El mercado ilegal de armas, muy poco investigado y menos controlado

La última encuesta nacional realizada por el Gobierno indica que el 7% de la población está armada, más del doble que los usuarios registrados, que no llegan al 3% de los argentinos. Uno de cada cuatro femicidios se concreta con arma de fuego

En las últimas semanas, varios hallazgos pusieron en alerta a diversos sectores de la justicia sobre dos fenómenos preocupantes: la existencia de verdaderos “arsenales clandestinos” ligados al crimen organizado, por un lado, y la circulación de armas cada vez más extendido, en especial en jóvenes que habitan los barrios más pobres de las principales ciudades del país.

No existen muchas estadísticas fiables sobre la cantidad de armas de fuego que circulan en la Argentina. El informe más completo es el realizado por la Anmac y el ministerio de Justicia a fines de 2023, donde realizan un balance de 15 años de las medidas para reducir la cantidad de armamento en poder de la población civil, denominado “Desarme voluntario en Argentina: 15 años de avances y desafíos”. Allí se describe que entre 2007 y 2023 murieron en el país al menos 36.882 personas en incidentes con armas de fuego, es decir que “alrededor de 7 personas por día pierden la vida por un disparo, ya sea por agresión, suicidio, accidentes o móviles no determinados”. Destaca de unos de cada dos homicidios dolosos cometidos en el país fue con un arma de fuego.

Contrariamente a lo que se cree, las muertes en ocasiones de robos violentos o en defensa propia son muy pocos, apenas el 10% de los casos. El 52% de los homicidios se produjo en “discusiones, riñas o conflictos intrafamiliares” mientras que un 8% fue por autodefensa.

Peligro para las mujeres

Aquí cabe también una mirada sobre las desigualdades de género: mientras el 99% de los usuarios registrados de armas de fuego son varones, el 25% (1 de cada 4) femicidios se comete con arma de fuego. Agrega el informe que las armas “también funcionan a modo de amenaza que permite al agresor mantener su control sobre las víctimas” en los casos de violencia de género. La Anmac recibe mensualmente casi 300 oficios judiciales relacionados a casos de violencia familiar o de género donde se encuentran involucradas armas de fuego.

La última encuesta nacional realizada por el organismo indica que el 7% de la población está armada, más del doble que los usuarios registrados, que no llegan al 3%. La política constante de reducción de armas logró reducir la cidra de un 9,8% en 2005 a la cifra actual, una merma del 2,7%.

Tres de los objetivos planteados por el programa fueron “intervenir económicamente en el mercado negro, regulándolo”, “lograr que haya menos armas disponibles para el delito”, y “recuperar no sólo las armas de criminales, sino de toda la gente”, disminuyendo la circulación general. Durante sus 15 años de vigencia, el plan permitió la entrega voluntaria de 208.483 armas de fuego y 2.091.132 municiones. Y se destruyeron 381.650 armas, casi 65 al día. Adrián Marcenac destacó que la diferencia se explica porque el plan también permitió destruir casi 200.000 armas que fueron secuestradas y estaban en depósitos judiciales, por lo cual se sacaron del “mercado” casi 400.000 armas de fuego en todo el periodo, casi el doble de la cantidad de usuarios registrados en regla.

Arsenales clandestinos

Más allá del éxito de este programa, varias informaciones muestran una realidad preocupante. Hace apenas un mes, el 12 de junio, un vasto operativo combinado de fuerzas federales halló un verdadero arsenal de más de 2.000 armas de fuego acopiadas de manera ilegal en 14 viviendas del conurbano bonaerense, una red que se extendía por siete partidos del conurbano pero también implicó a 3 dependencias policiales, desde donde se cree que se desviaban armas y municiones. Entre las armas encontradas figuran fusiles de asalto, ametralladoras, escopetas, rifles, cargadores, miras láser y telescópicas y hasta proyectiles de mortero presuntamente sustraídas de unidades militares. Cinco personas fueron detenidas. Se determinó que en algunos de los sitios se fabricaban cartuchos, balas y recargas de las vainas. Los sitios estarían ligados al crimen organizado.

Desde hace tiempo, el ministerio de Seguridad sospecha que hay una red de tráfico ilegal de armas que involucra a Paraguay, Brasil y a nuestro país desde la zona de la Triple Frontera, Rosario y el conurbano bonaerense. La red se extendería además hacia Chile y Bolivia, como destinos.

En Rosario, la detención de un adolescente de 15 años como autor del homicidio del playero Bruno Bussanich, como parte de la ola de violencia que vivió a principios de año esta ciudad, mostró a los investigadores la facilidad con que jóvenes de barrios vulnerables acceden a las armas.

El grupo de fiscales investigadores admitió que no existen investigaciones específicas sobre las rutas de las armas de fuego de las organizaciones criminales que usan a jóvenes para sus operaciones. Ni siquiera hay certeza de si se trata de un mercado precario y fragmentado o de redes de tráfico consolidadas y planificadas, o una combinación de ambas.

Si hay una característica que se repite en Rosario, Córdoba o el conurbano bonaerense: una cultura marginal que tiene a las armas como fetiche, donde a menudo jóvenes ligados al crimen se exhiben en las redes sociales alardeando de sus armas de fuego, orgullosos y desafiantes. Un investigador reveló hace poco al diario La Capital de Rosario, que se da una combinación fatal: “mano de obra barata y a disposición. Armas también”, señaló.

Una 9 milímetros que circula en la calle está valuada en alrededor de un millón de pesos, una cifra tentadora para que muchos de ellos se dediquen al robo de usuarios legítimos o se tiente a uniformados para el robo de elementos en depósitos policiales o militares.


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