Desamparo juvenil: impactos de bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Castigar penalmente a niños y adolescentes como adultos ignora un hecho fundamental del desarrollo humano: que su proceso madurativo y psicológico aún se encuentra en formación.
Anoche, un sueño perturbador mostraba un volcán en erupción a escasos kilómetros de la ciudad, sobre la barda sur. La inmensa nube de ceniza y fuego obligaba a la población a correr en busca de refugio, a acopiar agua y comida para las familias. Sin embargo, el desafío principal era proteger a las infancias, quienes, en momentos tan difíciles, necesitan sentirse a salvo para superar la catástrofe. Cuidar a las infancias y adolescencias, aquella vida que crece.
¿Cómo cuidamos a las infancias y adolescencias? ¿Todos tenemos las mismas oportunidades de darles lo mínimo e indispensable?
El Estado se retira de lo social
En tiempos de tanta necesidad, el Estado ocupa un lugar esencial de protección de los ciudadanos. Será razón del Estado velar por los derechos de los habitantes, impulsando medidas que promuevan el acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo, deberes básicos de bienestar social y económico.
Pero el aire parece contaminado por una oscura capa de ceniza volcánica, mientras se anuncian y festejan desde el gobierno el cierre y cese de actividades de organismos y trabajadores como grandes logros. Los niveles de desocupación en los meses que el nuevo gobierno ocupa el lugar del “topo” dentro del Estado (sic), han crecido de 5,4% a 7,7%.
La reserva de comida, que antes estaba destinada a las familias necesitadas, ahora es limitada. Los servicios de luz y gas han aumentado entre un 400% y 600%. Y la inflación acumulada asciende al 134%.
El gobierno ha implementado recortes en educación, políticas de desarrollo social, obra pública, y ha degradado Ministerios a Secretarías.
Propuestas preocupantes en seguridad: militarizacion e imputabilidad de adolescentes
Ante esta situación, se presentan dos preocupantes propuestas: una de ellas, la militarización de las calles en caso de que una autoridad competente declare actos de terrorismo. Situación que nos remite a los años más oscuros del país. ¿Quiénes serían declarados terroristas?
Una segunda propuesta, la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años. Medidas, que lejos de proteger, sólo agravan la vulnerabilidad de nuestras infancias y adolescencias.
Este último proyecto de Ley -reincidente-, se hace presente frente a un Estado que quita y no cumple con las políticas públicas que deberían garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan comer, educarse, crecer sanos, tener una vivienda digna y una vida libre de violencias. Respondiendo desde lo punitivo, deja de manifiesto el fracaso de sus políticas en la protección del Estado, en el incumplimiento de la Ley y en la complicidad de quienes pueden hacer algo para que esto no suceda.
Bajar la edad de Imputabilidad a los 13 años, es no tener en cuenta que en el plano estadístico y legal está comprobado que los delitos cometidos por jóvenes, supone un porcentaje ínfimo en relación a los cometidos por adultos. De hecho, en los lugares donde se ha implementado, no se ha observado una disminución significativa en los delitos cometidos por jóvenes.
Mentes todavía en formación y maduración
Debe tenerse en cuenta la responsabilidad que puede caber en sujetos en los que su proceso madurativo y psicológico -de construcción de la autonomía y la moral, entre otros- aún se encuentra en formación, por lo que, no tienen la misma capacidad que los adultos para comprender plenamente las consecuencias de sus acciones. Castigarlos como adultos ignora este hecho fundamental del desarrollo humano.
Enfocarse en el castigo en lugar de implementar políticas que los protejan es condenarlos al desamparo frente a vulnerabilidades psicosociales inagotables. La experiencia de ser procesado y encarcelado como mayor de edad puede tener efectos traumáticos y en este punto de su desarrollo, puede incluir problemas de salud mental, estigmatización y dificultades para la reintegración social y económica.
También debe señalarse, el carácter punitivo y no correctivo del proceso. Los jóvenes que pasan por el sistema penal para adultos, tienen más probabilidades de reincidir que aquellos que pasan por el sistema de justicia juvenil. Estos entornos penitenciarios pueden ser escuelas de crimen, empeorando el problema en lugar de solucionarlo.
Enfocarse en el castigo aumenta la reincidencia
Así mismo, debe señalarse que las leyes que impulsan la baja la edad de imputabilidad, terminan afectando desproporcionadamente a jóvenes de comunidades marginadas y minoritarias, perpetuando la desigualdad y la discriminación de manera sistemática.
Invertir en encarcelar a adolescentes de hasta 13 años, en lugar de presentar programas de prevención, promoción y rehabilitación, puede resultar en mayores costos sociales y económicos a largo plazo, debido a la falta de reintegración y al aumento de la reincidencia.
El castigo sólo calla, obtura y no permite la inserción social ni el sostén que se necesitan para subsistir siquiera, encontrando una razón de vida. Es necesario crear redes, clubes de barrio, calor en la panza con un rico alimento, un abrazo, una promesa de futuro en el banco de la escuela. Una práctica subjetivante para encontrarnos en medio de las nubes de ceniza que apenas nos dejan respirar, y prometen aún, ir por los más débiles.
* Psicóloga y Docente de Nivel Superior, General Roca.
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