“Confirmar a Lijo y a García-Mansilla nos condenaría a décadas de una Corte sospechada de ilegitimidad”

Este miércoles se realiza la primera audiencia pública oficial organizadas por el Senado para tratar las postulaciones de dos jueces a la Corte Suprema de la Nación. Según el cronograma fijado, el juez Ariel Lijo y el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla, los nominados por el presidente Javier Milei para integrar el cuerpo, deberán acudir al Congreso este 21 y el 28 de agosto para recibir consultas e impugnaciones.

En medio de una fuerte polémica por los perfiles y la trayectoria de ambos nominados, en especial Lijo, varias organizaciones de la sociedad civil ligadas a la transparencia y la calidad institucional convocaron a audiencias paralelas en la sede del Congreso. Buscan promover “un debate técnico, informado y profundo sobre las personas propuestas” para la Corte. Entre ellas figuran la Asociación Argentina por la igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional, el CELS, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales ( Inecip), Poder Ciudadano y Human Rights Watch, entre otros. La reunión será el jueves 22 de agosto entre las 16 y las 19 en el Auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación.

Al respecto, Debates dialogó con Julián Alfie, abogado y director ejecutivo de Inecip, quien dio detalles de la convocatoria.

P: ¿Por qué consideraron necesario realizar esta audiencia paralela a la convocada oficialmente por el Senado?

Respuesta: Porque las audiencias, que se hacen desde el 2003 cada vez que hay una postulación de un candidato a la Corte, han demostrado en los últimos años que no cumplen el objetivo para el cual fueron pensadas, que es permitir el control no solo por parte de los senadores sino también de la ciudadanía, de los antecedentes de las personas que pueden llegar a ocupar la Corte Suprema. Se define cómo será el máximo tribunal durante los próximos 20 años, porque los candidato tienen poco más de 50 años y por la Constitución se jubilan a los 75, tendrían dos décadas de mandato. Y la verdad es que estas no son audiencias que permitan esa participación, lo único que se puede hacer es presentar impugnaciones, que hasta ahora no han sido debidamente tratadas. Son objeciones bastantes contundentes, con datos comprobables sobre los antecedentes de ambos candidatos.

P: ¿Como cuáles?

R: Lo de Lijo tal vez es lo más escandaloso. Como juez federal de primera instancia tiene a su cargo investigar delitos graves de corrupción y de criminalidad económica de alto impacto, y se ha caracterizado por su ineficacia. Es el juez que menos respuesta le ha dado a los casos que le ingresan, no sólo por que tiene la mayor cantidad de demoras en causas de corrupción, sino que lo ha convertido en un mecanismo sistemático. La sospecha es que es un juez especializado en congelar las causas y moverlas de acuerdo a los ritmos políticos o de intereses de ciertos sectores de poder. Con estos antecedentes jamás podría llegar a la corte

P: La pregunta entonces es por qué tiene o tendría estos supuestos apoyos de sectores el oficialismo y tal vez del peronismo opositor…

R: Bueno, ahí empiezan las sospechas de un acuerdo transversal de poder, vinculado a la característica que Lijo más ha demostrado en su carrera, que es garantizar la impunidad a ciertos sectores. Entonces lo que está en juego es demasiado grande. Si esa sospecha fuese cierta, se produciría algo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica: la cooptación del máximo tribunal por parte de sectores de poder que básicamente usan al Poder Judicial para beneficios particulares. Eso es una movida sin retorno para la calidad democrática del país. Si vamos a premiar con un lugar en la Corte Suprema a un juez que ha hecho de las demoras y del uso de los tiempos judiciales una forma de ejercer de judicatura, el mensaje a todos los poderes judiciales del país es que en Argentina se va a avalar y premiar a los malos jueces , a los que se manejan en contra de los intereses generales y a favor de los intereses de pocos.

P: ¿Y en el caso de García Mansilla cuáles son las objeciones ?

R: El caso García Mansilla es distinto. Él tiene un perfil más académico, es decano de una facultad y las objeciones tienen más que ver, primero con una cuestión de género, la necesidad de que en la Corte haya pluralidad, porque si es designado junto a Lijo, el cuerpo quedaría integrado sólo por varones. También se objetan algunas de sus posturas sobre temas de derechos humanos. Respecto a la interrupción legal del embarazo, él ha tenido posiciones muy contrarias a fallos de la Corte que han reconocido, no ya la legalización del aborto, sino al menos que las mujeres violadas puedan interrumpir su embarazo. También ha sostenido posturas contrarias al nivel de jerarquía que deben ocupar los tratados internacionales de Derechos Humanos en nuestro sistema.

P: ¿Qué antecedentes hay contra Lijo?

R: Ha sido denunciado reiteradas veces al Consejo de la Magistratura y en general ese organismo ha cajoneado las causas, o las ha descartado sin mayor debate. De hecho Lijo tiene una causa abierta allí. Sería la primera vez que asume un juez en la Corte Suprema con una causa abierta en el consejo. Además ha tenido otras denuncias, ya en sede penal vinculadas al crecimiento de su patrimonio donde fue sobreseído justamente por el juez Julián Ercolini, hoy en la tapa de todos los diarios por el caso Fabiola Yañez y Alberto Fernández. Ercolini descartó la denuncia contra Lijo con una resolución que al día de hoy sigue siendo secreta. Nosotros le pedimos a la Comisión de Acuerdos que le solicite el expediente al juzgado de Ercolini para saber cuáles fueron los motivos por los cuales se lo absolvió.

P: ¿Cómo debería seguir el proceso?

R: Después de las audiencias de impugnación, la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación tiene que tomar una primera decisión: si le da dictamen favorable o no a los pliegos a ambos. En caso de que el dictamen sea favorable pasará al recinto y allí son necesarios dos tercios de los votos de los presentes para que cada uno de estos pliegos sea aceptado. Es decir, la Constitución lo exige un amplio consenso transversal, que en estos casos sería un mal síntoma si se produce, dados los antecedentes. Generaría muchas sospechas por qué tantos sectores y tan diversos se pondrían de acuerdo en designar en la Corte al que es probablemente el peor candidato desde el retorno de la democracia, incluida Corte de la “mayoría automática” de Carlos Menem.

P: Lijo ha tenido apoyos de algunas organizaciones judiciales y de abogados…

R: Tiene apoyos de la propia familia judicial. Lo que se está buscando con las audiencias paralelas son mecanismos de participación, opiniones del ciudadano de a pie y no de propios colegas de Lijo que en muchos casos es un formulario copiado y pegado, donde señala que Lijo es un buen profesional sin ningún dato ni argumento. Frente a impugnaciones en las que se ha trabajado específicamente en analizar su desempeño en base a la información oficial sobre causas en las que intervino y sus antecedentes académicos. La conclusión es que es un pésimo candidato, que probablemente no pasaría un concurso para un cargo de menor rango, como una Cámara.

P: ¿Cuáles serían las consecuencias?

R: La clase política se estaría dando un verdadero tiro en el pie si cree que va a poder controlar a los grupos de poder que representaría Lijo en la Corte, eso es pan para hoy y hambre para mañana, con costos altos para la institucionalidad. Es imposible pensar una democracia de calidad con una justicia de mala calidad. Los senadores nos estarían condenando a tener a una Corte sospechada de ilegitimidad durante al menos dos décadas.