El trasfondo del juicio político contra una jueza de Familia de Roca
Mañana comienza el jury a Moira Revsin acusada por maltrato hacia los empleados el juzgado. La magistrada también inició varias acusaciones y defensas que fueron rechazadas o desestimadas.
Las complicaciones para Moira Revsin comenzaron apenas un año después de asumir el cargo de jueza de Familia en Roca, en 2015. Una defensora de menores la acusó de demorar sentencias y se abrió el primer expediente; sin embargo no cumplió con los parámetros para avanzar.
Fue un año más tarde cuando recibió su primera sanción: la Cámara Civil le aplicó una multa del 15% de su salario por el mismo motivo. Esa polémica decisión llevaba la firma del juez Gustavo Martínez, recientemente jubilado y con quien la magistrada libró una extensa confrontación que derivó en una acusación por violencia de género.
Además lo denunció ante el Colegio de la Magistratura por sus “descalificaciones” en resoluciones y lo recusó en la causa que finalmente culminó con la sanción monetaria.
El STJ no hizo lugar a los reclamos de la magistrada y finalmente se concretó la penalidad del 15%. Es el primer antecedente en la provincia en este tipo de sanciones económicas. En ese contexto, el Auditor General Juan Manuel Montoto Guerrero elaboró un informe sobre la situación del juzgado y reconoció que las demoras eran de larga data, antes de 2015.
Posiblemente ese escollo haya sido caldo de cultivo de lo que sucedió después: una ola de denuncias del personal del juzgado contra Revisn: la acusó el gremio Sitrajur, la Coordinadora de la Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familia (OTIF) y gran parte del staff. Incluso de la requisitoria que envió el procurador Jorge Crespo se desprende que algunas empleadas judiciales presentaron certificados psicológicos “como consecuencia” del trato de la jueza.
Fue entre 2020 y 2021 que la magistrada fue acusada de “maltrato psicológico, maltrato sistemático, hostigamiento, atropello, acoso, persecución, hostilidad continua, indebida injerencia de la magistrada en sus tareas y/o competencias, entorpecimiento del trabajo diario dentro del Juzgado” entre otras.
Por esas denuncias volvió a intervenir Montoto Guerrero quien concluyó que de ese enjambre de acusaciones la jueza intervenía en las tareas de la OTIF, que tiene autonomía desde su creación que devino con la implementación de Código Procesal de Familia.
El argumento de Revsin era evitar demoras -un problema crónico del juzgado-, pero la mayoría de los empleados lo tomó como un atropello.
En su declaración, la titular de la OTIF aseguró que Revsin ingresaba al sistema para modificar proveídos sin informar a la oficina.
Los nuevos esquemas de organización, tanto el fuero Penal, como en Familia, Civil y Laboral le recortan facultades a las y los magistrados. Para acelerar la resolución de las causas, solo tienen que hacer audiencias y resolver. Todo el trámite administrativo (antes era papeleo, ahora digitalizado) lo hacen esas oficinas y nadie puede inmiscuirse. Función jurisdiccional y función administrativa están separadas.
Las conclusiones de Montoto derivaron las actuaciones al Consejo de la Magistratura que designó al consejero Nicolás Díaz como sumariante. El presidente del Colegio de Abogados de Roca concluyó que hubo dos hechos “reprochables” contra Revsin suficientes para formular cargos.
Díaz indicó que hubo “trato inadecuado, acoso psicológico y hostigamiento, injerencia e intromisión en competencias propias de la OTIF de la Segunda Circunscripción Judicial” y “trato impropio, destrato e incorrección hacia subordinadas que atentan contra su dignidad e integridad psicofísica, con afectación de las condiciones de trabajo y deficiente delegación de mandos y de dirección del personal a su cargo”.
Con esas resoluciones se le dio intervención al procurador Jorge Crespo que finalmente el 30 de agosto de 2023 envió la requisitoria para el juicio político –jury- que comenzará mañana.
