El dilema de la internación de pacientes de Salud Mental, acusados de delitos, en el hospital de Bariloche
Un hombre, condenado por el homicidio de una mujer y declarado inimputable, se escapó durante varias horas del hospital aunque tenía custodia policial. La institución recibe oficios judiciales constantemente para alojar a personas con padecimientos mentales, acusadas de delitos.
El hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Foto: archivo Marcelo Martínez
La distracción de un efectivo policial bastó para que un hombre internado en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche aprovechara para escapar y estuviera prófugo durante cinco horas hasta que finalmente fue capturado en el barrio 2 de Abril. Ocurrió a fines de septiembre.
Este hombre fue acusado de haber asesinado a una mujer de 67 años en la calle Vicealmirante O´Connor, a pocos metros de la costanera, en diciembre del 2023. Pero fue declarado inimputable para recibir pena. “Es psicótico”, diagnosticó la psiquiatra forense del Poder Judicial Verónica Martínez. Se ordenó su internación en el hospital de Bariloche y se dispuso una custodia permanente por parte de la Policía de Río Negro.
Soto no es el único en esa condición. Hay unas cinco personas que atraviesan procesos judiciales o ya fueron condenados pero que por su condición de inimputabilidad, no pueden ser derivados al Penal 3 de Bariloche.
La psicóloga Mariela Rodríguez, a cargo del área de Salud Mental del Hospital Ramón Carrillo, aseguró que constantemente reciben oficios penales que ordenan la internación de «usuarios que han tenido algún problema con la ley» y por parte de los Juzgados de Familia que disponen una evaluación o internación de pacientes descompensados. La derivación se hace a la sala general de hombres, con una custodia policial.
«La orden es irrevocable y tenemos que obedecerla. Entonces, estos pacientes conviven con los que salen de una operación o con el que se accidentó en el cerro Catedral. Si alguien tiene un hijo de 18 años que necesita estar un día internado porque está en crisis, tenemos que internarlo en una sala pegada a otra donde están los muchachos con condenas y policías como medida de seguridad», especificó la profesional.
La persona responsable de la seguridad es el policía. Se complica la convivencia, pero no hay otra opción que obedecer la orden»,
Mariela Rodríguez, psicóloga a cargo del área de Salud Mental del hospital Ramón Carrillo de Bariloche.
La ley de Salud Mental que promueve la desmanicomialización en Argentina fue pionera en la región y de hecho, varios países la tomaron como modelo. La norma prohíbe «la habilitación y funcionamiento de manicomios, neuropsiquiátricos o cualquier otro equivalente, público o privado». Además, establece que, al tercer año de su sanción (en 2013), se debía destinar el 10% del total de presupuesto de salud a salud mental. Para el 2024, el presupuesto no superaba el 2,5%.
Rodríguez aseveró que la situación que hoy atraviesa el hospital «se interpone con la Ley de Salud Mental» y que representa «un gris en lo legal» porque «no están en condiciones de ir a la cárcel». Puso como ejemplo el caso de un hombre oriundo de Mar del Plata que permanece internado en terapia intensiva. «Tiene un cuadro psicótico y consumió desde siempre. Producto del consumo, se descompensa mucho más. Tiempo atrás, entró en una propiedad con un arma e intentó gatillar. El juez ordenó su internación en tratamiento de salud mental, durante 3 meses con custodia policial«, dijo.
Mencionó que la Ley de Salud Mental establece que «toda persona que curse un padecimiento mental y necesite protección, tratamiento o cuidado debe tener la posibilidad de estar internado el menor tiempo posible».
Darío Cabrera, coordinador provincial de Salud Mental y Consumo Problemático, señaló que «los pacientes o las personas alojadas en hospitales por algún tipo de delito están en el marco de la ley penal. Son declarados inimputables y el juez penal determina una medida de seguridad que tiene un principio y un fin. El problema es que, muchas veces, se prorroga ese fin. En teoría, cada vez que un juez penal establece una medida de seguridad debe darle un fin a esa medida».
