A 40 años de la Conadep: La deuda, el eslabón perdido de la democracia

Aún cuando el informe de la Conadep refirió a la racionalidad económica de la dictadura-cívico militar, esto es, la política del régimen de facto que explica la violenta redistribución de la riqueza en favor de sector concentrados mientras la mayoría se empobrecía, dicho informe siquiera mencionó al aumento sideral de la deuda registrada durante la dictadura.

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Esta omisión es notable, puesto que el circuito de fuga de capitales que alimentó ese colosal endeudamiento, así como la nacionalización de las deudas tomadas por las grandes empresas del país, explican en gran medida las fuertes restricciones fiscales con las que el nuevo gobierno democrático asumió el poder en 1983. Que luego arrastraron y agravaron los gobiernos en las siguientes dos décadas. Este estrecho margen de acción socio-económica del nuevo gobierno, y otros que lo sucedieron, explica a su vez su debilidad política.

Alfonsín sostenía que “con la democracia se come, se cura y se educa”. Y la verdad es que la/os argentina/os aprendimos, por la fuerza de los hechos, que eso no es así.

Que votando periódicamente no alcanza para que las políticas económicas aseguren condiciones materiales para una vida decente para toda la población. A lo largo de cuatro décadas, la parte del león se la han llevado los acreedores, casi invariablemente. A los acreedores rara vez se los ajusta. Las obligaciones financieras frente a los acreedores son consideradas “súper obligaciones” (nunca dejan de pagarse), mientras que aquellas que implican asegurar los derechos a la educación, vivienda, salud, alimento, trabajo y protección social, son consideradas obligaciones discrecionales, es decir, no son obligaciones.

Considerar a la deuda como un tema estrictamente técnico y además neutro en términos políticos y de derechos humanos, es un grave error.

Deuda externa y derechos humanos

Se trata, ante todo, de un mecanismo de transferencia monumental de recursos fiscales en un contexto de fuertes restricciones materiales. La toma de deuda por parte de los ministros de economía, de noche y entre cuatro paredes, el Congreso meramente ratificando ex post o delegando totalmente en el Poder Ejecutivo las facultades para tomar deuda o cambiar sus condiciones, y los jueces absteniéndose de opinar sobre la legalidad de los contratos de deuda, han sido las prácticas constitucionales continuas en este campo.

La participación ciudadana y la división de poderes en materia de deuda han sido sacrificadas en el altar del respeto absoluto de los derechos de los acreedores. Esto ha sido así, con mayor o menor intensidad, desde el retorno de la democracia hasta hoy.

Cuando el año pasado actualizamos el libro “Noemí Labrune y la lucha por los derechos humanos. De lo individual a lo colectivo” (Educo, disponible en http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/16510). Noe, que la veía lunga, preguntó/sugirió “¿cómo es posible que no digamos nada sobre la deuda?. En la versión 2023 hay entonces un capítulo que se titula “La deuda es con los derechos humanos”.

La deuda, a pesar de haber sido una máquina trituradora de vidas, es un eslabón perdido en la democracia argentina. Hasta que la política de deuda no sea sometida a procesos democráticos y constitucionales, y respete los límites que imponen los derechos humanos (no sólo la deuda debe ser sustentable, la vida también), la democracia argentina no podrá soltar el ancla para un desarrollo inclusivo y respetuoso del medioambiente.

* Historiador. Investigador del Conicet, Universidad Nacional de Río Negro.