Política

Por qué no podemos conocer el patrimonio de los funcionarios de Neuquén

La normativa que regula la presentación de las Declaraciones Juradas en la provincia data de 1958. Es restrictiva para el acceso a la información pública. La ley rige para funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Desde 1991 a 2024 solo 128 cumplieron con su obligación e hicieron la presentación.

Por Emiliana Cortona

08/06/2024 01:15

El acceso público a la información patrimonial es garantía de transparencia en el ejercicio de la democracia. Foto: Cecilia Maletti

La normativa que regula la transparencia en los patrimonios de los funcionarios públicos en Neuquén es vetusta. Data de 1958 y desde entonces, perpetúa lógicas que van en contra del acceso a la información pública.

Exclusivo Suscriptores

Aguinaldos con «fondos propios» en Neuquén y la exorbitante suma que necesitará Rolando Figueroa

La ley N°5 de Neuquén obliga, antes de asumir, al gobernador, vice, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, funcionarios y empleados de la Administración Pública centralizada o descentralizada, Funcionarios de la Policía Provincial desde la categoría de Subcomisario a rendir cuentas de su patrimonio ante la población neuquina. ¿Es de libre acceso para toda la población? No. ¿La presentaron todos los funcionarios? No ¿Todos los diputados? Tampoco ¿Todos los jueces y fiscales? Tampoco.

Las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios provinciales, a diferencia de las nacionales, no son públicas. La ley N°5 es restrictiva si se habla de transparencia y acceso público a la información. Las declaraciones juradas patrimoniales, según esta normativa, se presentan ante la Escribanía de Gobierno y son de carácter secreto, se guardan en un sobre cerrado, lacrado y firmado. Que solo pueden ser abiertos en caso de investigación sobre enriquecimiento ilícito, o requerido por el firmante o de un juez competente.

La pregunta que surge es: ¿Por qué es relevante que cualquier ciudadano pueda acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos? “La transparencia en la política es la manera de controlar que la función pública no es un privilegio para pocos”, explica la abogada María Angélica Acosta Meza, “si hacen bien su trabajo ¿Por qué no muestran sus patrimonios? ¿Por qué no publican año tras año sus declaraciones juradas? ¿Por qué no las hacen públicas?”.

“Esta ley establece un sistema de secretos que es innecesario, es contraproducente y además establece sanciones para quien revele ese secreto. O sea, cuando sancionaron esta ley, los legisladores estaban pensando en ellos mismos, no estaban pensando en el ciudadano con derecho a la información”, explica el abogado Federico Egea.

La normativa tiene una particularidad, deja librado a la subjetividad del funcionario cuando presentar una actualización de su patrimonio. Textualmente la normativa dice que lo debe hacer “en los casos de modificaciones sustanciales de los patrimonios”.

Ambos abogados presentaron, dos pedidos de acceso a la información pública (reglado en la ley 3044), uno en 2023 y otro en 2024, para solicitar a la Escribanía General de Gobierno, que entregue la nómina de funcionarios y funcionarias que no hayan presentado su Declaración Jurada.

De ambas presentaciones obtuvieron un listado de los funcionarios que si las presentaron. Según lo entregado por la Escribanía General de Gobierno desde 1991 hasta la actualidad, de todos los funcionarios públicos que han cumplido funciones en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, solo 128 han presentado su Declaración Jurada.

Si tomamos como referencia la última gestión de Omar Gutiérrez, del listado entregado se conoce que en 2019 presentaron su Declaración Jurada 14 funcionarios de los tres poderes. En 2020 solo 15; en 2021 lo hicieron 4, en 2022 ninguno y en 2023 solo 4. De la gestión de Rolando Figueroa desde el 14 de diciembre del 2023 al 29 de mayo del 2024 lo hicieron 41 funcionarios. La mayoría del oficialismo o en alianza con el gobierno.

Aunque vale la insistencia: la obligación de presentar las declaraciones juradas incluye a funcionarios del Poder Ejecutivo, pero también del Legislativo y Judicial. Recae sobre oficialistas y opositores. Para dimensionar estos números alcanza con saber que la Legislatura de Neuquén está compuesta por 35 diputados. Y todos deberían haberla presentarla. O que en el Poder Judicial de Neuquén en 2023 tuvo 79 magistrados (jueces y juezas) y 720 funcionarios (fiscales y defensores) y todos también deberían haberla presentado.

“De estos listados surgen algunos puntos interesantes”, dice Egea y enlista: “hay mucho desconocimiento de la ley, mucho funcionario que no conoce sus obligaciones, lo cual es gravísimo. Por otro lado, parece que hay mucha gente que no le interesa que su declaración se conozca, porque cada funcionario independientemente de esta ley puede publicar anualmente sus declaraciones en las redes sociales para mostrar su transparencia, pero casi ninguno lo hace”.

Por otro lado, los abogados marcan un punto central: “no hay intención por parte de funcionarios ni de la Escribanía General de Gobierno que se cumpla esta ley”. La normativa también establece que si lo funcionarios no presentan su Declaración Jurada la Escribanía General de Gobierno debe intimarlos y si persisten, retenerle sus haberes. En las presentaciones que los abogados hicieron le consultaron a la Escribanía cuáles habían sido las medidas adoptadas frente a los funcionarios que incumplen. “Contestaron que no pueden hacer nada”, explica Egea, “porque los ministerios no le informaron quienes no la presentaron. Parece joda, pero no. Es una anomia total. La ley no se aplica porque no la cumplen y porque no hay interés en hacerla cumplir”.

