Tensión por la ayuda alimentaria en Río Negro: cortaron una ruta, la Justicia actuó de oficio, pero acusan al Gobierno
Más de diez dirigentes de organizaciones sociales fueron citados por el bloqueo a la Ruta 6, en Roca. Desarrollo Humano niega haber impulsado la causa.
La protesta del 22 de mayo pasado, cuando la Ruta 6 permaneció bloqueada durante buena parte del día. (Foto: Archivo / Juan Thomes)
Lejos de aplacarse los ánimos, la relación entre el gobierno rionegrino y las organizaciones sociales de Roca que reclaman asistencia alimentaria está nuevamente bajo tensión.
“Ayer, el Gobierno de la provincia debía informar sobre la ayuda a los comedores, como lo había prometido el ministro Juan Pablo Muena. En lugar de eso, optaron por denunciar a dirigentes de los movimientos sociales”, sostuvo un comunicado emitido por la UTEP y el Movimiento de Trabajadores Excluidos.
La queja de esas agrupaciones tiene su origen en los oficios que comenzaron a recibir referentes de las agrupaciones que días atrás ocuparon la sede administrativa de la Provincia y que bloquearon luego el tránsito sobre la Ruta Provincial 6, a la altura de Paso Córdoba.
“Delito contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación” es la imputación específica planteada en el legajo penal, que tiene como responsables a los fiscales Marcelo Ramos y Vanesa Giardina.
Los dirigentes identificados en la causa son Pablo Collio, Emilio Galli, Walter Sánchez, Gustavo Rodríguez Fernández, Andrea Zúñiga, María Belén García, Claudia Reyes y Anabela Colipe. La mayoría forman parte de la Corriente Clasista y Combativa y de la Fenat, organizaciones que endurecieron sus reclamos, asegurando que “la política de hambre y entrega promovida por Milei también es impulsada en la provincia por Weretilneck”.
“La respuesta de este gobierno al hambre parece ser la criminalización de la protesta social, demonizando y persiguiendo a quienes luchan contra el hambre, con denuncias y allanamientos en las casas de los y las dirigentes”, enfatizaron en el comunicado emitido por las organizaciones.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano consultadas por Diario RÍO NEGRO aseguraron que el Ejecutivo provincial no impulsó ninguna denuncia concreta a partir de los hechos ocurridos días atrás en el centro de Roca y en el puente de Paso Córdoba.
Y esa versión fue confirmada por funcionarios del Ministerio Público Fiscal, quienes informaron a este diario que el legajo fue iniciado de oficio ante la obstrucción de una ruta provincial.
Lo que también se advirtió desde la Justicia es que los 10 identificados inicialmente no serán los únicos que deberán designar abogado defensor y que una vez que todas las personas investigadas queden notificadas se seguirá avanzando con el expediente.
La manifestación aludida ocurrió el 22 de mayo y estuvo muy cerca de ser desalojada, con presencia en el lugar del Grupo COER de la Policía y del ministro de Seguridad de la provincia, Daniel Jara.
Todo se distendió a partir del compromiso de reunirse en Viedma, el martes pasado, para debatir sobre los mecanismos más eficientes de entrega de alimentos a las familias vulnerables.
Ese encuentro se hizo y desde Desarrollo Humano insistieron en que no admitirían más intermediación para la entrega de alimentos. De todas maneras, se llegó a un principio de acuerdo para trabajar en forma conjunta en la identificación de las familias vulnerables que necesitan aportes del Estado para subsistir.
La tranquilidad duró muy poco y ayer una de las referentes de las organizaciones sociales dijo a Diario RÍO NEGRO que “si bien habíamos quedado en que ellos bajaban a nuestros espacios sociocomunitarios para relevar a las familias que necesiten, nos acercamos a las delegaciones y nos dijeron que no tenían orden para hacerlo de esa manera, sino que teníamos que entregar los listados”.
“La respuesta es seguir estigmatizándonos, es criminalizar la protesta. Nos preguntamos: ¿quiénes deben ser enjuiciados? ¿Los funcionarios de la desidia y el hambre o quienes luchan por lo que es justo y necesario?”, plantearon.
Afirmando que “nuestra lucha afecta intereses de las petroleras, mineras y la ruta del fracking. Intereses de las multinacionales del petróleo que se embolsan miles de millones de dólares”, las agrupaciones que manejan merenderos y comedores dijeron finalmente que “no tenemos miedo de luchar, menos aun cuando en los barrios el hambre abunda y seguimos sin respuestas”.
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