Interés de privados anticipa fuerte puja por el manejo de la basura en Bariloche
La empresa que hoy opera el vertedero bajo contratación directa quiere tener preferencia en la prometida licitación. Presentó una iniciativa privada al municipio, tal como lo había hecho ante la provincia.
El municipio sigue en deuda con el manejo del vertedero ubicado sobre la ruta 40 y está lejos de conformar a los vecinos. (archivo)
Antes de que el municipio formalice el llamado a licitación que prometió el intendente Walter Cortés para ceder a un privado la operación del vertedero de residuos ya hay registro de un fuerte interés por ingresar a ese negocio y la empresa que hoy está a cargo del servicio por contratación directa decidió anticiparse a sus competidores con la presentación de una iniciativa privada.
Rowing SA es la firma que hoy gestiona la apertura de celdas, el acondicionamiento y el entierro de basura en el vertedero, aunque lo realiza con contrato vencido, porque Cortés nunca firmó la extensión del acuerdo con esa compañía, que heredó del exintendente Gustavo Gennuso y que le garantiza un pago mensual de más de 150 mil dólares.
Aun así, Rowing demostró el expreso interés de quedarse en Bariloche. Y con ese fin presentó en abril un nuevo plan de trabajo bajo la figura de iniciativa privada para continuar con el tratamiento e “industrializar” la basura que genera la ciudad, a razón de 150 toneladas diarias.
Si el municipio abre el proceso solicitado por Rowing le otorgará prioridad en la futura compulsa, que tendría a priori varios competidores. El intendente Cortés dijo que al menos seis o siete empresas entraron en contacto con él desde que asumió con el interés de ingresar al “negocio” de la basura.
La empresa originaria de Buenos Aires que hoy opera el vertedero ubicado sobre la ruta 40 Sur ya presentó el año pasado una iniciativa privada del mismo tipo al gobierno provincial, con la propuesta de desplegar un “sistema integral” de tratamiento de residuos de alcance regional.
En ese entonces la gobernadora Arabela Carreras (en competencia por gobernar el municipio de Bariloche), llegó a presentar la iniciativa a todos los intendentes de la región, incluso con un sitio posible de localizacion, a 14 kilómetros de Comallo.
Según Cortés, las propuestas técnicas que llegan al municipio son muy variadas y los tipos de aprovechamiento de los residuos también, por eso los pliegos de la licitación, por indicación suya, serán lo suficientemente abiertos para que ninguna alternativa quede de entrada fuera de juego.
Igual, las condiciones de la licitación deberán ser evaluadas y aprobadas por el Concejo municipal, donde algunos de sus integrantes ya anticiparon una mirada crítica y una amplia carpeta de exigencias. Una de ellas es que se cumpla con el objetivo señalado por una ordenanza todavía vigente, que obliga a erradicar el vertedero de su actual ubicación.
Una deuda que crece
A pesar de la voluntad de continuidad demostrada por la empresa, la relación del municipio con Rowing está lejos de transitar sobre ruedas.
Gennuso le otorgó la primera contratación directa a fines de 2022 para realizar trabajos “en el manto” de basura y “en el predio en general”. A comienzos de 2023 prorrogó el acuerdo (también sin licitación) para que Rowing se encargue de operar el basural con el empleo de una retroexcavadora, una pala cargadora, una topadora y dos camiones volcadores. Dos semanas después le amplió el contrato para que incorpore trituradora Arjes Impact 250 y otra retroexcavadora, cuyo alquiler . La empresa también cuenta en el lugar con ocho empleados propios, al margen del personal del municipio.
El canon acordado es de 97.000 dólares mensuales en el contrato base y otros 75.000 dólares por la ampliación. Pero ambos están vencidos desde noviembre. La nueva gestión asumida el 8 de diciembre se abstuvo de renovarlos y tampoco abona -según lo reconoció Cortés- los vencimientos mensuales que factura Rowing. La deuda resultante supera los 863.000 dólares.
El Tribunal de Contralor tiene la mira puesta en ese vínculo comercial y en el pasivo acumulado, especialmente en el interés aplicable, que según la documentación aportada por el Ejecutivo sería un oneroso 6% anual.
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