En su defensa, la jueza manifestó que en el dictamen del auditor y en el informe del sumariante no hay hechos puntuales, precisos y circunstanciados en tiempo y lugar que permitan conocer “concretamente cómo, en qué circunstancias y condiciones se configuraron hechos que pudieran ser pasibles de cuestionamientos hacia su persona”.
“Entiende que se trata de situaciones vagas, genéricas, amplias e imprecisas que no permiten realizar una defensa concreta, sino que la obligan a defenderse de hechos que no se informan ni se describen y, en definitiva, esto implica imponer una defensa diabólica, incompatible con el sistema de garantías actual”, sostiene el informe de Crespo.
Fueron cuatro denuncias que derivaron el jury. Lo que debe terminar el tribunal de enjuiciamiento es si Revsin carece de las aptitudes exigidas para desempeñarse en el cargo que detenta. Se trata de una de las causales de enjuiciamiento que debe resolver el Consejo de la Magistratura presidido por Sergio Ceci e integrado por tres legisladores y tres abogados. La acusación está en cabeza del procurador Jorge Crespo y Revsin ejercerá su defensa.
El Poder Judicial de Río Negro, a nivel nacional, es uno de los organismos con mayor cantidad de juris. En los últimos años creció el número de jueces y juezas destituidos por incumplimientos. De hecho, la colega de Revsin, Erika Fontela, que ejercía en el juzgado Multifueros de El Bolsón, también fue desvinculada del Poder Judicial, en 2021, por malos tratos hacia los empleados.
Revsin acusó a Martínez por violencia de género
Revsin presentó en 2018 una denuncia por violencia de género e institucional contra el exjuez Gustavo Martínez. El magistrado, jubilado recientemente, era la presidenta de la Cámara Civil de Roca. Entre otras funciones tenía, junto a los miembros del tribunal, revisar resoluciones de la jueza de Familia. En ese contexto Revisn lo acusó de trato discriminatorio y prejuzgamiento, intimidación y difamación, entre otros agravios. Explicó que las devoluciones de la Cámara que presidía Martínez eran violentas.
“A partir de la relectura y reelaboración de los hechos vividos, he logrado tomar conciencia de ser víctima de estos hechos de violencia de género e institucional por parte del doctor Gustavo Martínez a quien identifico como principal actor de estas conductas”, indicó Revsin en una nota que fue dirigida al vocal del STJ y delegado de la Circunscripción Sergio Barotto, a quien era la jueza a cargo de la oficina de Género Adriana Zaratiegui y al auditor General Juan Manuel Montoto Guerrero.
La magistrada le solicitó a la oficina de Género evaluar la conducta de Martínez y que tome las medidas que estime necesarias para su capacitación en esta temática y procurar un control de sus prácticas laborales cotidianas.
“Previo a realizar esta denuncia he procurado encontrar solución a esta problemática por otros medios, sin haber obtenido algún tipo de resultado favorable, entendiendo que algunos de ellos han sido perjudiciales”, agregó. Más allá de la grave acusación, la jubilación de Martínez llegó antes que la resolución final del caso.
El Consejo de la Magistratura, por mayoría, desestimó las acusaciones y le dio intervención al Superior Tribunal de Justicia quien también tiene herramientas de control y sanción sobre jueces y juezas de Río Negro. La jueza aseguró que a la fecha no recibió ninguna notificación final.
El procedimiento para un juicio político
La ley provincial K Nº 2434, promulgada en 2008, fija las causales de enjuiciamiento que debe velar el Consejo de la Magistratura. Entre ellas, el mal desempeño de la función que es el eje central en este proceso.
El jury tiene tres posibles desenlaces: absolución, sanción o destitución. Según la normativa, luego de un denuncia se inicia un sumario que en este caso estuvo a cargo del consejero y presidente del Colegio de Abogados de Roca, Nicolás Díaz.
Esa investigación se traslada a la Procuración que finalmente debe definir si hay elementos para elevar la causa a un juicio político. Luego de recolectar las pruebas de las partes, en agosto de 2023 Jorge Crespo presentó la requisitoria.
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