Legisladores de Neuquén, a favor de que se abran “los sobres” para conocer su patrimonio
Tanto el oficialismo como la oposición debatieron un proyecto para reformar la ley que regula la presentación de la documentación. Según el listado al que accedió RIO NEGRO ni siquiera los y las 35 diputadas actuales informaron sus bienes.
Brenda Buchiniz es la autora del proyecto de ley que se discute en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Foto Cecilia Maletti.
«¿Se quiere buscar?», preguntó la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir-La Libertad Avanza) y estiró su brazo con la nota impresa de RIO NEGRO, en la que figura el listado de funcionarios y funcionarias que presentaron su declaración jurada patrimonial desde diciembre 2023 a mayo de 2024. Marcelo Bermúdez (PRO) se encontró rápidamente. «Ni siquiera estamos todos los diputados, me parece importante que tengamos este debate», agregó la legisladora, autora del proyecto para reformar la ley 5 de la provincia, que lleva vigente 66 años.
El gobernador, la vice, ministros, ministras, legisladores y jueces deben presentar antes de asumir su cargo una declaración patrimonial que tiene carácter secreto. El procedimiento no contempla ninguna forma de acceso público a esa información, ni la obligación de realizar el mismo mecanismo a la salida del puesto. Es tan vetusto que se guarda en un sobre cerrado, lacrado y firmado.
«Cualquiera podría haber puesto un papel de caramelo adentro del sobre», afirmó el diputado Claudio Domínguez (MPN) en la discusión que tuvieron ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales. La ley permite abrirlo si hay una orden judicial, aunque casi nunca se utiliza en las investigaciones: rara vez la fiscalía se interesa por analizar el patrimonio del funcionariado y cuando asombrosamente lo hace recurre a los registros de la AFIP.
En 2016 RIO NEGRO publicó que ningún diputado o diputada lo había presentado. «Ellos saben, es un deber de funcionario público. Nosotros no podemos estar detrás de todos para que te entreguen las cosas», contestó la entonces escribana de Gobierno, que recibe la documentación y hace la ceremonia del sobre.
Los datos que obtuvo este diario fueron a raíz de un pedido de acceso a la información pública impulsado por el abogado Federico Egea y su colega Angélica Acosta Meza: desde 1991 a la fecha 128 personas con responsabilidad pública cumplieron con su obligación.
«La sociedad nos lo está demandando, nos hemos dado cuenta en esta última elección, sobre todo, que la gente está cansada de los privilegios, que está cansada de esta protección de casta que entienden que los políticos ejercitábamos o ejercíamos hasta ahora, ojalá que podamos cambiarlo», aseguró Buchiniz.
Señaló que tanto Egea y Acosta Meza deben ser invitados a la comisión para hacer su aporte.
El diputado Francisco Lépore (Avanzar) indicó que «en líneas generales» estaba de acuerdo, y consideró que habría que pedirle opinión al Tribunal de Cuentas de la provincia.
La vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina (Comunidad), mostró sus dudas sobre la propuesta. Si bien mencionó que había presentado sus declaraciones en 1995, 2007, 2011 y la última en 2023 (en el listado aparece), manifestó: «yo no sé si a mi me interesa que sea público el número de la patente». Lo mismo refirió sobre su domicilio. «Aunque casi todo el mundo sabe donde uno vive», se respondió. Dio a entender que la función pública había deteriorado sus ingresos: «yo cuando ingresé tenía mucho más capital que cuando salí de la administración pública».
«Son dos cosas distintas: una cosa es dar a conocer un domicilio, pero acá lo que se intenta no es dar a conocer un domicilio, sino investigar el patrimonio de un funcionario público», planteó Domínguez. Añadió: «nosotros decidimos hacer pública nuestra vida», en relación a que son las «reglas de juego» cuando una persona se postula para una elección.
El legislador Andrés Blanco (PTS-FIT) sostuvo que «es un chiste» si abren su sobre, por los pocos bienes que encontrarán. Enfatizó en que el proyecto no resuelve el tema de la corrupción, porque existen figuras como la de los testaferros. Reconoció que es «un paso».
«¿Qué prohibe ahora a alguien investigar el patrimonio de alguno de nosotros si hubiera una denuncia?», dijo el diputado Alberto Bruno (Hacemos Neuquén). Subrayó: «no hay nada que lo prohiba, para eso está la justicia, hay una base de datos en la AFIP, todos podemos ser investigados».
Remarcó que hay «un exceso absoluto en lo que hace al desprestigio de nosotros mismos, de la clase política». «Yo les quiero decir que para que haya corrupción en la clase política principalmente tiene que haber un privado que esté dispuesto a generar esa corrupción, porque sino no habría ningún tipo de corrupción», mencionó.
Bermúdez marcó que para ir a una sesión «¿no habrá que tener una declaración jurada presentada?, ¿uno puede legislar sin haber respetado la legislación que a uno específicamente le toca?». Advirtió que para leer las declaraciones hay que tener en cuenta «la inflación y la devaluación», y puso como ejemplo que si uno de ellos hubiera comprado en el año 2000 una casa en Mari Menuco a 28.000 pesos hoy su precio es de 150 millones de pesos y eso después «hay que salir a explicarlo».
El presidente de la comisión, Ernesto Novoa (Comunidad), prometió seguir trabajando el tema. Su nombre es uno de los que falta.
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