La clase política argentina intensificó esta semana el debate sobre sus servicios de inteligencia, luego que la oposición pareciera dispuesta a bloquear una reforma del sistema hecha por decreto por el gobierno, que no solo cambió su estructura sino que le otorgó un fuerte aumento de presupuesto. La disputa actualizó visiones encontradas sobre el control democrático del sistema, su financiación y sobre todo sus objetivos estratégicos en un sistema democrático.
Inteligencia democrática
La oposición parece decidida a cuestionar en el Congreso no sólo el DNU 656/24 que le otorgó a la nueva Secretaría de Inteligencia (SIDE) casi 100.000 millones de fondos reservados, sino también el 614/24 que creó las nuevas estructuras de inteligencia.
Tanto diputados de la oposición como distintas organizaciones plantearon que un cambio de la magnitud propuesta requiere un debate legislativo, con participación de expertos y organizaciones civiles, y no decisiones unilaterales. Las posturas más duras están en Unión por la Patria y la Izquierda, pero también hay fuertes resistencias en la oposición considerada más “dialoguista” como Hacemos Coalición Federal, el ARI, sectores del radicalismo e incluso del PRO. La discusión se mezcla además con la disputa por lugares en la estratégica Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Servicios de Inteligencia, paralizada por la falta de nombramiento de sus integrantes.
No es la primera reforma que se intenta. Un reciente trabajo del sociólogo Iván Poczynok, para Fundar, “Política y servicios de Inteligencia”, describe el derrotero.
Desde el regreso a la democracia, distintos gobiernos han realizado intervenciones dentro de los organismos del inteligencia, buscando depurar sus estructuras de resabios de la última dictadura, donde los organismos funcionaron bajo la denominada “doctrina de la seguridad nacional”, que derivó en graves y masivas violaciones a los derechos humanos .
Posteriormente, varias administraciones han intentado actualizar el sistema, teniendo como prioridad desvincular la seguridad interior y la defensa nacional. Sin embargo la mayoría fracasó, en medio escándalos sobre el uso ilegal de la inteligencia para perseguir a opositores políticos o periodistas críticos, para resolver disputas internas, desviar fondos públicos con fines ilegales o para manipular causas judiciales.
Por otra parte, los nuevos organismos mostraron escasa eficacia y fracasos estrepitosos en su tarea principal: detectar y prevenir amenazas internacionales o internas para la seguridad nacional. La más severa fueron los atentados a la embajada de Israel y la AMIA en los 90.
En la última década, al menos en tres oportunidades se produjeron importantes modificaciones. En 2015, tras el impacto producido por la muerte del fiscal que investigaba la causa AMIA, Alberto Nisman, Cristina Fernández de Kirchner decidió disolver la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y conformar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), desplazando a su cúpula y desvinculando a históricos funcionarios de carrera .
Esta reforma tuvo poca vida, ya que en 2016 la administración de Mauricio Macri revirtió la mayoría de las disposiciones y decidió otra masiva desvinculación de agentes, el retorno de los fondos reservados y nombró una nueva camada de personal. En 2019, la llegada de Alberto Fernández al gobierno determinó otro cambio estructural. Puso en disponibilidad al personal y redujo al mínimo las actividades y los fondos secretos. Su principal objetivo fue mejorar la “transparencia” de los organismos y reducir las vinculaciones “espurias” con el Poder Judicial.
Un hilo común a todas estas reformas fue que ninguna se realizó con acuerdo de fuerzas opositoras y todos terminaron en escándalos de filtración de información y de identidades de agentes. Los despidos masivos y reemplazos no sólo de cúpulas sino de cuadros profesionales, generaron una inestabilidad crónica y disminuyeron la calidad técnica de los servicios, señala el trabajo de Fundar.
La reforma de Milei
La reforma planteada por Javier Milei se refiere a estos problemas. Por eso, establece un organismo rector, la SIDE, a cargo de Sergio Neiffert, un funcionario sin experiencia en el área.
Tendrá cuatro agencias subordinadas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), encargada de recopilar información del mundo y coordinarse con agencias de países aliados, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), encargada de la seguridad interior y delitos federales complejos (símil al FBI de EE.UU.) y la Agencia Federal de Ciberseguridad, (AFC) encargada de detectar amenazas informáticas y prevenir fallas de seguridad, además de formar capital humano. Todas estarán supervisadas por la División de Asuntos Internos (DAI) .
Esta división de control interno busca una mayor eficiencia por sectores específicos y al mismo tiempo que exista una sola persona que controle todo y escape al control del poder político, como ocurría antes.
Otra novedad es que la SIDE, como órgano superior del sistema, asume también el control funcional de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que depende del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, y de la Dirección nacional de Inteligencia Militar (DNIEM) que depende del titular de Defensa, Luis Pietri.
Algunas críticas
La primera crítica que se le hace al la reforma planteada por el Gobierno es su falta de consenso, ya que se impone por decreto sin ningún tipo de consulta. Tanto disputados de la oposición como distintas organizaciones exigen que los cambios se hagan por ley, con amplio debate en comisiones y participación de la sociedad civil.
