Residuos peligrosos en Vaca Muerta: responsabilidades e influencia en el inversor
Los residuos peligrosos es un tema crucial que involucra diversas etapas y responsabilidades administrativas y penales, que conviene tener claro especialmente en contextos industriales como el de Vaca Muerta.
Tanto el Estado provincial como las generadoras de residuos tienen responsabilidades. Foto: archivo.
Por Martín Robledo (*)
Desde el año 2010 en adelante, se generaron miles de metros cúbicos (m3) de residuos especiales asociados a Recortes y Lodos de Perforación base Oil, los cuales ingresaron a las plantas de tratamiento producto de operaciones de perforación de pozos petroleros. Algunas de estas plantas aún surfean con las complicaciones del sector. Otras con menos suerte han quebrado o parecen estar en vías de hacerlo.
El caso más emblemático es el de la planta ubicada en el Parque Industrial de Plaza Huincul, que fue a la quiebra por resolución judicial, dejando miles de metros cúbicos de residuos sin tratamiento y sin gestión alguna posible por parte de la planta.
Más de 45 generadores de Residuos Peligrosos fueron instados por la Autoridad de Aplicación para el retiro y disposición final del material ante sus responsabilidades por ser dueños de los residuos acopiados en esa planta, según la ley Nacional y Provincial de Residuos Peligrosos. Este proceso está relativamente culminado, habiéndose retirado casi el total de los residuos.
Una situación similar se da en una planta en la ciudad de Neuquén, caso más que mediatizado, con un volumen acopiado de más de 230.000 m3. En el marco de un acuerdo de traslado entre el Estado provincial y la planta, llevó sus equipos a otro predio en Añelo y procesó los residuos ingresados.
Una parte de estos fueron llevados a disposición final por parte de los generadores, pero el volumen mencionado aún continúa a la espera de retiro y disposición final del material, a contra tiempo del avance de las urbanizaciones hacia la planta.
Son diferentes las empresas y las situaciones, pero lo común es la norma que las regulan y las responsabilidades de cada uno de los actores, tanto para el generador como para el tratador.
Es interesante cuidar al inversor que opta por arriesgar capital en nuestra provincia, dando trabajo como beneficio principal directo. Para esta tarea nada mejor que dejar clara las responsabilidades a la hora de invertir, tanto en el segmento de las concesionarias u operadoras hidrocarburíferas, como de aquellos que prefieren invertir en el segmento del tratamiento.
Principales Responsabilidades en la Gestión de Residuos Peligrosos
El generador de los residuos peligrosos tiene la responsabilidad primaria de asegurar la correcta gestión de los mismos desde su generación hasta su disposición final. Esto incluye garantizar que los residuos sean manejados de manera segura y ambientalmente adecuada, bajo los principios de Responsabilidad Extendida y de Debido Cuidado.
La planta de tratamiento de residuos es la encargada de realizar los procesos con miras a modificar las características físicas, la composición química o la actividad biológica, de modo tal que se eliminen, modifiquen o atenúen las propiedades peligrosas de los residuos.
Una vez que se cuenta con los certificados de tratamiento, viene la etapa de disposición final, que requiere que el generador realice los trámites necesarios ante la autoridad competente para obtener la liberación del material tratado y la autorización para su disposición final, es decir, el permiso del estado para retirar el material y llevarlo al sitio de disposición final.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051 y la Ley Provincial de Ambiente 1.875 establecen que el generador mantiene la responsabilidad hasta la disposición final de los residuos, principio conocido como “Responsabilidad de la Cuna a la Tumba”.
Residuos peligrosos en Vaca Muerta: desafíos y controversias
Una vez completadas las tareas de tratamiento, las plantas notifican al generador de los residuos, quien entonces debe tomar las riendas. Es responsabilidad directa del generador gestionar los permisos necesarios para el retiro y asegurar la disposición final adecuada del material.
