Las irregularidades que detectó la exintendenta de Cinco Saltos que complican a exfuncionarios
El exjefe comunal Germán Epul y el exsecretario de Obras Públicas Diego Palacios están acusados de administración fraudulenta. Este jueves declarará el dueño de la empresa que ganó la licitación.
Los cheques diferidos que se pagaron para la compra de adoquines que nunca se entregaron al municipio de Cinco Saltos fue uno de los cuestionamientos que planteó la exintendenta Liliana Avarado. La peronista fue la primera testigo en el juicio contra otro exjefe comunal Germán Epul y el exsecretario de Obras Públicas, Diego Palacios acusados por administración fraudulenta.
«Es una forma poco común en la administración pública», indicó y detalló que los pagos debían haberse cancelado en la medida en que la empresa que ganó la licitación no cumplió con la entrega del material: «No se explica porque se siguieron con los pagos». Alvarado fue quien impulsó la denuncia cuando asumió el cargo en 2019, luego de una auditoria interna y externa.
En los alegatos de apertura el fiscal jefe Gustavo Herrera detalló la supuesta maniobra delictiva que hicieron los imputados y aseguró que se trató una compulsa de precios con el fin de montar una empresa con recursos del Estado. Un actor fundamental en este proceso es el titular de la empresa que ganó la licitación: Nazareno Lozano.
El empresario que prestará testimonio mañana adelantó en audiencias previas que fue presionado a participar en la licitación con la amenazas de perder contratos que tenía con el municipio. Incluso ante el sinceramiento del dueño de Nalozano quien aseguró que no contaba con ese material: 4,500 metros de adoquines para la pavimentación de una calle en la ciudad.
El real interés, según al teoría de la fiscalía, era comprar adoquinera propia par prestar servicios a Cinco Saltos y otros municipios de la zona. La calle nunca se pavimentó y los adoquines, hasta el día de no aparecieron. Solo se entregaron una porción pero en mal estado y sin cumplir con los requisitos de calidad que prevé la ley.
«El municipio a través de los imputados contrató la compra de adoquines por 4500 metros, pagaron a través de cuatro cheques una suma total de 2.4 millones de pesos y los adoquines nunca aparecieron”, sintetizó el fiscal jefe a cargo de la acusación.
El abogado de la querella que representa al Municipio agregó que “el objetivo de los imputados era enriquecerse” y que al finalizar el juicio el “inexorablemente va a llegar a una declaración de culpabilidad”.
Los defensores de los imputados en cambio plantearon que no hubo administración fraudulenta. Incluso Rodrigo Arenas, defensor de Epul, alegó que era responsabilidad de Alvarado, intendenta entre 2019 y 2023- reclamar la deuda que tenía la empresa.
Por su parte Rafael Cuchunelli, defensor de Palacios, señaló que la teoría de la fiscalía era un conjunto de «promesas» que no va a poder cumplir con los testimonios. Palacios declaró antes del inicio de los testigos y aseguró que el no tenía acceso a las cuentas ni a las firma de los contrarios, que era responsabilidad del área de legales.
Las defensas particulares coincidieron en que lo ocurrido encuadra dentro de un incumplimiento contractual y que debe ser resuelto en ese fuero y no dentro de un proceso penal. Mencionaron además que los actos administrativos eran válidos y apuntaron al propietario de la empresa como un posible responsable de los perjuicios al Estado municipal.
El juicio continuará este jueves y está previsto que finalice el viernes. Sin embargo, previo al inicio de las declaraciones testimoniales, se advirtió que el juicio podría demorarse. El tribunal está integrado por las juezas Florencia Caruso y Alejandra Berenguer y el juez Julio Sueldo.
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