¿Alguien quiere pensar en los ríos? Neuquén y Río Negro cobrarán a las represas, pero olvidan lo más importante
El debate sobre la propiedad del recurso y el futuro de las hidroeléctricas soslaya el uso primordial del agua.
El Chocón es la obra con el embalse más grande de la región.
El debate en torno de las represas que embalsan los ríos en las provincias de Neuquén y Río Negro se ha circunscripto hasta ahora a la propiedad de las hidroeléctricas y el cobro de un canon por el uso de los recursos naturales, pero los gobiernos de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck dejaron de lado lo más importante: el manejo del agua y el uso vital que hacen las poblaciones ubicadas en la cuenca.
Hace tres décadas, cuando el Estado nacional decidió dividir la empresa Hidronor en unidades de negocios para su concesión por separado, la acción de las provincias (sus gobiernos y sus organizaciones civiles) se enfocó en el manejo del agua. El empoderamiento de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que ya estaba creada, y la puesta en marcha del Orsep (el regulador de la seguridad de las presas) son hijos de esas acciones, que quedaron plasmadas en lo que se llaman «normas de manejo del agua».
Ese conjunto de medidas son las que permiten la administración del agua como recurso vital (uso sanitario, industrial, agrícola, domiciliario) y la atenuación del impacto de las crecidas (o las sequías) en las poblaciones ubicadas sobre el curso de los ríos o aguas abajo de las presas.
Esas facultades y atribuciones otorgados a una autoridad local en el manejo de los embalses resultaron, a la luz de la experiencia, insuficientes, de modo que se trata de un punto de partida, una base que debería ser más compleja en el futuro.
«Es esencial que la programación hidrológica tenga alcance de largo plazo y que la definición de la cantidad de agua utilizable para generación en cada mes del año sea potestad de la autoridad local», le dijo a RÍO NEGRO uno de los especialistas que participó del proceso de 1993.
«La atenuación de crecidas requiere de desembalses que también necesitan una sostenida recuperación de la capacidad de escurrimiento de los cauces, para minimizar inconvenientes aguas abajo», añadió.
El establecimiento de un canon por el uso del agua de los ríos, que es un cargo que paga cualquiera que tome el recurso, no deja de ser una medida fiscal. El gran cambio será que las provincias, dueñas del recurso desde la reforma constitucional de 1994, pongan las reglas a las que deberá ajustarse la generación hidroeléctrica a partir del nuevo ciclo, una vez que las prórrogas de las concesiones venzan y se defina el modelo de operación.
Para los intereses en juego, un cargo más en la operación se cubre con una simple incorporación al precio de generación. La verdadera señal de presencia jurisdiccional de las provincias será que la suerte de los ríos esté en sus manos y no de las hidroeléctricas.
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