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Deuda de Bariloche con OPS: irregularidades, sumas indefinidas y búsqueda de responsables

El municipio le alquiló máquinas por contratación directa en un acuerdo que duró cuatro años y acumuló una deuda cercana a los 8 millones de dólares, según el exintendente Gennuso. El Contralor investiga el caso y no descarta juicio a exfuncionarios.

A pedido del intendente Walter Cortés, el Tribunal de Contralor del municipio se hizo cargo de revisar a fondo la cuantiosa deuda que contrajo la gestión del intendente anterior Gustavo Gennuso con la empresa OPS por el alquiler de máquinas viales, y su dictamen será determinante para definir los pasos futuros en relación a esa tortuosa contratación.

La carga que representan para el municipio los impagos con OPS no son poca cosa, a juzgar por los números en danza. Poco antes de terminar su mandato Gennuso había propuesto acordar un plan de pago por 7,92 millones de dólares, que no fue validado por el Contralor debido a la falta de constancias sobre el servicio realmente prestado, las máquinas involucradas y el costo por hora.

El vínculo de la municipalidad con la empresa con base en Cipolletti se inició durante el primer mandato de Gennuso, a comienzos de 2019 -siempre bajo el formato de contratación directa “por razones de urgencia”-, se extendió hasta el año pasado, y estuvo signada por una perseverante oscuridad.

El primer peine que pasaron en noviembre de 2023 sobre toda la operatoria detectó numerosas irregularidades. La auditoría jurídica de la asesora Elisa Martin comprobó la entrega de maquinarias en fecha previa a los contratos que lo formalizaban, documentación contradictoria sobre el costo de los alquileres por hora de servicio, montos en dólares sin justificación y falta de registro de las horas de uso, con la dificultad consiguiente para autorizar y refrendar los pagos.

En paralelo, el informe de los contadores Martín Olvar y Andrea Leiva también observó faltantes y omisiones en la documentación enviada por Gennuso para buscar el visto bueno del Tribunal y concluyó la ausencia de “elementos válidos y suficientes para validar y/o estimar el cálculo planteado por un monto de 7.920.000 dólares estadounidenses”, que el intendente quería reconocerle a OPS.

Un primer revés

El exintendente intentó consolidar el plan de pago por casi US$ 8 millones, mediante un procedimiento de “legítimo abono” -de escasos antecedentes en el municipio- que se utiliza para blanquear una contratación cuando fue pactada y ejecutada sin apego a la normativa vigente.

La pretensión de Gennuso no pasó el filtro del Contralor, que lo descalificó en duros términos. El lastre del caso OPS recayó entonces en Cortés, quien desde un primer momento receló de la deuda, cuyo volumen está llamado a generar un impacto severo en las cuentas municipales.

Basta con decir que los 7,92 millones de dólares representan alrededor del 15% del presupuesto anual en vigencia, y superan largamente el pasivo total, consolidado y reconocido hasta hoy en la municipalidad, que es de 5.009 millones de pesos.

Con el antecedente del fracaso del “legítimo abono”, ahora el Tribunal debe determinar el destino del espinoso caso OPS y encargó una nueva revisión integral a su asesoría contable. El informe estará listo en junio próximo, aseguraron esta semana.

El presidente del Tribunal, Estanislao Cazaux, se abstuvo de adelantar opinión, pero señaló que las actuaciones en curso bien podrían derivar en el inicio de un juicio de Cuentas o juicio de Responsablidad a los funcionarios que intervinieron en la contratación de OPS, o incluso terminar en una denuncia penal.

Final abierto

Cazaux deberá resolver sobre el tema con sus pares Esteban Romero y Damián Vila, este último electo en las listas de Juntos Somos Río Negro, el partido que gobernó hasta diciembre.

Cortés no dio señales hasta ahora de qué piensa hacer con la deuda heredada. Reconoció de algún modo la obligación de pago pero sospecha del monto y no quiere avanzar en acuerdo alguno sin avales técnicos, que hasta ahora no aparecen.

