Claves para entender en qué cambiará la lucha contra la venta minorista de droga en Neuquén

Qué dicen las estadísticas sobre la cantidad de casos por narcomenudeo que se abren en Neuquén y cómo terminan en la justicia. Qué penas se aplicarán en casos de encontrar responsables. Cuál es el objetivo de la política criminal. Algunos interrogantes empiezan a despejarse.

La decisión política del gobierno de Neuquén de asumir la investigación y el juzgamiento del comercio minorista de drogas, o narcomenudeo, modificará la forma de trabajo dentro del Poder Judicial y en la Policía. Cuáles son los delitos que se perseguirán, qué podría suceder con quienes sean encontrados responsables, en cuánto tiempo se verán resultados de la nueva política, son algunas de las claves.

El negocio de la droga está en el podio de los comercios ilegales por el volumen de dinero que maneja a escala planetaria, junto con el tráfico de armas y la trata de personas. Se trata de una estructura con lógica empresarial, multinacional y de mercado con un producto que penetra en todas las capas sociales.

Las cuatro etapas del negocio


El fiscal general José Gerez, uno de los grandes impulsores de que la provincia asuma el combate del narcomenudeo, describe cuatro etapas del negocio:

Elaboración de la droga: en general no ocurre en el mismo lugar donde se comercializa.

Transporte: puede ser internacional o interprovincial.

Distribución: puede ser regional (dentro de varias provincias) o local (dentro de varias ciudades de una provincia).

Comercialización: es la última etapa, la venta de la droga al por menor a los consumidores.

Este segmento quedará dentro de la órbita de la provincia. Se puso como fecha de lanzamiento febrero del 2025.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, lo expresa en otros términos: «Debemos distinguir al gran empresario de la droga y luego a los pequeños que también son víctimas, que se dedican al comercio tal vez por cuestiones socioculturales, tal vez es una salida rápida, un forma de trascender económicamente, una forma de colaborar con su familia. Entendemos y es claro que ese quiosquito muchas veces una persona con necesidades lo ve como una oportunidad hasta llamémoslo de salir de una situación acuciante desde lo económico».

Cómo se trabaja hoy


Hasta ahora todo el negocio de la droga, desde la elaboración hasta la comercialización, era investigado y juzgado por la justicia federal cuyos miembros tienen otro sistema de designación y remoción (pasan por el Consejo de la Magistratura Nacional y el Senado Nacional), diferente al de los jueces, fiscales y defensores provinciales (Consejo de la Magistratura neuquino y Legislatura de Neuquén).

Además la justicia federal y la neuquina aplican Códigos Procesales Penales distintos, algo que cambiará sustancialmente en noviembre ya que el Federal comenzará a instrumentar un sistema con audiencias públicas y los fiscales tomarán el protagonismo, como ocurre en la provincia.

Cuando Neuquén asuma la competencia del narcomenudeo, o sea, del último de los cuatro tramos del negocio ilegal, serán los policías, jueces, fiscales y defensores neuquinos los que intervendrán. ¿En qué casos?

Qué dicen las estadísticas


De acuerdo con las estadísticas del servicio Neuquén Te Cuida, en el primer semestre de este año se recibieron 845 llamados de alertas sobre presuntos hechos vinculados con drogas. La recopilación no discrimina por calidad de las denuncias.

La Procuraduría de Narcocriminalidad, el organismo federal del Ministerio Público Fiscal especializado en la materia, tiene otras estadísticas. En 2023 se iniciaron 475 causas en los juzgados federales de Neuquén y Zapala, los únicos dos asentados en la provincia.

El 48% comenzaron por investigaciones de las fuerzas de seguridad, y el 40% por denuncias ante el Poder Judicial.

En el 50% de los casos hubo una sola persona imputada, en el 11% hubo 2, en el 5% se imputó a 3 o más personas, y en el 30% de los casos no se registraron imputaciones.

