Causa contra organizaciones sociales de Neuquén: cómo avanza la investigación
Hubo una audiencia con cruces entre el fiscal jefe Vignaroli y el defensor Egea. Se conocieron cuáles son las medidas de investigación pendientes.
La manifestación fuera de la comisaría, el 12 de julio, para reclamar la libertad de las personas detenidas en los allanamientos. (Archivo/Matías Subat)
El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, y uno de los abogados de las organizaciones sociales de Neuquén, Federico Egea, tuvieron cruces picantes en una audiencia en la que se discutió el estado de la investigación que encaró la fiscalía para determinar el destino de más de mil millones de pesos que el gobierno de Omar Gutiérrez entregó para capacitaciones laborales.
Después de los vertiginosos allanamientos del 12 de julio pasado la causa ingresó en una meseta que la fiscalía atribuye a los tiempos que demanda el análisis de la documentación secuestrada, y ayer sembró incertidumbre respecto de cuándo dará el próximo paso que es la formulación de cargos contra los que considere involucrados en alguna maniobra.
Egea y su colega Mariano Pedrero representan a dirigentes del FOL, Viento Sur y Manos Solidarias, cuyas sedes y viviendas particulares fueron allanadas en un violento y mediático operativo policial. Los más conocidos, como Gladys Aballay, fueron esposados y conducidos a una comisaría, mientras que de Diego Mauro se dijo que estaba con paradero desconocido aunque en ese momento se hallaba en la puerta de la comisaría reclamando la libertad de los detenidos. Ninguno de los imputados se presentó a la audiencia de este jueves «para evitar mayor estigmatización», argumentaron los abogados.
El pedido de los defensores
Ante el juez de Garantías Cristian Piana, los defensores reclamaron la devolución de los bienes secuestrados con el argumento de que «son esenciales para el funcionamiento de las cooperativas que tienen fines asistenciales».
Mencionaron libros de actas, recibos y balances contables. También un camión que utilizan para distribuir alimentos en comedores y merenderos. Solicitaron además que levanten el embargo de las cuentas bancarias porque allí depositan fondos de programas nacionales y municipales, además de los provinciales que están bajo investigación.
En representación de la fiscalía estuvieron Vignaroli, Juan Narváez y Agustina Jara, además Gustavo Kohon por la fiscalía de Estado. Los acompañaron las contadoras que suelen asistirlos cuando se trata de legajos complejos, pese a que en este caso se se encuentra en una etapa embrionaria.
Los cruces picantes
Los cruces comenzaron cuando Vignaroli pidió a la defensa que le brinde más precisiones sobre la documentación que estaba reclamando. «Quien conoce adecuadamente qué secuestró fue usted doctor», le replicó Egea.
En todo momento, los abogados remarcaron que los allanamientos fueron «inconstitucionales», «estigmatizantes», y que los policías que intervinieron se llevaron algunos efectos sin reflejarlo en las actas.
Vignaroli respondió a su vez que toda la documentación está a disposición de los defensores en la fiscalía.
Minutos después se produjo un nuevo cruce a partir de otro pedido de aclaración del fiscal jefe a los defensores.
«Acá se está investigando básicamente a la cooperativa Viento Sur, a una organización que se llama FOL, y otra que es Libres del Sur. Le pregunto a la defensa si cuando habla de organizaciones sociales se refiere a estas o alguna otra», dijo Vignaroli.
Egea respondió con una media sonrisa: «esto es un galimatías. ¿La investigación la hace la fiscalía y nos pregunta a nosotros?. Ustedes saben a quiénes están investigando. Los allanamientos fueron en el FOL; en Manos Solidarias, no Libres del Sur, y en Viento Sur, más allá de domicilios de personas. No veo por qué hay que formular precisiones sobre eso».
Lo que investiga la fiscalía
Fue entonces cuando el fiscal jefe dio un cuadro de la situación para que el juez Piana lo conociera. Dijo que «integrantes de estas organizaciones» denunciaron que eran «obligadas a aportar, contra su voluntad, parte del dinero que percibían de subsidios».
«También se investiga un convenio que firmó Viento Sur con el anterior ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, en el cual se comprometen a utilizar fondos públicos para capacitar a personas necesitadas de trabajo. En el período denunciado, enero a diciembre del 2023, el Estado provincial entregó a la cooperativa más de mil millones de pesos».
Las medidas de investigación y los plazos
Sobre los plazos de la investigación, Vignaroli no dio precisiones pero la lista de medidas pendientes es muy larga.
En ese momento están en la etapa de extracción de la información de los 30 dispositivos electrónicos (celulares y computadoras) secuestrados; luego vendrá el análisis de esa información; en paralelo se avanzará con análisis de información bancaria; habrá que elaborar informes contables; también examinar la documentación secuestrada; eventualmente realizar pericias caligráficas sobre esa documentación, y programar entrevistas con testigos.
Fiscalía y defensa acordaron que en la medida de lo posible, irán devolviendo la documentación original o certificada. Lo que no se pongan de acuerdo volverán a discutirlo delante de un juez.
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