Estafa con planes sociales en Neuquén: la fiscalía estira los plazos y el juicio caerá en un año electoral
Había intenciones de realizarlo este año pero con el pedido de prórroga que formulará el próximo martes esa posibilidad se diluye. Será en 2025, un año marcado por las elecciones de medio término.
Sanz, con domiciliaria. Soiza pedirá el beneficio en agosto, cuando cumpla 70 años. Los plazos se estiran. (Archivo/Matías Subat)
El material contenido en los dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados se procesó en 95%; los informes bancarios en 95%; las pericias caligráficas están completas en 95%; la pericia contable en 90%. Ese cuadro de situación lo presentó la fiscalía de Delitos Económicos en una audiencia el 4 de julio pasado en la causa en la que se investiga la estafa con planes sociales en Neuquén. Por entonces, se decía que el 29 de julio estaría en condiciones de presentar la acusación completa contra los 27 imputados y que en seis meses estaría terminado el juicio oral.
Hoy, de manera abrupta, el panorama es otro. El martes 23 habrá una audiencia en la cual los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez Barraza pedirán una prórroga de dos meses en el plazo de investigación porque todavía no llegaron todos los informes que necesitan para completar la pericia contable, a la que consideran fundamental para elaborar la acusación en los términos sólidos que el caso amerita.
La deadline se correrá entonces hasta el 29 de septiembre. Tendrán margen de maniobra suficiente al menos hasta ese día para entregar -pueden hacerlo antes- el pedido de elevación a juicio que contendrá de manera detallada la acusación y las pruebas que la sostienen.
Ese escrito que se prevé voluminoso empezará a circular entre la docena de abogadas y abogados defensores para que lo contesten y ofrezcan sus propias pruebas de descargo.
Cada defensa tiene cinco días de plazo, pero varios consultados por diario RÍO NEGRO anticiparon que pedirán más tiempo. De tal manera que el resto del año se consumirá probablemente en este trabajo de escritorio.
Llegada al 2025
El corrimiento del calendario traerá lecturas y consecuencias.
Desde el punto de vista político, ya parece un hecho que el eventual juicio oral por presunta asociación ilícita y defraudación se hará en 2025, un año electoral. ¿A quién le conviene y a quién perjudica que las audiencias queden atravesadas por la campaña de medio término?
Los 750 millones de pesos (según la cifra actualizada que maneja la fiscalía) sustraídos mediante la maniobra de planes sociales habrían sido utilizados, en gran parte, para pagar actividades políticas del Movimiento Popular Neuquino. ¿Será el destino de los fondos uno de los ejes del juicio oral o se lo tocará de manera tangencial? Entre los imputados hay un exministro de Omar Gutiérrez, Abel Di Luca. ¿Se hablará de una posible responsabilidad del exgobernador?
Sin detenidos
Por otra parte la causa se quedará progresivamente sin detenidos por cuestiones técnicas. («Los queremos presos», había dicho el gobernador Rolando Figueroa en su discurso de asunción, el 10 de diciembre).
Néstor Pablo Sánz, ese extraño arrepentido al que le creen pero no le creen, ya está con domiciliaria; Ricardo Nicolás Soiza cumplirá 70 años en agosto y reclamará el beneficio de la libertad o la domiciliaria que le otorga el Código Procesal Penal a las personas de esa edad; y Marcos Ariel Osuna quedará libre como máximo en enero del 2025, cuando cumpla 18 meses en una celda (es el plazo máximo que una persona puede estar con preventiva, según el mismo Código).
Las cuatro personas cuyo temor justifica en buena medida las detenciones, pasarán de imputadas a testigos también el martes como se informa en una nota aparte.
Desconfianza
Seguramente la causa es compleja, pero para una sociedad entrenada en la desconfianza hacia los movimientos del poder político y judicial cuando se trata de casos de corrupción, hacen falta más explicaciones para que se entienda por qué dos años después de iniciada la investigación, el juicio oral se aleja en vez de acercarse.
Como se informó en reiteradas oportunidades desde diario RÍO NEGRO, la fiscalía de Delitos Económicos nunca fue reforzada.
Tiene un fiscal jefe, Pablo Vignaroli, un único fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, que está de turno las 24 horas los 7 días de la semana, y dos asistentes letradas, Tanya Cid y Agustina Jara. A ninguno le asignaron dedicación exclusiva a este caso.
Tampoco se reforzó el equipo con una generosa dotación de contadores, expertos en informática, abogados que trabajen a tiempo completo. Ni se firmaron convenios con organismos que pudieran procesar la voluminosa cantidad de información que, siempre dicen, tienen para analizar.
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