Justicia transparente
Esta semana comienza el proceso de audiencias para evaluar antecedentes e impugnaciones de los dos candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema, el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla. Ambas candidaturas han recibido fuertes cuestionamientos, pese a lo cual tanto el oficialismo como parte de la oposición parecen decididos a avanzar con los nombramientos, convirtiendo a la instancia en una mera formalidad para una decisión ya negociada tras bambalinas.
Los pactos judiciales son también pactos constitucionales
Es llamativo que, mientras las críticas a ambos jueces se hacen públicamente y se organicen audiencias paralelas para explicarlas, los apoyos a las postulaciones se realicen en sordina, con comunicados de entidades del ambiente judicial o académicos cercanos, mientras los senadores que votarían a favor guardan un prudente silencio sobre los argumentos que usarán para dar su aval en el recinto.
Quien más críticas recibe es Lijo, un juez federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional, que forma parte de lo que se denomina la “justicia de Comodoro Py” por la dirección del edificio, que tramita la mayoría de las denuncias por corrupción o que afectan a funcionarios del Gobierno nacional. El magistrado es apuntado no sólo por ser el que mayor porcentaje de investigaciones sin resultados tiene (44%, según una investigación del instituto especializado Inecip) y más tiempo tarda en resolver las causas de corrupción (6 años en promedio, pero tiene casos abiertos hace 17, 18 y 26 años) sino por sospechas de hacer del “cajoneo” o activación de los expedientes un método para negociar con factores de poder. Además de registrar escasos antecedentes académicos para un magistrado que lleva 30 años en el fuero, suma 32 denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura o en la justicia penal, varias relacionadas con la llamativa evolución de su patrimonio económico. Incluso llega a esta instancia de evaluación con un proceso abierto en el consejo, algo inédito para un candidato al máximo tribunal. Los argumentos en su favor han sido su “experiencia” y su conocimiento del mundo de Tribunales.
En el caso de García Mansilla, los motivos son de otra índole. Si bien muestra una sólida formación académica, el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral es criticado por sus posturas ultraconservadoras en temas relacionados a los derechos humanos. Sobre todo porque tiene una interpretación restrictiva del artículo 75, inc. 22 de la Constitución que establece la jerarquía constitucional de los tratados internacionales y su rechazo explícito a la interrupción del embarazo incluso en caso de violación. También ha sido poco proclive a reconocer derechos de los consumidores, por ejemplo en procesos de actualización de tarifas de servicios.
A estos cuestionamientos se suma uno más general, que tiene que ver con que ambas postulaciones son de varones, con lo cual el máximo tribunal no contará con una magistrada mujer en mucho tiempo, en contrario al criterio de avanzar hacia una paridad de género en el Poder Judicial.
Escasa participación
Más allá de los cuestionamientos puntuales, es negativo que durante todo el proceso de selección se haya limitado la participación efectiva de las entidades académicas, de la sociedad civil interesadas en la temática y de la ciudadanía en general. La opacidad y el secretismo que rodeó a la selección de los nombres y las trabas puestas a la participación ciudadana efectiva en la evaluación alimentan sospechas sobre un pacto corporativo de la clase política.
Como señalan varias organizaciones, la Corte Suprema es la garante última de la Constitución Nacional y del Estado de derecho en nuestra República. Los postulantes debieran no sólo mostrar idoneidad técnico-jurídica para ejercer el cargo, sino cualidades morales y de compromiso con la democracia y los derechos humanos. Todas verificables en un examen amplio y transparente de cara a la ciudadanía, no como producto de un intercambio de favores entre bambalinas.
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