Guía para seguir la estafa con planes sociales en Neuquén: por qué hay sobreseídos, condenados y otros que irán a juicio
En una extensa audiencia que comenzó el viernes, siguió este lunes, continuará el martes y terminará el miércoles, se está debatiendo la situación de 15 de los 27 imputados en uno de los mayores casos de corrupción detectados en Neuquén.
La jueza Carina Álvarez resuelve los planteos que le proponen desde la fiscalía Pablo Vignaroli y Juan Narváez. (Matías Subat)
Entre el viernes y el lunes pasaron cosas inesperadas en la causa abierta por la estafa con planes sociales cometida en Neuquén. Las sorpresas ocurrieron dentro y fuera de una investigación que entrega episodios nuevos cada día; ya están programados capítulos para este martes a la 11 y el miércoles a las 12 que podrían reservar más novedades.
Lo que sucedió y sucederá, resumido en pocas líneas, es lo siguiente (más abajo, el desarrollo):
• La fiscalía de Delitos Económicos anunció que retira la acusación contra seis imputados ya que quiere citarlos como testigos en el futuro juicio. ¿Por qué? La jueza Carina Álvarez le hizo lugar este lunes. Tema por ahora cerrado.
• Ocho imputados acordaron con la fiscalía declararse culpables de haber formado parte de una asociación ilícita que perjudicó al Estado y a los más vulnerables. No irán a juicio a cambio de cumplir 3 años de prisión en suspenso y diez horas mensuales de trabajos comunitarios. ¿Por qué? La jueza informará el miércoles a las 12 si homologa el acuerdo.
• Uno de los que había aceptado el trato, el contador auditor Julio Arteaga, cambió sorpresivamente de defensor el viernes, y este lunes se bajó del acuerdo. Era el único que iba a cumplir prisión efectiva: 3 años y 6 meses. ¿Qué pasó?
• El nuevo/viejo defensor de Ricardo Soiza, señalado como uno de los cabecillas de la organización, pidió que le otorguen prisión domiciliaria por razones de salud (ahora cumple prisión preventiva en una comisaría de Vista Alegre). La fiscalía se opuso. La jueza le responderá este martes a las 11. El defensor es Alfredo Cury, un abogado que también está imputado como integrante de la banda.
• Otro abogado defensor (que no está imputado) Pablo Gutiérrez, pidió el sobreseimiento de uno de sus defendidos, Ariel Krom, por razones de salud. La fiscalía se opuso. La jueza Álvarez resolverá el miércoles a las 12:30.
Un guión escrito por la fiscalía
Para poder seguir la trama de este intrincado caso hay que tener en cuenta que el guión lo escribe la fiscalía de acuerdo con su criterio de persecución penal.
En la audiencia de este lunes lo dejó muy claro el fiscal jefe Pablo Vignaroli: dijo que para decidir sobreseimientos y ofrecer acuerdos consideraron el rol de cada imputado dentro de la organización y la colaboración que prestaron con la investigación.
Los niveles 1 y 2
La banda, según la fiscalía, está dividida en cinco nivales. El 1 lo ocupan los jefes: el exministro Abel Di Luca; el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el excoordinador Provincial, Tomás Siegenthaler; el exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna y el exdirector de Fiscalización Pablo Sánz. El 2 los colaboradores, contador José María Gallo, Carolina Reznik (exdirectora general de Finanzas), y Julieta Oviedo (exdirectora de Tesorería). Todos ellos y ellas irán a juicio oral, porque no aceptaron acuerdos (la fiscalía les ofreció, sin excepción, penas de prisión efectiva).
Un párrafo para Julio Arteaga. Ocupa el nivel 2 y el viernes apareció sorpresivamente con nuevo abogado, Santiago Perramón. Se informó que había aceptado un acuerdo por 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Pero este lunes pareció arrepentirse, pidió más tiempo para pensarlo, y ahora no es seguro que vaya a firmar por una pena que su anterior defensora le desaconsejaba.
