Policías con armas «no letales» en Neuquén: el Comité Contra la Tortura propuso debatir un modelo de seguridad «eficiente y democrático»

El Comité Contra la Tortura de Neuquén emitió un diagnóstico crítico sobre el proyecto para autorizar a la policía de la provincia a utilizar armas «no letales», que comenzó a tratarse en la comisión de Derechos Humanos y ya generó resistencia de la APDH. Tras un minucioso análisis, el organismo creado por ley señala por ejemplo que «se observa la falta de definiciones, contexto legal, respaldo teórico y conceptual sobre las armas de las que habla el proyecto, así como la ausencia de referencia a un marco de política de seguridad pública».

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Como propuesta alternativa, propone «un espacio de debate interdisciplinario de políticas públicas en seguridad con perspectiva en Derechos Humanos» y «llevar adelante acciones de articulación entre los ministerios y organismos que se considere pertinentes, mesas de trabajo o convenios de colaboración, a fin de acordar pautas comunes de acción y/o abordar adecuadamente los distintos obstáculos y dificultades que se presentan en todo el territorio provincial en torno a un modelo de seguridad eficiente y democrático».

El proyecto de las armas menos letales fue elaborado por Marcelo Bermúdez, de PRO-NCN, y lo acompaña su bloque. Apoyado en documentos de las Naciones Unidas, el Comité advierte que «el problema estriba en que en algunos casos las ‘armas menos letales’ son, en realidad, letales y pueden provocar lesiones graves».

«Utilizar la denominación de ‘armas no letales’ nos pone frente a la posibilidad de que se perciba acríticamente que dichos instrumentos carecen de la posibilidad de matar o de herir gravemente, lo cual es, a la luz de las estadísticas internacionales en esta materia, falso», remarca.

Por otra parte, «se observa la ausencia de definición a qué tipo de armas menos letales se refiere, y consideramos esto un vacío importante». El Comité añade al respecto que «debe quedar bien explícito en el proyecto de ley qué tipo de armas menos letales se incorporarían a las ya existentes y analizar su utilización desde una perspectiva legal en materia de derechos civiles y humanos en el marco de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial».

Añade en tono crítico: «Se observa ausencia de diagnóstico del cual se desprende la oportunidad de este proyecto, no se definen criterios objetivos basados en datos, estadísticas, informes, de los cuales se parte para suponer que es necesario la utilización de este tipo de armas. Asimismo, se destaca la ausencia de una propuesta clara de política pública de seguridad ciudadana donde se inserten los objetivos de este proyecto».

Por el Comité, firman Estefanía Buamscha (presidenta); Roberto Samar (vicepresidente); Araceli Genco; Pablo Scatizza; Silvia Couyoupetrou; Pablo Meuli; Jorgelina González y Néstor Giménez.