Entre ellos figuran la Iniciativa Ciudadana para el Control de Inteligencia, integrada por entidades como el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Vía Libre, entre otros.
En un documento reciente, señala que la reforma planteada “es un regreso al pasado que agrava los problemas del presente”.
• Cuestiona que “no establezca cambios en relación a su cultura política y organizacional orientada al espionaje y las operaciones ilegales”. Por otra parte señala que la reestructuración “repite viejos modelos , sin que esté claro por qué esto la dotará de más eficacia ni porqué mejorará la protección de derechos”.
• Que los servicios de inteligencia sean usados como auxiliares de investigaciones judiciales es otra fuente de preocupación, porque está en el fondo de las relaciones espurias detectadas entre parte de la justicia federal, operadores políticos y agentes para la manipulación de causas judiciales. La iniciativa recuerda que esta práctica fue prohibida “por las gravísimas irregularidades que habilitó”, entre ellas el fracaso de la investigación de la causa AMIA
Un experto consultado por Debates señaló que existe un problema de “expertise profesional”. “La inteligencia busca anticipar amenazas, recolecta información para anticipar y si es posible neutralizar acciones antes de que se cometan. Una investigación penal busca pruebas para demostrar la culpabilidad de alguien en un delito. La definición de “evidencias” y la forma de trabajar es muy distinta” señala.
La posibilidad de incorporar “personal retirado” que abre la puerta a personas que tuvieron cuestionados manejos en gestiones anteriores.
• Confusa definición de funciones y delimitación de tareas entre áreas que podría llevar a “superposiciones intencionales”, con atribuciones que podrían ser riesgosas sobre la privacidad de las personas, como un nuevo sistema de interceptación de comunicaciones no habilitado por ley.
• Falta de consensos y de una estrategia general. Un académico que trabajó durante años en la exAFI, que pidió reserva de su nombre señaló que más allá de las preocupaciones por el “control democrático” de la inteligencia hay poco debate sobre su función y eficacia. “Es imposible definir un organismo que anticipe las amenazas de seguridad si no se definen primero cuáles son las prioridades: ¿Es el terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen organizado?, ¿los ciberataques?, ¿un posible nuevo conflicto en Malvinas?, ¿la disputa por la Antártida?, ¿un conflicto limítrofe? ¿proteger los recursos naturales?, ¿los mapuches en el sur, como cree Bullrich? La definición de los desafíos de seguridad nacional es previa a la organización de los servicios y para eso se necesitan consensos y políticas de Estado”, agrega. Explicó que en muchos países como Estados Unidos o Francia existen Consejos de Seguridad nacionales integrados por el presidente, legisladores oficialistas y opositores, distintas agencias estatales (universidades, Defensa, Cancillería, fuerzas de seguridad, militares) que debaten los grandes intereses estratégicos del país, las principales amenazas a la seguridad , se publican en documentos oficiales y se traducen en guías generales para los organismos de inteligencia, por ejemplo.
La comisión clave en el control, paralizada por peleas políticas
Una de la mayores controversias en el funcionamiento del sistema ha sido la conformación de la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que tiene amplias facultades legales de control tanto de funcionamiento como del uso de los fondos, incluso los reservados.
Sin embargo, en las distintas administraciones se ha privilegiado una conformación con “leales” poco idóneos y un férreo control partidario de la comisión, con resultados muy negativos, ya que su capacidad de fiscalización ha sido escasa y su rol desdibujado a una mera correa de transmisión de los deseos del Ejecutivo. Para un experto en la materia “no se trata de un vacío legal. La comisión tiene atribuciones y poder para controlar a los servicios. El problema es de voluntad política, de nombrar integrantes idóneos y darles el rol que les corresponde”, señala
Actualmente la comisión está paralizada. Según un informe de la agencia Noticias Argetinas a Libertad Avanza frenó su integración a partir de la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de quitarle una silla a Hacemos Coalición Federal, para adjudicársela al oficialismo aliado. Esto llevó al enfrentamiento directo con el presidente de ese bloque, Miguel Pichetto, que reclamaba ese lugar para Emilio Monzó y no perdona lo que considera una deslealtad hacia su espacio.
Finalmente, quedaron designados en representación de Diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger (ambos de La Libertad Avanza y el último en el lugar donde iba a recalar Monzó), Cristian Ritondo (PRO), Mariela Coletta (UCR) y Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés (Unión por la Patria). Por el Senado fueron nombrados Martín Goerling (PRO-Misiones), Mariana Juri (UCR-Mendoza), Edgardo Kueider (Unidad Federal – Entre Ríos), Edith Terenzi (Cambio Federal-Chubut). Mientras que por el bloque de Unión por la Patria fueron designados Eduardo “Wado” de Pedro, Oscar Parrilli y la riojana María Florencia López. La presidencia, que por rotación le corresponde este año a un senador, es motivo de disputa entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel.
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