Errores en una ejecución fiscal le costarán millones al municipio de Fernández Oro
El Ejecutivo inició una demanda por supuestas faltas al código urbano. Sin embargo la base probatoria "no fue clara" y ahora deberán pagar las costas del juicio.
Municipalidad de Fernández Oro . Foto: Archivo.
Un reclamo por supuestas infracciones al código urbano de Fernández Oro tendrá un costo millonario para el municipio. El Ejecutivo inició en 2022 una demanda contra un grupo de ciudadanos por una suma que rondaba los 7 millones de pesos. La acumulación del capital y los intereses llevaron esa cifra a rozar los 200 millones de pesos.
El juzgado Civil de Cipolletti que inició el proceso hizo lugar a la ejecución. Sin embargo, la defensa de los demandantes presentó un recurso de inhabilitación de título y se comenzó un extenso debate jurídico que se dirimió en el fuero Contencioso Administrativo.
Con toda la información del proceso, la jueza María Adela Fernández rechazó la demanda porque convalidó los argumentos de la defensa: el municipio no fue claro en la documentación y dejó en evidencia una serie de errores que desencadenó en un dolor de cabeza para el Ejecutivo.
Es que la magistrada, por la cuantiosa cifra de la demanda, fijó los honorarios para la defensa en algo más de 20 millones de pesos. Ese dinero deberá pagarlo el municipio. La sentencia, que aun no está firme, se dictó a mediados de junio. El Ejecutivo insistió con una apelación sobre los honorarios que decretó la Fernández, pero también fue rechazada.
Uno de los principales errores fue la falta de claridad en el certificado de deuda, que no discriminaba entre los montos reclamados por tasas, gastos administrativos y multas progresivas. Esta imprecisión, según el fallo, vulneró el derecho de defensa de los demandados, ya que no permitía entender de manera precisa los conceptos y valores adeudados.
Otro aspecto que pesó en la decisión judicial fue la ausencia de resoluciones firmes del Juzgado de Faltas, las cuales son indispensables para que un título tenga fuerza ejecutiva. La falta de esta documentación clave resultó en el rechazo de la demanda y el levantamiento del embargo sobre los bienes de los demandados.
El error de la municipalidad no solo afecta la posibilidad de cobrar la deuda, sino que ahora el municipio deberá afrontar el pago de los honorarios legales, regulados en más de 21 millones de pesos, y hacerse cargo de las costas del juicio.
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