Río Negro abre el trámite para que los policías adhieran a “la reparación”
Se solicitará en Trabajo y en la Justicia. El plazo concluirá el 27 de diciembre. El decreto reglamentario confirma que la suma ofrecida se abonará en 18 cuotas.
Con el reglamento, los policías de Río Negro ya pueden requerir el cobro de la “reparación extraordinaria”, fijado por una ley que propone concluir con los reclamos y acciones judiciales por liquidaciones mal realizadas del adicional de zona desfavorable.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto -que se publicará esta semana- que pone en marcha el mecanismo fijado por la ley 5717 donde se establece una propuesta “de adhesión”, con montos por escalafón y por jerarquía.
La nueva norma precisa el trámite que deberán cumplir los uniformados interesados, con un universo total de unos 8.000 activos y, además, los pasivos que estarán alcanzados son quienes pasaron a retiro dentro de los últimos tres años.
El decreto establece que la “reparación” se abonará en un plazo de 18 meses y la adhesión estará abierta hasta el último día hábil del 2024 (27 de diciembre).
La ley comprende un anexo de los montos ofrecidos para cada jerarquía, diferenciados en Seguridad y Técnico. El reglamento transforma esas cantidades en puntos, que es la unidad salarial en la Policía (actualmente, representa 1.465 pesos) y fue el método optado de actualización.
Montos
- $ 3.800.000
- Es el monto mayor ofrecido en la tabla original, asignado al comisario mayor. Esa cantidad se transforma en puntos y se liquidará cada mes con los valores de esa unidad, que fue la modalidad elegida de actualización.
La escala inicial de asignaciones va desde los 2,5 millones de pesos en la jerarquía de oficial principal a los 3,8 millones en la del comisario general en Seguridad mientras que en los Técnicos se ubican entre 1,5 millones y los 2,1 millones.
La tramitación diferencia entre uniformados que no realizaron acciones judiciales y quienes si lo hicieron. Después de la homologación, la documentación se entrega en la Jefatura para realizar la liquidación y, luego, se deberá informar a Hacienda -con el CBU- para el pago, en 18 cuotas,
Para quienes no realizaron presentaciones judiciales, la adhesión se debe formalizar en la Secretaría de Trabajo, que debe garantizar un “trámite rápido, gratuito, y eficiente”. La solicitud se deberá cumplir en la delegación zonal que corresponda “al domicilio del interesado” y, además, el organismo pone “a disposición de los agentes el servicio de Patrocinio Letrado gratuito”.
El reglamento incluye el monto asignado por jerarquía con su tabla de equivalencia en puntos. Los valores originales van de 1,5 a 3,8 millones.
En el caso de los policías con acciones judiciales iniciadas, tienen dos vías de aceptación: una es presentarse en el expediente judicial para desistir de la acción promovida y la otra es acudir a Trabajo donde deberá denuncia la existencia del proceso judicial.
El artículo 3 indica que “cada agente, según agrupamiento y jerarquía, percibirá el monto” de la ley, “convertido a la cantidad de puntos únicos previstos para el Escalafón Policial”. El siguiente agrega que “el total de los puntos adeudados a cada” policìa, “equivalente al monto de liquidación”, “será cancelado en 18 cuotas mensuales ascendiendo cada una de ellas a los puntos indicados”, “de acuerdo al valor vigente del punto único en cada liquidación mensual, operando como sistema de reajuste y manteniendo la indemnidad de los montos establecidos en cada caso”.
La posibilidad del cobro de la reparación alcanza a los “profesionales que asistieron al agente” y se deberá “efectuar la denuncia en el expediente judicial” para “requerir la regulación de honorarios”.
Los honorarios firmes -agrega- serán convertidos a la cantidad de puntos policiales y serán abonados en 18 cuotas, operando como sistema de reajuste y manteniendo la indemnidad de cada liquidación arancelaria”.
Con el reglamento, los policías de Río Negro ya pueden requerir el cobro de la “reparación extraordinaria”, fijado por una ley que propone concluir con los reclamos y acciones judiciales por liquidaciones mal realizadas del adicional de zona desfavorable.
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