La CEB perdió un juicio laboral que la obligará a pagar más de 1.000 millones de pesos
Un sindicato que agrupa a los profesionales de agua y energía presentó una demanda por aportes retenidos y una década después ganó el juicio.
La prestadora eléctrica barilochense tendrá que pagar una cuantiosa suma por desconocer la vigencia de un convenio colectivo (archivo)
Una demanda planteada hace más de diez años por el sindicato que agrupa a los trabajadores universitarios de agua y energía terminó con un fallo desfavorable para la CEB, que ya está firme, y que la obligará a desembolsar más de 1.000 millones de pesos.
La novedad causó fuerte preocupación en el órgano directivo de la Cooperativa, que en su última reunión evaluó los pasos a seguir, entre los cuales barajaron un posible planteo contra la conducción encabezada por el expresidente Rodolfo Rodrigo, por su responsabilidad en las decisiones “erróneas” tomadas entre los años 2012 y 2014, que derivaron en el revés judicial.
La Asociación de Personal Universitario de Agua y Energía Eléctrica (Apuaye) se presentó en su momento como un gremio menor dentro de la CEB, donde la mayor representatividad es ejercida por Luz y Fuerza. Su reclamo original fue para que se reconozca el convenio colectivo que firmó en septiembre de 2012 con la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, de la cual la CEB es parte.
La cooperativa barilochense se negó a aplicar ese convenio y el conflicto se judicializó. La demanda inicial del gremio por 600 mil pesos, se tradujo con los años en un monto de 520 millones de pesos (según lo evaluado hace unos días por el Consejo de Administración con los informes de su asesoría letrada), que podrían duplicarse con las costas y honorarios. Aunque todavía falta la liquidación final que debe determinar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El secretario de la CEB, José Luis Poggi, admitió a Diario RÍO NEGRO que la deuda con Apuaye es un tema que “preocupa mucho”, que el monto que determine la Justicia “indefectiblemente hay que pagarlo” y que los recursos deberán sacarlos “de donde no hay”. En el último balance cerrado el año pasado, la CEB tuvo pérdidas contables por 600 millones de pesos y este año registro un ligero superávit.
Poggi dijo que el dinero a abonar “no será para los trabajadores” en concepto de remuneraciones mal liquidadas, sino que son “aportes al sindicato”.
El presidente de la CEB, Carlos Aristegui, dijo que ante la obligación que les impone el juicio perdido “es la cooperativa la que está en riesgo”. El pago de la cuantiosa suma, probablemente en el próximo ejercicio, le demandará una “previsión” presupuestaria y relegar otras inversiones y el presidente no se privó de los vaticinios más sombríos. “Si se tienen que pagar 1.000 millones de pesos, la verdad que nos lleva puestos”, dijo en la última reunión de consejeros.
El revisor de cuentas suplente por el oficialismo Marcial Torres aseguró que al reconstruir los antecedentes surgen detalles “graves”, como la opinión técnica que dejó por escrito al comienzo del juicio el asesor letrado de la CEB, Alfredo Iwan, según la cual correspondía a la CEB reconocer el convenio colectivo de Apuaye homologado en 2012 porque era de “aplicación obligatoria”.
“Rodrigo, que también es abogado, en ese momento decidió desconocerlo, por improcedente y porque interpretó que la Cooperativa tenía ´razones fundamentales´ para ganar el juicio, según consta en un documento que también firma el actual consejero por la oposición Alejandro Pozas”, dijo Torres.
Señaló que pidieron ahora una nueva opinión jurídica para determinar si corresponde a la CEB impulsar una querella contra Rodrigo y Pozas por el perjuicio causado.
Qué dijeron los jueces de la demanda contra la CEB
El fallo de primera instancia emitido por Juzgado Nacional del Trabajo 65 emplazó a la CEB para que incorpore en el convenio colectivo cuestionado a los demandantes bajo representación de Apuaye y la condenó a pagar el monto reclamado por la asociación sindical.
Al fundar esa decisión desechó los argumentos de la cooperativa barilochense, que se había excusado de admitir la representatividad y el convenio colectivo de la asociación profesional porque Luz y Fuerza “se negaba a resignar el personal” que hasta entonces estaba bajo su tutela y también porque las nuevas escalas salariales le imponían a la CEB un aumento de costos, que no podía asumir sin autorización por tratarse de “un servicio público regulado”.
La CEB apeló la sentencia del juzgado de primera instancia con una “excepción de incompetencia”, en el intento de trasladar la causa a tribunales rionegrinos, pero la Cámara superior se lo rechazó porque la Federación de Cooperativas (en condición de “codemandada”) tiene domicilio en Buenos Aires.
También descartó el pedido de nulidad de la sentencia original porque no encontró “crítica concreta y razonada” en el recurso de la CEB y confirmó el derecho de Apuaye a cobrar los aportes y contribuciones que le habían sido retaceados. Este segundo fallo es del año pasado y ahora sería inminente la intervención final de la Justicia para ajustar el monto del resarcimiento, que superaría los 1.000 millones de pesos y encendió las alarmas en la Cooperativa.
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