Las causas Techo Digno que se tramitan en Roca seguirán en la jurisdicción provincial
Una jueza de Garantías resolvió hoy por los expedientes de los planes de viviendas de Godoy, Río Colorado y Choele Choel.
La jueza de Garantías de Roca María Gadano ratificó la competencia provincial de la causa Techo Digno. Foto: Archivo
En consonancia con lo que ya ocurrió en Viedma, Bariloche y también en Roca, hoy una jueza de Garantías del Alto Valle volvió a ratificar la jurisdicción provincial de las causas que investigan presunto fraude a la administración pública con los planes de viviendas Techo Digno, esta vez en los legajos que corresponden a Río Colorado, Choele Choel y Godoy.
La decisión de la jueza María Gadano ratificó que la totalidad de los legajos que se tramitan en la Segunda Circunscripción Judicial seguirán su curso en el fuero provincial.
La magistrada rechazó los pedidos de la defensa de exintendentes, ejercida por el abogado Damián Torres, y del abogado Juan Luis Vincenty en representación de un empresario, que plantearon, como se hizo en otros expedientes por el mismo tema, que se traslade la causa al fuero federal. Otros dos letrados particulares no hicieron presentaciones.
Según informó el ministerio Público, los abogados habían solicitado, por un lado, que se declare la incompetencia provincial en estos legajos, y por otro, el sobreseimiento de uno de sus asistidos, planteando la excepción de falta de acción por ausencia de personería.
En cuanto al primer pedido, Torres, que representa a cuatro mandatarios locales imputados argumentó en la audiencia celebrada la semana pasada, al igual que en otras causas, que como los fondos fueron derivados de Nación, la intervención en este caso debería ser federal.
La fiscalía estuvo representada por la jefa Graciela Echegaray y la fiscal del caso Jessica González, que respondió que “este tema quedó aclarado en la ya resuelta formulación de cargos con la correspondiente teoría del caso de esta parte que sostiene que ese dinero ingresó a las arcas municipales y se utilizó para realizar pagos a los empresarios y demás actuaciones. Es el municipio el que sufrió el perjuicio económico”.
“Además, la Corte Suprema de Justicia resolvió oportunamente que una vez que el dinero ingresa a las arcas de los municipios, la competencia es local”, aclaró el ministerio Público.
En relación al pedido de sobreseimiento respecto de uno de los empresarios planteada por la defensa la semana pasada, la representante fiscal se opuso y expresó su falta de coincidencia en la premisa de la defensa que indica que el imputado “actuó sólo en cumplimiento de un contrato” y no a título personal. “Para la teoría del caso fiscal lo hizo por su rol en la empresa y por su rol en las obras que no se concretaron”, subrayó la acusación.
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