Así estafan al Estado con la obra pública, según el fallo de Aguada San Roque
El veredicto del tribunal analiza la secuencia mediante la cual funcionarios y empresarios de Neuquén actúan de manera coordinada para tornar ilusorios los controles.
Percat, Capdevilla y Córdoba, los funcionarios condenados, durante el juicio oral. (Archivo/Cecilia Maletti)
Dos directores en actividad y uno jubilado del área de Obras Públicas de la provincia de Neuquén y dos empresarios fueron declarados responsables por la falta de controles que derivó en la trágica explosión en la escuela de Aguada San Roque el 29 de junio del 2021. Además los condenaron por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En ese sentido el veredicto del tribunal desbroza cómo fue la maniobra y expone un mecanismo habitual del que muy poco se habla.
Un paso imprescindible para consumar la maniobra, dice el fallo, lo dio el 12 de marzo del 2021 el inspector de Obras Públicas Sergio Percat (condenado). Ese día elaboró y firmó un acta según la cual, luego de relevar personalmente los trabajos realizados por la empresa Arte Construcciones en Aguada San Roque, comprobó que la obra de la escuela estaba terminada al cien por ciento.
Nada es cierto. Ni Percat fue a Aguada San Roque para hacer el relevamiento, ni la obra estaba terminada.
Se comprobó que el 8 y 9 de marzo el arquitecto Diego Bulgheroni (condenado), empleado de Arte Construcciones, le pidió fotos de la obra a Eduardo Afione (subcontratado irregularmente, beneficiado con con suspensión de juicio a prueba) «así hago el certificado».
La importancia del acta falsa
¿Para qué Percat elaboró el acta falsa? El tribunal integrado por Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo lo explica: «con la exclusiva finalidad de habilitar el inicio de las operaciones administrativas que concluirían con el pago de esos trabajos no realizados a Arte Construcciones».
Los jefes de Percat, Raúl Capdevilla (jubilado) y Carlos Córdoba (directores de Obras Contratadas, ambos condenados) «con esa certificación que conocían falsa, comprometieron al Estado en la suma de 820.334,78 pesos» y «finalmente el 23 de julio de 2021 (casi un mes después de la explosión) se abonó a la empresa Arte Construcciones la suma de 523.076,32 pesos por trabajos que en definitiva no se habían concluido».
«Los tres acusados -dice el veredicto- administraron fraudulentamente los bienes públicos cuyos intereses debían defender, produciendo un perjuicio concreto a la administración que pagó por obras no hechas».
Beneficio para las empresas
Los jueces le dedican un párrafo al argumento que esgrimieron sus defensas. «La interpretación que proponen al sostener que los trabajos faltantes podían ser compensados en certificados siguientes o en la liquidación final tergiversa cualquier finalidad de control de esas certificaciones y de los plazos de terminación de las obras».
«Esa interpretación en definitiva es la que permite beneficiar a la empresa en perjuicio de la administración ya que de seguirse ese criterio el contratista puede seguir realizando trabajos ya certificados como completados por fuera del tiempo estipulado para eso», añaden.
Como parte de la investigación se incorporó un audio que una funcionaria, no identificada, le envió a Capdevilla. Si bien se refiere a otra obra, los magistrados la tuvieron muy en cuenta porque habla de «inspectores que defienden los intereses de las empresas y no de la administración».
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