La ordenanza recaudatoria de CALF es invencible

Lleva el número 14.645 y fue sancionada en la última sesión ordinaria de 2023, por el anterior Concejo Deliberante. Todos los intentos políticos y judiciales que buscaron discutirla, fracasaron.

Una empresa privada exigió a la municipalidad de Neuquén que cese el cobro de la tasa CAN que figura en la boleta de luz y que se le devuelva el dinero aportado en el tributo, que cifraron en casi un millón de pesos. Es el primer reclamo empresario que se conoce, tras muchas presentaciones para el cese de los nuevos cobros agregados en noviembre a la boleta de luz.

La tasa CAN se cobra a casi unos 100.000 usuarios residenciales (a un valor actual de $5.262), unos 1000 empresarios y para las grandes superficies (entre 270 y 283 firmas), generadoras de residuos voluminosos.

El monto inicial fue de $164.773 para los T3 (grandes usuarios), pero como es una tasa (sujeta al ajuste trimestral por inflación) tuvo incrementos de un 41% y luego 19% en este periodo.

El reclamo administrativo del privado está en estudio, se informó desde el municipio capitalino.

La campaña en busca de derogar la ordenanza que sumó más ítems de cobro en la boleta de luz tuvo un nuevo capítulo esta semana, con el ingreso al Concejo Deliberante de más de 8.000 firmas para insistir con la realización de una Audiencia Pública en la que se discutan los ítems de cobro.

Desde que se sancionó el 30 de noviembre de 2023, la justicia rechazó dos intentos de amparos para suspender la aplicación o la vigencia de la ordenanza.

Los recursos fueron impulsados por la Defensoría del Pueblo ante el reclamo de vecinos indignados por la inclusión de nuevas cobranzas y hubo una presentación del bloque del FIT, con un amparo colectivo que llegó a unas 1.300 firmas.

Hubo una tercera acción judicial que había sido admitida. El juzgado civil 3 aceptó analizar el planteo con base al reclamo de cobros indebidos en la facturación de energía (por el derecho del consumidor) pero seis meses después, el expediente fue derivado al fuero administrativo, se indicó.

El recurso administrativo de un hotel que exige el cese del cobro se conoció esta semana, pero se presentó en junio. Pidió la suspensión de la tasa CAN y la devolución de unos $980.000.

La ecotasa se creó para financiar el traslado del actual Complejo Ambiental Neuquén, ya que se calcula que el actual, puede recibir los residuos durante no más de tres años.

El cobro de la tasa se estipuló en la boleta de CALF en la misma sesión en la que se autorizó a la cooperativa a incluir la deuda con Cammesa, prorrateada en 96 cuotas que se les cobra a los usuarios.

La posición mayoritaria en el actual Concejo es mantener la vigencia de la ordenanza que se sancionó en la gestión anterior: el MPN y sus aliados, los bloques enrolados en el frente Neuquinizate, los integrantes de Hacemos Neuquén y el bloque Unión por la Patria NQN, están en desacuerdo con la derogación.

La búsqueda de una discusión política no logró superar las exposiciones en comisión, y dos horas en una sesión en la que se rechazó hacer una audiencia pública para debatir la creación de esos ítems y la inclusión en la factura de energía.

El planteo de una Audiencia Pública llegó con 12.700 firmas al Deliberante en abril.

Por amplia mayoría se rechazó. El principal argumento fue que las y los promotores de la medida querían derogar la ordenanza. El oficialismo, sus aliados y los principales bloques opositores consideraron que si habilitaban el debate, se crearía la falsa idea de que con una audiencia se podría derogar una ordenanza. O que los concejales estaban obligados a derogarla, si los argumentos de los contrarios a la medida eran mayoritarios en el encuentro.

Hubo un segundo intento de argumentar en la banca de la ciudadanía, que permite a los vecinos exponer en la sala de sesiones del Concejo por un tema en el que se busca que las autoridades tomen medidas.

Pero siete de los diez bloques políticos representados en el Concejo negaron la banca a los autoconvocados. El argumento fue que, quienes presentaron la nota, adelantaron que querían exponer sobre la ilegalidad de la ordenanza que autorizó a CALF como agente de percepción. La respuesta fue que debían ir a la justicia.

El objetivo es pagar el traslado del nuevo complejo ambiental y la deuda con Cammesa. Foto Matías Subat.

Los críticos a la conducción de la cooperativa


La ordenanza 14.645 autorizó a CALF a cobrar en la boleta de luz la tasa CAN (para el traslado del nuevo Complejo Ambiental) y el pago a cargo de los usuarios de la deuda de CALF con Cammesa en 96 cuotas (ocho años).

Los grupos movilizados por la Audiencia Pública y la Iniciativa Ciudadana están en diferentes agrupaciones de la oposición a la actual conducción de CALF.

Cuestionaron que no se transparentó cómo se llegó a la deuda que se está prorrateando entre los usuarios y que la cooperativa tiene otras modalidades de pago de esa acreencia.

Con base a los derechos del consumidor, plantearon también que se están cobrando obligatoriamente en un servicio, conceptos ajenos al pago de la luz.

Otros autoconvocados en contra de la ordenanza, no pertenecen a la interna de CALF. Consideraron discrecional la creación de la ecotasa para un proyecto de saneamiento que nunca se mostró.

«Es claro el abroquelamiento de los partido», dijo Otton


“Está claro el abroquelamiento y la connivencia de los diferentes partidos en el Deliberante para no dar ninguna voz al reclamo en contra de la 14.645”, dijo Priscila Otton, concejala del Frente de Izquierda de los Trabajadores, (FIT).

En los primeros días de sesiones de este año, Otton presentó un proyecto para que se derogue la ordenanza. Está en la comisión de Servicios Públicos y hasta hoy no logró la firma de otro partido para que el proyecto se vote en el recinto.

“El MPN pidió pasarlo a archivo y dije que no mientras dieran los plazos legales: alguien podría cambiar de opinión, con una segunda firma, tiene la posibilidad de llegar en minoría a una sesión del Concejo”, explicó la concejala.

La presidenta del Concejo, Claudia Argumero (MPN), rechazó el ingreso de un proyecto por iniciativa ciudadana para que se derogue la ordenanza, con más de 5.000 firmas juntadas en junio.

Los vecinos apelaron esta semana, con el argumento de que Argumero debía analizar si se cumplían los requisitos formales. El rechazo señaló que se pedía derogar una tasa y la iniciativa ciudadana está vedada para el tema tributario.

“Esto es muy grave, ni siquiera se está respetando la intención de los vecinos y vecinas de ser escuchados. Debió haber dado la entrada y que se discuta en comisión”, sostuvo Otton.

La apelación señaló que no se pedía la derogación del tributo, sino de la ordenanza que lo incluyó en la boleta de luz, junto con otros conceptos.

“Es claro el abroquelamiento de los partidos del Deliberante en no dar lugar a ninguna voz ni reclamo en contra de la 14.645, en un contexto donde se profundiza un régimen por demás autoritario”, afirmó.

“Dicen que tienen excedentes, buen presupuesto, pero no quieren escuchar a la gente que dice que no quiere que le metan la mano en el bolsillo”, cuestionó.


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