Rechazo político a la anulación de la indemnización por el crimen de Atahualpa

El bloque Vamos con Todos habló de "acción miserable" de la Justicia de Río Negro. Piden una comisión legislativa.

La anulación de la indemnización a la familia de Atahualpa Martínez Vinaya, el joven que fue asesinado en 2008 en Viedma y cuyo caso sigue impune, resuelta por el Superior Tribunal de Justicia generó el rechazo político del bloque Vamos con Todos que repudió la decisión al tildar la medida como una “acción miserable de la Justicia rionegrina”, y el reproche del abogado de la familia.

Ayer se conoció que el STJ revocó una sentencia de la Cámara Civil de Viedma que había ordenado la indemnización -valuada en 15 millones de pesos en 2023- a la familia del joven de 19 años que fue asesinado de un disparo en la espalda 16 años atrás.

El bloque opositor además de repudiar la resolución judicial, pidió que vuelva a conformarse la comisión legislativa que determinó graves omisiones en la investigación y reclamó que el Consejo de la Magistratura intervenga para analizar “si existió una conducta que merezca una sanción a los jueces del STJ”.

El pedido incluye también que se conforme la Comisión de Derechos Humanos para el análisis del tema y que se convoque a la comisión de seguimiento del “caso Atahualpa” para que revise este fallo y defina si amerita una acción penal o administrativa.

“Otra vez la Justicia rionegrina demuestra que es la verdadera casta y ejerce la defensa corporativa de sus miembros en desmedro de los justiciables, de los ciudadanos de a pie, de aquellos que con sus impuestos les permiten a jueces y fiscales recibir mes a mes suculentos sueldos, en la mayoría de los casos sin siquiera pagar Ganancias”, expresaron los legisladores del bloque Vamos con Todos, en un comunicado difundido hoy.

Los parlamentarios indicaron que “el STJ, descaradamente, sentenció que las flagrantes y palmarias omisiones de los magistrados que intervinieron en la investigación” del crimen “no fueron la causa de la impunidad que aun hoy sigue imperando, transcurridos más de 16 años”.

El bloque, que integran José Luis Berros, Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Luciano delgado Sempé y Fabián Pilquinao, calificó a los jueces como “insensibles, déspotas, inhumanos, alejados de la realidad y del pueblo” que “niegan a los deudos un mínimo de paz ante tanto dolor, por la pérdida y por la injusticia”.

Berros rememoró los “casos de corrupción que involucraron al radicalismo” y enumeró los alimentos preelaborados de Flavors y la venta irregular de tierras fiscales para señalar que “de nuevo el Poder Judicial se lava las manos, no se se hace cargo de sus yerros y deja a una familia y a una comunidad sin la indemnización que le corresponde por no haber recibido una respuesta satisfactoria de parte de quienes tienen la máxima responsabilidad para el esclarecimiento del hecho”.

Fallo STJ: cuestionamientos del abogado de la familia


El abogado de la familia de Atahualpa, Fabio Igoldi, apuntó a “inconsistencias” y posibles conflictos de intereses en la actuación de los jueces que están demandados en el expediente.

El letrado, en declaraciones radiales, calificó de “inusual” que el máximo tribunal revise un fallo de daños y perjuicios en una tercera instancia y lo revoque basándose en hechos.

Indicó que el juez del STJ Sergio Baroto fue miembro del Consejo de la Magistratura y votó la sanción a la Daniela Zágari por mal desempeño mientras fue fiscal en la investigación del homicidio de Atahualpa.

También señaló la intervención previa en el expediente y en otro rol, de la actual jueza Liliana Piccinini.

Igoldi anticipó que recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia para objetar el fallo del STJ.


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