Proponen cambios para que la selección de jueces en Neuquén sea menos arbitraria y más transparente
Tras casi 20 años de vigencia, la ley del Consejo de la Magistratura nunca tuvo una reforma de fondo. Ahora la propone la Asociación de Magistrados y Funcionarios, luego de una serie de concursos con resultados polémicos.
El pleno del Consejo de la Magistratura de Neuquén. (Archivo/Matías Subat)
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén propuso un cambio profundo en el mecanismo de selección de jueces, fiscales y defensores mediante un proyecto de ley en el cual puso en el debate público lo que se discute puertas adentro: el sistema que utiliza el Consejo de la Magistratura se percibe «arbitrario» o «poco transparente» lo cual puede «generar desconfianza hacia el sistema de selección y erosionar su legitimidad».
«La transparencia y la objetividad en la selección son esenciales para que el público confíe en las instituciones y para que el Poder Judicial esté compuesto por personas que demuestren competencia técnica y compromiso con los valores éticos», dice en sus fundamentos el proyecto de ley que ingresó en la Legislatura.
Se propicia modificar tres artículos de la ley 2533, los que regulan las tres etapas del concurso del Consejo de la Magistratura. En la actualidad, otorga 40 puntos por antecedentes, 40 por la etapa técnica (20 en el escrito, 20 en el oral) y 20 en la entrevista personal.
La Asociación de Magistrados motoriza cambiar el peso de cada etapa: 20 por antecedentes, 70 por los exámenes (35 cada uno) y 10 por la entrevista personal. Con un detalle interesante: las y los consejeros deberán entregar el puntaje y sus fundamentos de manera oral dentro de las 24 horas, no una semana después por escrito como ahora.
La etapa que distorsiona al concurso
Al desmenuzar el sistema actual, el proyecto señala que en la etapa de antecedentes (que otorga 40 puntos) «desde 2020 a la fecha ninguna persona de las 445 evaluadas alcanzó los 18 puntos».
Allí está una de las críticas nodales al sistema actual: «Un puntaje inflado en los antecedentes, combinado con la realidad de que la mayoría de los candidatos obtiene menos de 20 puntos, puede sesgar el proceso hacia las otras etapas de evaluación. Esto puede generar un impacto desproporcionado de las etapas subjetivas, como la entrevista personal».
Más adelante, la Asociación que preside la jueza Patricia Lúpica Cristo advierte: «La entrevista personal, al estar basada en la percepción subjetiva de las y los consejeros, puede ser vista como una etapa propensa a la arbitrariedad cuando tiene un peso considerable. Esto puede generar la impresión de que las decisiones están basadas en favoritismos, simpatías personales u otras consideraciones que no reflejan la competencia técnica».
Resultados sorpresivos
En lo que parece una crítica a lo sucedido en varios concursos que se definieron en la última etapa, el proyecto añade: «Cuando la entrevista tiene un puntaje elevado, su impacto puede llegar a desplazar a postulantes con un alto rendimiento en las etapas técnicas, lo que puede desvirtuar el propósito de seleccionar a las personas más cualificadas. Esto afecta la legitimidad del proceso y puede hacer que se seleccionen candidatos que no reflejen un verdadero orden de mérito».
«Un puntaje elevado puede generar la percepción de que el proceso no es imparcial ni riguroso, erosionando la confianza del público en la transparencia del Consejo. Esto puede conducir a cuestionamientos sobre la integridad del proceso y la independencia del organismo».
Las votaciones en el Consejo
El Consejo de la Magistratura está integrado por Gustavo Mazieres (vocal del TSJ), Encarnación Lozano, Alejandro Vidal (MPN); Conrado Leszczynski (Juntos por el Cambio); Belén de los Santos (Unión por la Patria), Andrea Paz y Eduardo Sepúlveda (Abogados).
En los concursos con resultados más polémicos, Lozano, Vidal, Leszczynski y Paz votaron de manera muy parecida: calificaron con bajo puntaje en la entrevista personal a determinados concursantes y los sacaron de carrera, permitiendo que ganaran otros que estaban más rezagados.
Así sucedió por ejemplo en el concurso para cubrir dos vacantes en el Tribunal de Impugnación y para elegir un defensor de Circunscripción para San Martín de los Andes.
Los fundamentos de las y los consejeros son pobrísimos y no explican por qué premiaron o castigaron con el puntaje a los concursantes.
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