Explosión y muerte en Aguada San Roque: ¿por qué había docentes en la escuela?
Después de dos jornadas de juicio oral es uno de los interrogantes que se mantienen. El hecho ocurrió a la salida del confinamiento por la pandemia, pero con el establecimiento todavía en obra.
Percat, Capdevilla, Córdoba, Deza, Villanueva y Bulgheroni, los seis imputados en la causa. (Cecilia Maletti)
Según el expediente de Obras Públicas, la obra de remodelación y ampliación de la escuela albergue de Aguada San Roque estaba terminada al 100% el 12 de marzo del 2021. El país empezaba a salir de a poco del confinamiento obligatorio por la pandemia, y el 11 de junio de ese año el Consejo Provincial de Educación de Neuquén dispuso que volvieran las clases presenciales a una serie de establecimientos, entre ellos el del paraje ubicado a 60 kilómetros de Añelo.
El jueves 24 de junio los docentes fueron convocados por Zoom por la directora suplente, Martha Baez, a presentarse el lunes 28 de junio. Cuatro decidieron no asistir y plegarse a la medida de fuerza dispuesta por ATEN: el gremio consideraba que el Covid aún era una amenaza y era riesgoso volver al sistema presencial. Otro cuatro, entre ellos Mónica Jara, aceptaron.
Al llegar a la escuela se encontraron con obreros trabajando, pese a lo cual no había medidas de seguridad, ni carteles, ni cintas, ni nadie les dijo que se retiraran. Los ambientes estaban calefaccionados pero algunos dijeron sentir olor a gas.
Al día siguiente, 29 de junio, se produjo la explosión en la que murieron la docente Mónica, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.
¿Por qué, si la obra de gas no estaba realmente terminada, se reanudaron las clases? Es una de las preguntas clave que se procuran responder en el juicio oral que lleva apenas dos jornadas, y están previstas por lo menos 12 en la que declararán un centenar de testigos.
Desidia y falta de controles
La estrategia del fiscal jefe Gastón Liotard, la fiscal del caso Gabriela Macaya, y los querellantes Emanuel Roa Moreno, Darío Kosovsky, Federico Egea y Juan Kairuz se mantiene en la misma línea: hubo desidia y falta de controles por parte de los cuatro funcionarios de Obras Públicas y de los dos empresarios imputados.
Son el ex subsecretario de Obras Públicas (se jubiló en el cargo) Roberto Vicente Deza; el director provincial de Obras Contratadas Raúl Capdevilla (otro jubilado); el director de Obras Contratadas, Carlos Córdoba; el inspector de obra Sergio Percat; el dueño de Arte Construcciones, Héctor Villanueva Montalbán y el representante técnico de esa empresa, Diego Bulgheroni.
A medida que avanza el juicio resulta más inexplicable que no esté imputado ningún funcionario de Educación y tampoco Eduardo Afione, un subcontratado de manera irregular por Arte Construcciones que fue beneficiado con una suspensión de juicio a prueba.
La nota de la discordia
En la audiencia de este martes hubo una gran discusión porque en la camioneta del gasista Francés apareció un expediente con documentación varia, pero las defensas se concentraron en una nota en particular.
Está dirigida a la directora suplente Martha Báez, fechada el miércoles 23 de junio del 2021. «Me dirijo a usted para comunicarle que en el día de la fecha se hace entrega de la finalización de de (sic) la obra de gas de la institución que Ud tiene a su cargo. La misma consta de la instalación y puesta en marcha de calefactores, termotanques y cocina, en las modificaciones que realizó la empresa Arte Construcciones. Queda Ud. debidamente notificada».
La nota tiene tres sellos: uno de la escuela Aguada San Roque, otro de Martha Baez acompañado por la firma de la directora.
El tercer sello dice «Arte Construcciones». Nada más, y no tiene firma.
La nota le fue exhibida al exjefe de la comisaría de Añelo, Modesto Muñoz, quien al principio no la reconoció aunque recordaba de su contenido.
El defensor Juan Coto (de Córdoba y Capdevilla) lo intentó primero y la defensora Melina Pozzer (de Bulgheroni) logró después de un cuarto intermedio (y una intensa pulseada con los querellantes) que el comisario Muñoz leyera la nota completa.
¿Un triunfo?
Para la defensa fue un triunfo: consideran que pudieron demostrar que la docente Báez se hizo cargo de haber recibido la escuela con la obra terminada. Su estrategia es culpar de todo a la directora y al gasista.
La fiscalía y la querella tienen una mirada muy distinta: la obra debía recibirla Infraestructura Escolar (dependiente del Ministerio de Educación) de manos de Obras Públicas, que nunca la supervisaron. Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN con larga trayectoria en negociaciones por escuelas en obra, dijo al declarar como testigo el lunes que nunca había logrado enterarse de cómo era el trámite completo. Así de variadas son las hendiduras por las que se diluyen las responsabilidades de los funcionarios del Estado cuando hay que rendir cuentas.
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