarjetas de débito ajenas y que respondían a las directivas que les daban Sanz y Osuna», señala el requerimiento fiscal.
En este segmento irán a juicio Aaron Escobar, Valeria Honorio, Ariel Krom, Rodolfo Andrés López; Omar Ariel Rodríguez Quezada; Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras.
Por último, en el nivel 5 están «aquellos imputados que, sabiendo que no cumplían con los requisitos para recibir el subsidio de desocupación laboral, aún así aceptaron y se vieron beneficiados en su patrimonio»: Alfredo Andrés Cury; Adrián Alfredo Meza Lizama y Fernando Cardozo Regidor.
Una estructura piramidal
La acusación señala que «para cumplir el objetivo de defraudar el patrimonio del Estado neuquino, todos ellos se comunicaban mes a mes para fijar un monto global determinado y luego, gestionar la logística de consignar supuestos beneficiarios, para hacerse del dinero que le debía corresponder a esas personas».
«Además, tejieron una estructura piramidal en donde los jefes impartían órdenes hacia los colaboradores, los reclutadores y finalmente, a quienes retiraban dinero mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero, utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios».
A raíz de esta estructura piramidal, «cada persona cumplía un rol determinado y, si bien algunas de ellas no se conocían con las otras, sí tenían el conocimiento de las conductas que estaban llevando a cabo y finalmente, la realizaban para cumplir con su rol. Todos actuaron de manera coordinada y sabiendo el rol que cumplían dentro de la organización».
Más de 9.000 estafas
Según los fiscales, «la organización criminal realizó un total de 9.303 operaciones estafatorias, discriminadas en cobro indebido de cheques como así también, extracción de dinero en efectivo por ante cajeros automáticos con la utilización de tarjetas de débitos sin la autorización de su titular».
La calificación legal es, para el caso de los cinco líderes, «asociación ilícita en calidad de jefes en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, todos ellos en calidad de coautores». Para el resto lo mismo sin la calidad de jefes.
Para algunos de los líderes, en caso de ser encontrados culpables, la fiscalía solicitará hasta 8 años de prisión de cumplimiento efectivo. El mínimo será de 4 años.
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