Actualizan debate en Bariloche para reclamar a la provincia el poder concedente eléctrico
La CEB presta el servicio eléctrico presa el servicio eléctrico en Bariloche bajo contrato de la provincia. Ahora reclaman revisar ese esquema. (archivo)
Los concejales de Incluyendo Bariloche volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre el poder concedente eléctrico, con el propósito de que el municipio recupere esa potestad, cedida a la provincia en los años 90.
Mediante un proyecto de comunicación, la concejal Julieta Wallace (con adhesión de su compañero de bloque Leandro Costa Brutten) decidió reflotar un reclamo que acumula años de discusiones y mandatos incumplidos, como la que figura de manera explícita en la Carta Orgánica municipal.
Wallace explicó que esta vez el tema tiene más actualidad que nunca porque la concesión de la Cooperativa de Electricidad Bariloche con la provincia para la distribución del servicio en esta ciudad vence en 2027. A su entender el municipio debe intervenir ante cualquier intento de renovación o incluso de una “licitación internacional”, como figura en el contrato vigente, que data de 1998.
La comunicación presentada al Deliberante, en su primer artículo, “ratifica formalmente ante la provincia de Río Negro (…) la titularidad, jurisdicción, competencia y poder concedente sobre la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica dentro del ejido municipal”.
Y en el segundo encomienda a intendente Walter Cortés que “se avoque a la confección de un nuevo contrato de concesión con la Cooperativa Eléctrica de Bariloche” para la prestación del servicio dentro del área bajo su jurisdicción.
La concejal Wallace dijo que hay razones históricas de sobra para que Bariloche ejerza esa potestad porque -a diferencia de lo ocurrido en el resto de la provincia donde la proveedora es la sociedad anónima Edersa-, en Bariloche el servicio nació a mediados del siglo pasado, cuando los mismos pobladores barilochenses se organizaron en cooperativa para procurarse el suministro eléctrico, y así permaneció durante 50 años.
Subrayó que el vencimiento del contrato actual se dará durante la actual gestión (de Cortés en Bariloche y de Weretilneck en Río Negro), de modo que el municipio debe salir de la pasividad sobre ese tema que mantuvo en las últimas dos décadas.
En 2007 la Carta Orgánica reformada estableció un mandato expreso para que “dentro de los tres meses de sancionada” esa legislación fundante el gobierno municipal ponga en marcha “las actuaciones que correspondan y proseguirlas hasta su concreción, en miras a la derogación de la ley 2.902 y sus normas concordantes, en lo que se refiere al otorgamiento del servicio de distribución de energía eléctrica en Bariloche y de su consecuente poder concedente”. La ley en cuestión es la que formalizó el contrato actual con la CEB.
Wallace dijo que es imperioso “evitar una prórroga automática” o una nueva licitación bajo tutela provincial. “No puede ser que tenga la sartén por el mango la provincia en este tema”, opinó.
Se preguntó también “qué pasará con la inversión y los bienes acumulados por la CEB”, que según el contrato deberían pasar a la provincia y al futuro titular de la concesión, en una cláusula que el proyecto de comunicación de Incluyendo considera “leonina y malintencionada” y constituiría “el mayor robo de la historia de Bariloche”.
La concejal también sostuvo que el control de la concesión por parte del Ente Regulador provincial (EPRE) deja mucho que desear y el municipio no tiene allí injerencia alguna. Ese tema fue motivo de un áspera discusión en la última sesión del Concejo, donde se evaluaron las falencias del servicio eléctrico durante la última nevada y hubo críticas por la falta de sanciones a la CEB.
Consenso difícil
Este medio buscó conocer la posición del oficialista Partido Unión y Libertad sobre el poder concedente eléctrico, pero no hubo respuesta. La opinión de Juntos Somos Río Negro también es una incógnita, aunque la exgobernadora Arabela Carreras (quien presidió la convención constituyente hace 20 años) no cerró la puerta y en 2022 dijo que la Fiscalía de Estado provincia estudiaba el tema.
Entre quienes sí contestaron, la mirada es poco favorable en relación con el proyecto de Incluyendo Bariloche.
El concejal Facundo Villalba (Primero Río Negro) se manifestó contrario a municipalizar el servicio dado que “hoy Cortés no puede mostrar una sola gestión positiva para los vecinos”, e intenta diluir sus culpas “en otros actores, entre ellos la CEB, por el manejo de las lumnarias públicas o los cortes de luz en las nevadas”.
Dijo que su recomendación, antes que pedir la devolución del poder concedente en materia de energía, sería que el gobierno municipcal “empiece a mostrar gestión y capacidad de respuesta a las crisis que tiene Bariloche”.
Por su pado, la concejal de PRO Samanta Echenique reconoció que existe una cláusula transitoria de la Carta Orgánica sobre el tema, pero observó que se trata de “un tema sensible” y no avanzaría en esa línea. “Es una actividad tan regulada y de tanta importancia estratégica que debe quedar en la provincia” opinó Echenique, quien tiempo atrás fue miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora de la CEB.
Dijo que el gobierno provincial “ya tiene la estructura para fiscalizar” y que la CEB no solo vende energía en Bariloche sino también en Dina Huapi, de modo que a su entender “desde una primera mirada, lo natural y lógico es que regule la provincia”.
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