Reconcesión contra la neuquinidad

Después de construir un relato, basado en cuestiones tangibles, con relación a quién debía manejar las represas construidas en los ríos Limay y Neuquén, el cambio de época que encarnó el presidente Javier Milei ofició como un trago amargo para la gestión de Rolando Figueroa.

En primer lugar, en las concesiones de El Chocón y Piedra del Águila, la provincia tiene acciones (de las que no dan derecho a voto pero si a percibir dividendos). Lo que recibe por regalías equivale al 6% de lo que percibe como ganancias. Para adquirir esas acciones tuvo que poner plata, costo que ahora derivará en abstracto, como dicen los abogados, porque se termina la concesión.

Los gobiernos provinciales, identificados con el MPN, antes, y con el paralelismo del Frente Neuquinizate, ahora, dejaron crecer la semilla del sentimiento patriótico posesivo de las represas para agitar banderas como el precio de la energía.

La mentada tarifa Comahue tenía, desde el punto de vista liberal, un alto porcentaje de subsidio, y desde el progresismo no se cobraba el transporte porque empresas electrointensivas como Indupa “están al pie de las represas”.

Hay que recordar que el candidato Sergio Massa prometió el regreso de esa tarifa ante el festejo de los entonces gobernadores electos Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.

El clima de época que había en 1993, cuando se concesionaron, era más cercano al actual. Había una deuda que tenía la sobredimensionada (y muy hermética) Hidronor cuya sede estaba en Buenos Aires (para variar) con un banco estatal que debieron saldar.

Es cierto que el negocio cerraba porque compraban bonos argentinos que cotizaban menos del precio de emisión pero el Estado les reconocía ese monto.

En este tema, hay interés de Nación por utilizar un esquema “a la chilena o a la peruana” con concesión de obra pública para recuperar sin límite de tiempo previsto.

Es que los equipos de generación de las presas ya están más cerca de su vida útil, pensada en unos 40 años cuando se entregó la operación a los privados.

Esto estaría dentro de la reconcesión con la cláusula de que recibirán un precio “real” (léase en dólares) por la venta de energía sin que esté regulada (como ahora) por el Estado nacional.

Ahí está la explicación porqué se cobra poco regalías, dado que el precio de generación es bajo y está regido por una resolución. La idea es que hagan la inversión de renovación de maquinaria y después la recuperen con la operación, hasta que se cubra, sin límite de tiempo. El mecanismo se aplica en algunos casos en Chile, no en todos, con obras como las portuarias.

En cuarto lugar, se ubica el interés de las provincias que, reforma constitucional mediante, reclaman la propiedad del agua y por lo tanto se ven con derecho a cobrar cuando ésta se turbine.

Hay un reclamo en ciernes en la justicia federal, con todo su laberíntico mecanismo de definición, que, es probable, que busque una opinión fundada del despacho de la calle Roca y Rioja. Esta semana se conoció que se lo recontrató a Hugo Prieto quien, dice en su página web, que es abogado de la Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde 2012.

Frente a este esquema, Nación debe lidiar con hacer atractivo el negocio para que se inviertan cientos de millones en renovar el parque de equipos y “la voracidad” de las provincias que pretenden cobrar un canon.

Claro que, así como se instaló la cultura de que la extracción o uso de recursos naturales debe derramar en bienestar para sus habitantes, la operación de las represas no es un ejemplo. Sólo se conocen algunas donaciones de pelotas de fútbol o camisetas a equipos escolares de alguna escuela de Piedra del Águila, El Chocón. De Cerros Colorados solo cuando alguien se equivocó e inundó una buena parte del valle inferior del río Neuquén.

La judicialización de decisiones políticas o económicas tiene sus pro y sus contras vinculados al tiempo que requieren los Ejecutivos y la necesidad de fondos.