Informe alerta sobre «condiciones de inhumanidad» en la Unidad de Detención 11 de Neuquén
Además de la sobrepoblación, existen problemas de ventilación, iluminación natural e instalaciones eléctricas. Hay cucarachas y lauchas, los baños están destruidos, y el acceso a la salud, educación y el trabajo son muy complejos. Recomiendan cerrar un pabellón por su pésimo estado.
La Unidad de Detención 11 de Neuquén fue habilitada en 1995 y se le hicieron ampliaciones. Su estado en general es malo. (Matías Subat)
Entre febrero y abril, el Comité contra la Tortura de Neuquén realizó un monitoreo en la Unidad de Detención 11, la cárcel más grande de la provincia. Entrevistó a 220 personas y visitó todos los rincones: desde cada una de las celdas hasta los patios, áreas educativas, de salud y trabajo. Las conclusiones están plasmadas en un extenso informe que refleja las penosas condiciones en las que cumplen condena 264 personas en un espacio para 233.
La superpoblación era el dato más conocido. Desde noviembre del 2022 las dos juezas de Ejecución Penal de la provincia ordenaron que no puede haber nuevos ingresos a las cárceles a menos que se produzcan egresos. El minucioso trabajo del Comité contra la Tortura revela otros detalles de la vida intramuros, desconocidos para la mayoría, que le agregan dosis de inhumanidad al encierro.
Diario RÍO NEGRO accedió a una copia del informe que ya está en manos de los tres poderes del Estado y dialogó con dos de los integrantes del Comité, Roberto Samar y Pablo Scatizza.
«Vimos muchos problemas estructurales», dijo Samar. «La sistemática vulneración de derechos degrada a las personas. Hay que tener en cuenta que cuando uno garantiza derechos reduce la violencia. Pero si tenés a una persona que duerme en el piso, le llega la comida en mal estado, demanda atención psicológica y no la recibe, tiene problemas de adicciones sin acceso al tratamiento, ¿cómo canaliza esa angustia?».
Scatizza coincidió en que encontraron «gente que vive en condiciones de inhumanidad». Destacó que «hay un alto grado de solidaridad entre las personas privadas de su libertad. Eso les permite a algunos, por ejemplo, alimentarse. Hay personas que no tienen visita, la vianda que llega al penal es imposible de comer, entonces se arma una despensa común con lo que aportan los familiares y de ahí comen todos».
Alimentación: cara y mala
«La alimentación es, junto con el hacinamiento general y las pésimas condiciones de habitabilidad, el mayor problema encontrado en la unidad», dice el informe de 57 páginas. «Durante el monitoreo los/as comisionados pudieron constatar el mal aspecto -y en algunos casos, nauseabundo- de la comida al momento de ser ingresada a los pabellones».
El 52% de los entrevistados dijo que pasa hambre durante el encierro.
El Comité pidió reiteradas veces que el gobierno informe de manera oficial cuánto paga por esas viandas que la mayoría no consumen a la empresa encargada del servicio. Las versiones indican que son entre 10.000 y 20.000 pesos.
El panorama general
Como panorama general, el relevamiento detectó «las condiciones indignas de habitabilidad de las celdas, comedores y otros espacios de uso común; la escasa o prácticamente nula iluminación natural; la ausencia de vidrios o acrílicos en las ventanas; el mal estado de los colchones -cuando no faltantes-; la presencia de cucarachas, hormigas, lauchas y otros animales vectores de enfermedades; el deterioro, mal funcionamiento (o inexistencia) de grifería y sanitarios; y muy serios problemas de alimentación, dificultades de acceso a la salud física y mental, a la educación y al trabajo».
El comité está integrado por Estefanía Buamscha, Jorgelina González, Silvia Couyoupetrou, Néstor Giménez, Pablo Meuli, Roberto Samar, Pablo Scatizza y Araceli Genco (quien reemplazó a la renunciante Cecilia Fanessi).
El Pabellón 6B
El Pabellón 6B mereció un apartado en el informe del Comité. Es un sector en permanente semipenumbra, la única iluminación es la que permiten ingresar tres ventanas pequeñas. No hay instalación eléctrica.
«En cada celda encontramos el espacio para el sanitario, con letrinas en muy mal estado rotas y oxidadas en algunos casos y en otros solo un hueco en el piso; donde debería estar la ducha hay un caño, y las canillas se encuentran ausentes o rotas, y en algunos casos el agua fluye a modo de vertiente por un agujero en la pared lateral donde debiera haber una pileta con grifería, lo que provoca que el suelo de las celdas se encuentra permanentemente mojado, cuando no directamente inundado».
La descripción continúa: «Sobre las literas donde las personas privadas de su libertad deben acostarse los colchones (de goma espuma) están en su totalidad en muy mal estado, con agujeros, deformados, sucios y sin densidad alguna. No cuentan con sábanas ni frazadas ni almohadas, salvo en algunos casos que un trapo o tela es utilizado como cobertor, y en algunos casos han cortado (arrancado) la tela al colchón para poder abrigarse».
En general las personas alojadas en este pabellón «poseen solamente la ropa con la que se encuentran vestidos, sin ninguna vestimenta extra para poder cambiarse. Del relato de las diferentes personas entrevistadas se infiere que la razón que da el personal penitenciario por la que no se les deja tener sus pertenencias ni se les entrega ropa de cama es por su “propia seguridad”, dice el informe.
Las recomendaciones
El Comité, en base a la información obtenida durante el relevamiento, recomendó varios puntos.
• Proveer semanalmente elementos de higiene para pabellón y las celdas.
• Procurar espacios para la recepción de visitas sean adecuados fuera de los pabellones.
• Analizar e implementar políticas de resolución de conflictos que implique abandonar la práctica del aislamiento como castigo, dado que esta práctica solo deteriora la situación personal de la persona privada de su libertad y la relación entre ellas, no resolviendo ningún conflicto sino postergándolo a costa del deterioro individual del castigado.
• Ampliar los espacios de atención destinados al acceso a la salud.
• Implementar planes de trabajo remunerado tal como lo indica la Ley de Ejecución Penal 24.660.
• Trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Educación Provincial y el Consejo de Educación a fin de resolver los conflictos tanto institucionales como edilicios y estructurales que dificultan el acceso a la educación.
• Revisar en su totalidad el sistema de provisión de comidas a los fines de resolver el derecho al acceso a la alimentación, actualmente limitado al extremo en términos prácticos.
• Sobre el pabellón 6B se recomienda su cierre y refacción.
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