Denuncian un intento del Gobierno para desregular el precio de las prestaciones de discapacidad
Habrá una movilización este miércoles por la tarde en Bariloche y en distintos puntos del país.
El decreto solo requiere de una firma. Foto: archivo
«No al decreto que destruye el sistema de atención a las personas con discapacidad«. Se trata de la consigna para la cita de este miércoles a las 18 en el Centro Cívico de Bariloche. El reclamo de organizaciones civiles, profesionales, familias y personas con discapacidad es en rechazo a la desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad que impulsa del gobierno nacional y se replicará a otros puntos del país.
«Estamos muy preocupados por esta medida. Solo falta la firma del presidente Javier Milei», explicó Jimena Juárez, licenciada en Psicopedagogía, en alusión a los argumentos de los funcionarios responsables del proyecto que han manifestado que solo se trata de un borrador. Sin embargo, ya cuenta con un dictamen de la Oficina Legal y Técnica y solo falta la firma del jefe de Gabinete o del presidente.
El proyecto se difundió el 8 de mayo y tiene la intención de eliminar el costo único para prestaciones, un logro de las organizaciones civiles para las personas con discapacidad en 1997 con la Ley 24.901. Con la iniciativa de La Libertad Avanza, cada financiador podrá decidir el valor de una cobertura.
Juárez advirtió que ese decreto «desregula el nomenclador que establece los aranceles que corresponden a cada prestación de discapacidad». «Ese nomenclador hoy se decide en conjunto con distintos organismos que forman parte de una comisión directiva. A partir de ahora, esos valores los define cada uno y son acuerdos no vinculante; es decir, cada prepaga u obra social define el valor de la prestación«, puntualizó y calificó la decisión como «clasista en relación al acceso a la salud«.
«Hoy hay una accesibilidad universal e igualdad de condiciones para cualquier persona. No importa la obra social que tengas u cuánto aportes. Todos reciben las mismas pretaciones», acotó Juárez.
Consideró que con las nuevas medidas, las prepagas y obras sociales «no ofrecerán nada muy favorecedor. Va a quedar librado a que la persona pueda pagar esas prestaciones. O no«.
Juárez justificó que no se trata de «una conclusión apresurada» y citó el caso de los acompañantes terapéuticos que, hoy, «no están incluidos en ese nomeclador». «Cada obra social indica cuánto les paga que es nada. Entonces, el prestador no recibe un honorario acorde y la persona con discapacidad no puede recibir la prestación», mencionó.
Mencionó también a los centros educativos terapéuticos o centros de día donde las personas con discapacidad pasan gran parte de su día o realizan rehabilitaciones. O los servicios de transporte que hoy, atraviesan un «desfasaje del 100%». «Esta precarización aplica a todo. Y hay que agregar que los prestadores facturan hoy y cobran a fines de septiembre«, indicó.
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