El 43% de las causas se abrieron por tenencia de estupefacientes o precursores químicos para comercialización o transporte, y el 21% por tenencia de plantas o sus semillas con los mismos fines. Ese es, puede interpretarse, el narcomenudeo.

El 16% de los casos fueron tenencia simple, y el 13% tenencia para consumo personal. En teoría, estos casos no deberían ser criminalizados.

El criterio del juez


Pero como no hay una barrera sólida que separe un concepto del otro, queda a criterio del juez si la cantidad secuestrada en una determinada investigación puede considerarse para consumo personal, para comercialización, o tenencia simple.

Del criterio que se aplique dependerá quién seguirá a cargo del caso: si un juez federal o uno neuquino. En caso de duda prevalece el federal, dice la ley.

¿Excarcelables?


La provincia y el Federal tienen por ahora sistemas procesales distintos pero aplican el mismo Código Penal (donde está el catálogo de penas que le corresponden a cada delito). En el Federal la mayoría de los casos de narcomenudeo se resuelven con penas bajas.

Esto lo saben los impulsores de asumir la competencia en el narcomenudeo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Atascar el sistema con la hojarasca de condenas en suspenso que alimentarán el malhumor de una sociedad a la que prometieron mandar a los narcos a la cárcel?

Juicio directo y reincidencia


«En los casos de narcomenudeo se pueden aplicar las reglas del juicio directo», se entusiasma el fiscal general José Gerez. Se trata de un recurso poco utilizado del Código Procesal Penal para los casos de flagrancia que permite llegar a juicio con más velocidad y obtener condenas más rápidas.

Las penas son bajas (léase, excarcelables) pero el fiscal piensa en un antídoto de íntima vinculación: la reincidencia. «Si cerramos un quiosco narco y a la semana lo vuelven a abrir, lo volveremos a cerrar y los volveremos a condenar. Tendrán una nueva condena, y esta vez será de prisión efectiva», explica.

Cárceles y salud pública


El arco se sigue corriendo y el problema se traslada al sistema carcelario, que está colapsado. El ministro Nicolini entra en escena y asegura que habrá espacio para los nuevos detenidos en caso de que aumente la demanda. Algo que debería suceder, porque es la medida del éxito del plan que van a poner en marcha.

El otro frente es el de salud pública. El 85% de los casos que se abrieron por intervención de la policía, según las estadísticas de la Procunar, son de tenencia para consumo personal. Posiblemente el escenario sea el siguiente: se realiza un allanamiento en una vivienda para buscar, digamos, el producto de un robo. La policía encuentra unos gramos de marihuana, e inicia una causa por narcomenudeo contra alguien que vive en esa casa y es consumidor.

Nicolini, Gerez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, prometieron en reiteradas entrevistas que no criminalizarán a los consumidores quienes necesitan cuidados y atención. ¿El sistema de salud pública está en condiciones de brindárselos?

Ya quedó en evidencia que dentro de las cárceles hay un consumo altísimo de psicofármacos. De estupefacientes se habla menos, pero resulta revelador cuando es publicitada la anécdota de algún familiar que es sorprendido en ese acto de competencia desleal que representa tratar de introducir al penal unos gramos de marihuana ocultos.

Un nuevo camino


El gobierno y el Poder Judicial decidieron recorrer un sendero incierto, en el que no tienen experiencia (capacitaciones es la principal demanda) y donde las investigaciones son invasivas de la privacidad (horas de vigilancia, seguimientos, delaciones, intervenciones telefónicas) lo que exige estar atento al respeto por las garantías constitucionales.

Es posible que haya que analizar si es necesario fijar nuevas reglas sobre la preservación de la identidad de las personas, por razones de seguridad o de vulnerabilidad.

Seguramente antes de tomar la decisión se hizo un cálculo del costo-beneficio y la conclusión fue que vale la pena. Como dice Alberto Binder, una política criminal puede tener objetivos de disminución de un determinado fenómeno criminal; de control; de transformación o de relocalización.

Aún no revelaron cuál es el objetivo elegido en este caso.


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