Un juez de Cipolletti repartió críticas al sistema penitenciario de Río Negro
Lucas Lizzi denegó el acceso a la libertad asistida de un interno que cumplirá condena el mes que viene. Cuestionó la falta de un tratamiento para su reinserción social.
Penal 5 de Cipolletti
Un fallo de Ejecución de Cipolletti resignificó los dichos del gobernador Alberto Weretilneck sobre los presos en Río Negro: los prefiere hacinados en los penales antes que en la calle con tobilleras electrónicas. La discusión sobre las condiciones de los internos en comisarías y penales de la provincia es de larga data, pero lo que se puso en foco recientemente es el rol del servicio penitenciario. ¿Sirve como institución para «devolver» ciudadanos mejores? ¿funciona el sistema de progresividad en Río Negro? ¿para qué sirve la cárcel?
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El juez de Cipolletti Lucas Lizzi repartió críticas para todos en un fallo reciente que expuso la falta de coordinación y trabajo de las áreas del servicio para reinsertar a un interno. El preso cumple su condena a mediados de octubre, pero el magistrado denegó la libertad asistida porque podría ser un riesgo para la sociedad en el mediano plazo.
En el debate se constató que el hombre de Catriel mostró buenas aptitudes dentro del establecimiento penal, pero no hay garantías que suceda lo mismo en libertad y sin un entorno que lo contenga.
Lizzi cuestionó los programas de pre libertad y la articulación con redes de apoyo externas. La falta de coordinación con organismos clave como el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) y la escasez de proyectos laborales concretos para los internos fueron otros de los ejes que abordó el juez cipoleño.
El condenado, P.D.G., había cumplido con el régimen de salidas transitorias desde 2023 y presentó una conducta favorable, según informes psicológicos y sociales. Sin embargo, el Juzgado de Ejecución Penal Nº 8 destacó graves inconsistencias en la preparación para su egreso al medio libre.
La ausencia de un seguimiento adecuado por parte del IAPL y la falta de un programa de reinserción efectivo hicieron que el juez considerara que su salida representaba un riesgo tanto para el condenado como para la sociedad.
Este caso subraya problemas que atraviesan varios internos en su transición hacia la libertad. El programa de pre libertad, pieza fundamental para la reinserción social, no se ejecuta de manera efectiva.
El informe social del caso de P.D.G. se realizó de manera telefónica, sin una visita domiciliaria que constatara las condiciones reales de su entorno familiar, compuesto por su madre y su padrastro, ambos de avanzada edad y con problemas de salud.
El área psicológica también advirtió sobre la falta de contención externa sólida, y señaló que el condenado necesitaba apoyo institucional para evitar recaídas en conductas impulsivas. Sin embargo, no hubo coordinación efectiva con el IAPL ni con otras instituciones que pudieran suplir esta carencia.
Otro de los puntos que reflejan el déficit del sistema penitenciario es la falta de oportunidades laborales concretas para los internos en proceso de reintegración. En este caso, se mencionaron ideas como un lavadero de autos en el domicilio del condenado, pero no existió una verificación o apoyo estatal para convertir estas propuestas en proyectos viables.
Semanas atrás Río Negro publicó un caso similar, también de la Circunscripción judicial del Alto Valle Oeste, en el cual un hombre no logró acceder a los beneficios progresivos que contempla la ley de Ejecución, porque era un peligro para la sociedad. En ese caso el condenado también quedará libre a mediados de octubre.
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