Dijo que «una persona en situación de descompensación o consumo problemático que haya cometido un delito y haya sido declarado inimputable debería pasar a la ley civil y declararse la internación involuntaria o voluntaria, según el proceso de la enfermedad que atraviese para, a partir de ahí, trabajar en el marco de la Salud Mental». Cabrera consideró que, por lo general, «se le echa la culpa a la ley de Salud Mental de que las personas estén libres o no. Pero tienen derecho a tener un tratamiento. Además, ser un paciente de salud mental no representa ser inimputable para toda la vida».
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Salud Mental: «No tienen dónde ir»
Por otro lado, hay 5 mujeres y 8 hombres, también pacientes de Salud Mental, internados en las salas del hospital público de Bariloche por descompensaciones psicóticas o ideas suicidas. Según explicó la especialista, las internaciones no suelen superar los 30 días.
«Sucede que muchos quedan sin red familiar. Los pacientes no tienen dónde ir, ni con quiénes ir», dijo.
Rodríguez destacó la figura del operador que estipula la Ley de Salud Mental. En el momento de internar a una persona con una crisis psicótica o una descompensación, un operador de salud mental debe acompañar al paciente durante las 24 horas, asegurándose de asearlo y que tome la medicación.
¿Qué medidas se podrían adoptar para mejorar la situación?, consultó este diario. Rodríguez recalcó que se requieren más psicólogos, psiquiatras y operadores de Salud Mental. «El tema es el gran déficit de personal. Muchas personas se han pasado a un régimen part time y otras ha pedido los retiros voluntarios. A eso se suma que la demanda se incrementa», opinó.
Reconoció la dificultad de muchas familias para sostener un usuario de Salud Mental porque cuando entran en crisis se rompen los vínculos porque, muchas veces, pierden el control. «Muchos hacen los tratamientos, son prolijos, reciben la medicación, pero por ejemplo, han perdido sus viviendas. En este contexto social en que los alquileres están por las nubes, eso complica. En Italia, el Estado construye casas para que los usuarios vivan juntos», concluyó.
«Conviene que los locos se mueran, se droguen, se suiciden«
Norma Tamashiro, integrante del Grupo de Allegados de Personas con Enfermedades Mentales (Gapem), fue contundente: «Sin presupuesto, sin personal, sin espacio, con medicación salteada, todo se transforma en un caos«.
Cuestionó el desmantelamiento del dispositivo «Girasoles» que se puso en marcha durante la pandemia, para atender a los usuarios del servicio con trastornos psiquiátricos graves -que no pueden ser tratados de manera ambulatoria-. «Ya se venció el contrato de alquiler. Estuvieron varios meses buscando. Cuando comenzó Girasoles había 17 pacientes; ahora hay 3», dijo Tamashiro.
La mujer también objetó la situación que genera la internación de pacientes de Salud Mental en el hospital público. «Cuando un paciente tiene un brote pierde el juicio. Ahí viene la policía que no hizo ningún curso para tratar enfermos mentales. ¿Cómo vas a poner una persona que ha perdido el juicio en la sala general?, ¿es un tratamiento viable para un enfermo mental?«, expresó.
La mujer insistió en el sufrimiento de la familia de los pacientes. «Muchas veces, no pueden tratarlos. El individuo no acepta firmar su internación y queda en situación de calle. Los padres tratan de lograr algo, pero terminan enemistados. Los hijos no vuelven», señaló.
Resaltó que Gapem, la organización que ya lleva 10 años de trabajo, presentó un proyecto llamado «Diez errores, diez cambios» basado en los «errores de la Ley de Desmanicomialización que habría que cambiar». «Presentamos la propuesta a los políticos que llegue al Congreso. Hoy no hay un presupuesto mínimo: conviene que los locos se mueran, se droguen, se suiciden«, sentenció Tamashiro.
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