La asesora letrada del Ejecutivo, Yanina Sánchez, dijo que no han recibido intimaciones de pago ni tienen constancia de que la empresa acreedora haya acudido a la Justicia para ejecutar la deuda.

Confirmó que en enero derivaron todas las actuaciones al Contralor “por instrucción del intendente” y que existió el año pasado una instancia de mediación prejudicial con la empresa, en la que no se alcanzó ningún acuerdo.

Ya en mayo de 2023, cuando el Concejo evaluó un informe provisorio que envió el Ejecutivo sobre la millonaria deuda con OPS, hubo quien calificó el tema como una “bomba de tiempo” que le dejaría Gennuso a su sucesor.

Otros subrayaron que el perjuicio económico para el municipio sería mayor que el generado por otro juicio de largo y accidentado trámite con la empresa de transporte Tres de Mayo, que demandó por la incautación de sus bienes dispuesta por la exintendente María Martini y logró un fallo a favor por 753 millones de pesos. En la gestión Gennuso también se debió afrontar el pago de una expropiación de tierras por 520 millones de pesos, heredada de la gestión de Omar Goye.

En relación con OPS, Gennuso siempre argumentó que la deuda existe, que los servicios se prestaron y fueron indispensables para el mantenimiento de calles y para el manejo del basural. Dijo que si no pagaron en tiempo y forma fue porque OPS estaba quebrada e intervenida. Por eso el municipio solo efectuó algunos pagos menores a cuenta.

También alegó que el arreglo por casi 8 millones de dólares era conveniente, dado que la firma había intimado por carta documento el pago de 13,2 millones de dólares.

Entre sus críticos, algunos señalaron que con los 8 millones de la deuda se hubieran comprado varias máquinas viales de primera calidad, que hoy estarían incorporadas al patrimonio municipal.


Un rosario de falencias


En el Contralor ya tienen por demostrado que la operatoria OPS incumplió todos los criterios de transparencia y a esta altura resulta casi imposible reconstruir el tipo de vínculo comercial, los servicios recibidos y las obligaciones a pagar acumuladas por el municipio.

El Tribunal de Contralor evalúa toda la operatoria con OPS y de su dictamen podrían derivarse juicios de responsabilidad y hasta una denuncia penal. (foto archivo)

No hubo más contrato que el original, firmado en febrero de 2019, por la locación de ocho máquinas, sin “adendas” posteriores, ni aprobación del Concejo Municipal.

Las máquinas retroexcavadoras y palas cargadoras Caterpillar (en su mayoría) trabajaron en algunos casos durante 4 años en Bariloche, fueron asignadas por etapas y en algún momento llegaron a ser 19.

Desde el Contralor observaron por ejemplo que una “comisión técnica” designada por el Ejecutivo para documentar lo actuado envió dos informes distintos y contradictorios. Esa comisión estuvo conformada por la exasesora letrada de la gestión Gennuso, Karina Chueri, el exsecretario de Servicios Eduardo Garza y el exsubsecretario de Hacienda Ulises Pilucki. Nadie sabe por qué no intervino el entonces titular de Hacienda, Diego Quintana, señalado como quien apadrinó el vínculo con OPS.

El informe contable del Contralor describe punto por punto las ”inconsistencias” acumuladas, entre las que hay contratos posteriores a la recepción de maquinarias, falta de documentación respaldatoria de las horas utilizadas, confusión con las fechas de devolución, máquinas que no estuvieron operativas pero que figuran en las planillas de trabajo “durante 38 meses”, y sondeos de precios con presupuestos que no tienen destinatario.

Entre la frondosa colección de violaciones a la normativa municipal aparece también la determinación de la deuda en dólares estadounidenses. Según los auditores. “no se pudo identificar el tipo de cambio utilizado”, dado que en ningún lado consta si es el de “fecha de recepción de la maquinaria, el de inicio de prestación del servicio u otro”.

La asesora letrada del Tribunal también criticó que el municipio asuma el pago de la deuda en moneda extranjera. “El valor locativo se fija en dólares. En ningún momento se describe de dónde surge dicho compromiso. La administración deberá comprometerse en moneda de curso legal”, advirtió la abogada.


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