Certificados truchos en Río Negro: cuáles son los depósitos recibidos y qué hacen hoy los médicos
La investigación judicial se abrió hace tres meses por denuncias del gobierno provincial.
Aparecen certificados emitidos durante la misma jornada por profesionales en favor de estatales de localidades muy distantes. Foto: Marcelo Ochoa
Las denuncias del gobierno provincial a médicos por supuestos certificados truchos, formalizadas hace tres meses, se mantienen concentradas en dos profesionales.
Por estos días, el departamento técnico judicial evalúa el contenido de los celulares y las computadoras de los tres iniciales imputados, dos médicos -una pediatra de Roca y un psiquiatra de Regina- y un familiar de la roquense que, según pruebas iniciales, participaba de la maniobra.
Las presentaciones acusatorias y los allanamientos se dieron a mediados de junio, previendo el gobierno de Alberto Weretilneck que sumaría otros casos de certificados apócrifos .
Se estimaba una veintena más de denuncias por parte del Ejecutivo. Así, públicamente, lo adelantaron el mandatario y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. Eso no ocurrió y, actualmente, se calcula, en todo caso, que podrían anexarse uno o dos facultativos en las irregularidades.
En el gobierno rionegrino se explicó que el número de acusados se redujo porque no fue posible completar la documentación necesaria .
Las cuentas bancarias de los médicos que se investigan presentan muchas acreditaciones de empleados públicos y se sigue esa línea de investigación.
Simultáneamente, la investigación fiscal por el accionar de los dos profesionales incorporó información bancaria, dispone de testimoniales y espera el resultado de los datos que surjan de los equipos que fueron secuestrados.
Ya con el material disponible no existirían dudas de la venta de documentación médica falsa requerida por los estatales para justificar inasistencias en el Estado provincial.
Las cuentas bancarias de los involucrados indicarían muchas acreditaciones de parte de empleados públicos que revistan en la Policía, Educación y, también, en el municipio de Roca. Esta punta se profundizará con informes solicitados a esas dependencias estatales.
Los investigadores entienden que la presente pesquisa se ampliará y se extenderá a otros profesionales por los registros -entre ellos, los legajos del personal- que aparecen en los expedientes judiciales de los dos casos denunciados.
Según los registros gubernamentales, la pedíatra promediaba 20 certificaciones diarias en favor de estatales provinciales de Roca, Chichinales, Catriel, Los Menucos y otras localidad.
En distintos casos, una particularidad advertida se corresponde con diagnósticos por parte de profesionales que prescriben en un mismo día en favor de empleados radicados en puntos muy distantes de la Provincia.
La existencia de mensajes de whasapp y testimonios aportaron al señalamiento de la irregularidad en la obtención de la documentación.
La revelación inicial se originó en decenas de presentaciones de policías en los días previos de fines de marzo, en Semana Santa, con firmas médicas recurrentes.
Las áreas de Recursos Humanos aceptan que la apertura y la difusión de la investigación derivó en mayor rigurosidad de los médicos en la facilitación de certificados, que habitualmente se cumplían con notable facilidad.
Esta retracción no fue en general, pues los dos facultativos investigados continúan con sus prácticas de firmas de diagnósticos y avales de licencias para los estatales. Obviamente, sin resolución judicial, no presentan obstáculos para ejercer plenamente sus tareas profesionales. Igualmente, en el Ejecutivo existe sorpresa por esa inmutabilidad de los acusados.
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