Esta obligación emana claramente de la legislación vigente, asignando al generador un papel crucial en la última etapa del proceso de gestión de residuos peligrosos. Esta fase es fundamental para cerrar el ciclo de manejo de residuos de manera responsable.
En algunos casos se ha denunciado a las plantas por los acopios, siendo los propietarios, directores y gerentes de las plantas quienes enfrentan procesos penales por contaminación y en algunos casos por estafa, supuestamente por incumplimiento de contratos con los generadores.
En cualquier causa penal, por contaminación y estafa, se esperaría que tanto quien es titular dominial de los recursos naturales presuntamente contaminados, como lo es el estado provincial, así como la presunta víctima de estafa, como lo es el cliente o generador, se presenten en carácter de querellantes para conocer el caso y participar de las audiencias.
Los casos que más atención requieren son aquellos en los que los generadores niegan ser dueños del material almacenado para eludir responsabilidades, mientras que, por otro lado, la planta tratadora sostiene que el material ha sido procesado y que el generador no ha gestionado adecuadamente la disposición final de los residuos.
Como prueba de las posiciones de cada uno de los actores están las miles de declaraciones juradas que se realizan, no tanto por parte del generador, sino también por la tratadora, pudiéndose conciliar con el transportista, donde se evidencia los volúmenes que fueron generados, transportados, ingresados a una planta, tratados, liberados y a los cuales se les ha dado efectivamente disposición final.
El régimen penal de la ley 24.051 (…), dice que será reprimido con la pena prevista “El que, utilizando los residuos peligrosos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
En cuanto al Estado provincial, como titular dominial de los recursos naturales y autoridad de aplicación de las leyes ambientales, el estado provincial tiene un papel crucial en la regulación y supervisión de la gestión de residuos peligrosos y la identificación de responsabilidades.
Una gestión inadecuada de los residuos con una ineficiente actuación del estado, puede tener consecuencias ambientales y económicas significativas para la provincia, debería remediar cualquier daño a su costo, aunque tenga el derecho demandar ese gasto al responsable.
Las plantas de tratamiento cuentan con un seguro ambiental de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño que se identifique por su accionar. Sin embargo, ningún poder del estado provincial ha instado su ejecución, siendo el propio estado el beneficiario de la póliza de seguro y quien tiene el derecho para solicitar su ejecución.
Residuos peligrosos en Vaca Muerta: interpretación de la Ley y Resolución del Conflicto
La gestión de residuos peligrosos sigue el principio de responsabilidad extendida, donde el generador es responsable de los residuos desde su generación hasta su disposición final y por los daños que estos puedan generar, no pudiendo excusarse por habérselos entregado al tratador.
El dueño de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por culpa de un tercero, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado que le corresponde como generador. Es decir, las continuas auditorías e inspecciones al tratador por parte del generador no solo es obligaciones contractual sino también legal.
Se debe contar con una intervención clara y decisiva por parte de las autoridades competentes para interpretar y hacer cumplir las leyes vigentes de manera de que se pueda tener claro el tema para los futuros casos.
La identificación clara de las responsabilidades y la rapidez en la resolución de los conflictos proporcionará seguridad jurídica al inversor y asegurará la sostenibilidad de la industria en la región de Vaca Muerta.
Temas como algunos de los más mediatizados afectan al inversor. Lo que se puede interpretar rápidamente por lo que se lee de las recurrentes notas periodísticas sobre la misma problemática es que son cuestiones que no tienen solución o los responsables no las encuentran porque no pueden o porque no quieren. La falta de resolución puede deberse a grises en las normas o a deficiencias en su aplicación.
Este caso subraya la importancia de una gestión responsable de residuos y el estricto cumplimiento de las normativas ambientales, resaltando la necesidad de una colaboración efectiva entre empresas y autoridades para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad jurídica que es, junto a la roca divina, la que atrae y sostiene las inversiones de Vaca Muerta.
(*) El autor es abogado, Licenciado en Ambiente y Fundador del Estudio Robledo y Asociados. Excoordinador de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén.
Por Martín Robledo (*)
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