“Lo que hace la Escribanía General de Gobierno, en este caso concreto”, describe Egea, “es defender el privilegio de que no tengan que rendirle cuentas a nadie y que nadie pueda saber el patrimonio de los funcionarios. Porque la Escribanía no tiene que esperar a que le informen, puede y debe requerir información”. Y en este punto el abogado suma un dato más: “la ley de Administración Financiera de la Provincia (2141) también obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas y tampoco lo hacen, o sea, están incumpliendo dos leyes”. Y agrega: “La Escribanía y los funcionarios que no presentan sus declaraciones incumplen en el artículo 102 de la ley 2141, que los obliga a responder por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia sufra la hacienda pública. Es decir, no controlar es consentir un acto que posibilita la corrupción”.

Vale pensar ¿Qué hubiese pasado si la población hubiese tenido acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios implicados en la estafa con planes sociales? ¿Algún Fiscal se hubiese sentido en la obligación de investigar? ¿Habría sido una manera de evitar el acto de corrupción?

La abogada Acosta Meza retoma: “Esta idea de rendir cuentas es inherente a la función pública, es inherente a su cargo. O sea, si sos funcionario público tenés que rendir cuentas, porque manejas erario público”.

“Si”, agrega Egea, “hay un imaginario de que rendir cuentas supone una invasión a la vida privada, pero es falso. Hasta los monotributistas presentan su Declaración Jurada de bienes todos los años. Todo el mundo lo hace. Presentar una Declaración Jurada no vulnera nada. Rendir cuentas es parte de las condiciones del ejercicio de la función”.

Rolando Figueroa criticó los cierres en Radio Nacional y dijo que luchará para mantenerla en Neuquén

Vale retomar las preguntas del comienzo. ¿Por qué es relevante que la población acceda a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos? Esta vez lo contesta María Angélica Acosta Meza: “porque de lo contrario es violencia institucional. Cuando el Estado crea una estructura que nadie puede controlar o incluso incumple las leyes y nadie hace nada, eso es violencia institucional porque el ciudadano no tiene forma de controlar. El Estado está utilizando normas para proteger privilegios y no para garantizar derechos, el de la información, el de la transparencia por ejemplo”.

“¿Por qué es importante?”, repregunta Egea, “el fin de este cuento es la corrupción impune. Porque la corrupción implica: menos escuelas, menos alimento en los comedores, menos salud pública, por ahí pasa la violencia institucional”.

Un proyecto de ley que tampoco garantiza transparencia

La diputada Brenda Buchiniz del bloque Cumplir – La Libertad Avanza ingresó en marzo de este año un proyecto de ley en la Legislatura de Neuquén para regular la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios púbicos.

Egea y Acosta Meza analizaron la iniciativa y aseguran que es un texto que no garantiza ni transparencia ni acceso democrático a la información patrimonial de los funcionarios provinciales.

Advierten que el texto propone la creación de un anexo reservado para presentar los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad, por ejemplo, al cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados. “Esto constituye una franca violación a los principios de publicidad y máxima difusión. En gran medida reproduce el sistema de la actual ley N°5 dado que impide conocer la real situación patrimonial del sujeto controlado y fomenta la transferencia de bienes con finalidad de elusión de control”, aseguran.

Otro aspecto, explican, es que el universo de sujetos obligados a presentar las declaraciones juradas (funcionario, cónyuge e hijos menores no emancipados) es acotado y favorece la transferencia de bienes a otras relaciones cercanas de parentesco, por ejemplo, al hijo mayor, padres, hermanos, que podrían tener fines de elusión.

Por último, llaman la atención sobre la autoridad de aplicación propuesta en el proyecto: el Ministerio de Gobierno de la Provincia del Neuquén. “Este aspecto no supera el estándar de vinculación entre sujeto controlado y sujeto controlante, resulta sumamente inconveniente que la autoridad de aplicación este conformada a su vez por funcionarios que están sujetos a control, ello también propende a la elusión y resulta contrario a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y a la Convención Americana Contra la corrupción”, explican.

Quienes son los funcionarios que presentaron su Declaración Jurada Patrimonial:

Según lo entregado por la Escribanía General de Gobierno al segundo pedido realizado por Egea y Acosta Meza, estos son los funcionarios que presentaron su Declaración Jurada Patrimonial desde diciembre 2023 a mayo de 2024:

-BARTUSCH, MARIANE ANGELICA

-BERMUDEZ, MARCELO GABRIEL

-BOLAN REINA, ALEJO RODRIGO

-BRUNO, ALBERTO RAUL

-BUCHINIZ ZANIUK, BRENDA NATALIA

-CANUTO, DAMIAN ROBERTO

-CARRIZO MOLINA, LILIA MARÍA DELIA

-CASTELLI, LUCAS ALBERTO

-COGGIOLA, CARLOS ALBERTO

-CORROZA, JULIETA

-ETCHEVERRY, ALBERTO RUBÉN

-FENIZI, NATALIA JULIETA