Estafa con planes sociales en Neuquén: uno por uno, dónde están los cabecillas y por qué

Los cinco presuntos cabecillas de la asociación ilícita que cometió la estafa con planes sociales en Neuquén están en diferente situación respecto de su libertad: algunos sin restricciones, otros con prisión preventiva y otros con domiciliaria. Las razones para el trato que reciben son complejas.

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El exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, recibió este lunes la prisión domiciliaria por motivos de salud después de cumplir 14 meses de prisión preventiva en una celda de la comisaría 49 de Vista Alegre.

A Soiza lo detuvieron el 10 de julio del 2023 con el argumento de que en libertad podía entorpecer la investigación. Fueron decisivas la declaraciones de cuatro empleadas del ministerio de Desarrollo Social que comprometieron al exfuncionario en la maniobra y dijeron que le tenían miedo.

Las cuatro estaban imputadas, pero la fiscalía retiró la acusación y el lunes quedaron sobreseídas. Un día después se produjo el cambio en la situación de Soiza.

Razones de salud

Lo que sucedió formalmente fue que la jueza Carina Álvarez hizo lugar al pedido del nuevo/viejo defensor de Soiza, Alfredo Cury, y le concedió la domiciliaria por razones de salud. La magistrada prohibió que se difundan los detalles del cuadro que atraviesa el imputado.

Desde su vivienda particular el exdirector de Planes no podrá tener contacto por ninguna vía con los demás imputados ni con los testigos de la causa. Cuatro veces por día recibirá visitas sorpresivas de la policía, y no podrá salir ni siquiera a la vereda sin autorización judicial.

La fiscalía de Delitos Complejos que conducen Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez no objetó la decisión.

La negociación de Sánz

Otro que cumplió prisión preventiva desde el 10 de julio del 2023 y en noviembre se fue detenido a su domicilio es Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización y mano derecha de Soiza. En su caso negoció con la fiscalía una declaración en la que mencionó a varias personas.

Pero según la fiscalía, Sánz distó de aportar datos nuevos o pruebas y el acuerdo se canceló. Después de una áspera audiencia, el imputado logró la detención domiciliaria.

Sigue sin poder salir de la vivienda y con prohibición de contacto con cualquiera vinculado a la causa, porque se considera que podría entorpecer la investigación.

La actual pareja de Sánz, Isabel Montoya, está imputada e irá a juicio. La anterior, Valeria Honorio, se declaró culpable y este miércoles la condenarán a 3 años de prisión en suspenso.

Osuna, en la comisaría

También es una pieza importante en el esquema de la banda, según la acusación, el exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna. Es el único que sigue con prisión preventiva, en la celda de una comisaría a la que ingresó el 10 de julio del año pasado.

Osuna también era temido por los empleados que ahora serán testigos en su contra, según declararon. Continuará tras las rejas como máximo hasta el 10 de enero del 2025, cuando cumpla 18 meses de encierro: es el plazo que autoriza el Código Procesal Penal, a menos que encuentren algún subterfugio para prolongar su detención.

Nunca presos

El exministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca, es el funcionario de más alto rango imputado en la maniobra. Sin embargo nunca estuvo detenido y a esta altura hay razones para pensar que llegará al juicio en libertad.

Lo mismo puede decirse del quinto acusado de liderar la asociación ilícita, el coordinador Provincial Tomás Siegenthaler.

La fiscalía no pidió la detención de ellos dos porque considera que no existen ninguno de los riesgos procesales contemplados por el Código: peligro de fuga, de entorpecimiento de la investigación o de intimidación de la víctima.

Sin embargo anticipó que en caso de que los encuentren culpables en el futuro juicio oral, solicitará para ellos penas de cumplimiento efectivo.