Reclutadores y extractores
En los niveles 3 y 4 están los reclutadores (buscaban personas vulnerables que calificaran para recibir un subsidio) y los extractores (con la tarjeta de débito de los beneficiarios retiraban dinero del cajero y se quedaban con el grueso del dinero, unos 39.500 pesos por mes, y le daban 10.000 o menos al titular del plástico que nunca se enteraba de cuánto le depositaban en la cuenta).
Algunos de esos niveles 3 y 4 fueron sobreseídos este lunes por la jueza Álvarez a pedido de la fiscalía (Lucía Soto, Analía Schrer, Javier Vergara, Paola Zeballos, Marinés Huaiquipán y Marcela Albornoz).
¿No cometieron delitos?
¿No reclutaron personas vulnerables, no fueron al cajero a retirar dinero? En definitiva, ¿no cometieron delitos? Claro que lo hicieron. Pero a criterio de la fiscalía, su participación en la banda fue de menor relevancia.
Y además, dijo el fiscal del caso Juan Narváez, «colaboraron, aportaron información para llegar a los niveles más altos, que son los que se pretende llevar a juicio».
Eso es lo que el Código Procesal Penal le permite hacer a la fiscalía: aplicar criterios de oportunidad. Estas seis personas serán convocadas como testigos al juicio, y declararán bajo juramento de decir verdad contra sus antiguos jefes.
Los que sí se declararon culpables
Hay sorpresas en el lote de los que hicieron acuerdos con la fiscalía: una condena en suspenso (no irán presos) y horas de trabajo comunitario en la parroquia de la Santísima Trinidad (entre 12 y 8 por mes, según el caso). La jueza Álvarez informará el miércoles a las 12 si los homologa.
Un caso llamativo es el de Valeria Honorio. Esta expareja del imputado Néstor Pablo Sánz se declaró culpable de haber cobrado 43 cheques de subsidios por desempleo por 2.043.900 pesos (a valores históricos) a nombre de otras personas, y haber utilizado tarjetas de débito ajenas para extracciones ráfaga.
El lote en el barrio privado
Además contrató a otro imputado, Adrián Meza Lizama, entre mayo y julio del 2022, para que le llevara materiales de construcción a un lote que había comprado a través de terceras personas en un barrio cerrado de Plottier donde instaló una casa prefabricada.
En ese lapso realizó pagos por 1,7 millones de pesos en efectivo, y sus ingresos brutos eran de 1,8 millones anuales, informó este lunes la fiscalía de Delitos Económicos.
Hay otros casos. Por ejemplo el de Rodolfo López, quien se declaró culpable de haber cobrado 264 cheques de subsidios por 12 millones de pesos en el 2020. Los depositó en su cuenta particular en un banco privado, extrajo el efectivo por ventanilla y se lo entregó a los jefes de la banda.
El grupo de los 8
Valeria Honorio, Rodolfo López, Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño, Pamela Alejandra Cea, y Adrián Alfredo Meza Lizama (alquilaba camionetas y vehículos sin licitación, y cobró 103 cheques a nombre de terceros endosados por casi 5 millones de pesos) aceptaron declararse culpables de integrar la asociación ilícita y ser condenados a 3 años de prisión en suspenso, y cumplir 10 horas mensuales de trabajos comunitarios en la parroquia (salvo Meza, que lo hará en Maronese).
A criterio de la fiscalía, cumplían un rol menor en la banda y aceptaron ser parte de una asociación ilícita, figura penal que al tándem Vignaroli-Narváez le interesa consolidar.
Estas condenas, si se materializan, harán que el juicio se concentre en los niveles 1 y 2 de la organización.
La agenda de la semana
Este martes a las 11 la jueza decidirá si otorga la prisión domiciliaria a Ricardo Soiza, y el miércoles a las 12 definirá si homologa los acuerdos y condena a 3 años de prisión en suspenso al grupo de los 8. Luego se dedicará a resolver la situación de Krom. Sin fecha quedó el caso Arteaga.
El domingo 29 es la fecha límite para que la fiscalía entregue por escrito su requerimiento de apertura a juicio. Contendrá la descripción de la maniobra y las pruebas de la acusación, con el monto actualizado.
Según ha trascendido, la pericia contable la ubica en unos mil millones de pesos.
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