Concejales de Bariloche se le plantan a Cortés y bloquearán su ofensiva sobre la Justicia de Faltas

La remoción de los Jueces de Faltas que dispuso el mes pasado el intendente Walter Cortés y el inicio de un proceso para concursar esos cargos tendría poco futuro, a juzgar por la postura de los bloques opositores en el Concejo Municipal, que tiene la responsabilidad de refrendar cualquier nueva designación.

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Los propios jueces de faltas en ejercicio, Débora Bietti y Gustavo Contín, ya manifestaron su discrepancia con el camino elegido por Cortés y recurrieron a la Justicia ordinaria para impugnar esa decisión. Pero algunos observadores de todo el proceso admitieron que la “vacancia” de sus cargos dispuesta por resolución en simultáneo con los llamados a nuevos concursos genera una incertidumbre que podría en duda sus futuros fallos.

El intendente alegó que por Carta Orgánica los jueces de faltas tienen mandatos de seis años, que deben revalidar, y no lo hicieron en su momento. Bietti lleva 12 años en su juzgado, con atribuciones exclusivas en tránsito, y Contín casi una década.

Los propios jueces, y también las voces mayoritarias en el Concejo, advierten que los mandatos no tienen límite temporal y que los titulares de esos cargos cesan si son removidos por mal desempeño u otros motivos, también enumerados en la Carta Orgánica, entre los que no figura plazo alguno.

Los concursos que convocó Cortés a principios de marzo por ahora están paralizados, porque el Concejo debe designar dos miembros en el jurado y hasta hoy no lo hizo. En comisión Legislativa, con acuerdo de todos los bloques, decidió esperar a que se resuelvan las demandas contencioso administrativas. Un plazo incierto y a priori prolongado.

El concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) dijo que no acuerda en nada con el camino elegido por Cortés. “No vamos a convalidar ese proceso, que arrastra una nulidad absoluta”, afirmó.

Señaló que al menos seis concejales (sobre once) comparten esa posición y serían un obstáculo imposible de sortear para el Ejecutivo, ya que cualquier designación de un nuevo juez demanda una mayoría especial de ocho votos.

Con el fin de reemplazar a Contín y Bietti el intendente decidió abrir un concurso de antecedentes y oposición, que derivaría en la conformación de “ternas” para derivarlas al Concejo, que por Carta Orgánica tiene la facultad de designar a los jueces.

Días atrás, consultado sobre la resistencia encontrada, Cortés redobló la puesta y dijo que los juzgados de faltas ““se van a concursar sí o sí”.

Las razones de la controversia

El artículo 68 de la Carta Orgánica dice que “los jueces de faltas son nombrados por un período de seis (6) años y pueden ser nombrados nuevamente si dura su buena conducta”. Del verbo “pueden”, al no ser una imposición taxativa, se toman los que defienden el criterio jurídico de la continuidad, sin concurso ni reválida alguna, como ocurrió de hecho hasta ahora.

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El concejal de Juntos Somos Río Negro Juan Pablo Ferrari dijo que su bloque acuerda con el criterio general de “esperar que la Justicia se expida”, pero entendió que las resoluciones del intendente que impusieron la vacancia de los juzgados “no eran los medios ni la forma”.

Su par de Juntos para el Cambio Samanta Echenique reconoció que hay un problema de interpretación porque la redacción del artículo 68 “no es cien por ciento clara”. También se abstuvo de dar una opinión tajante y prefiere esperar “que se defina la Justicia”.

Echenique dijo que además del camino de la judicialización elegida por Contín y Bietti ,“el Ejecutivo podría haber pedido una acción declarativa de certeza”, pero hasta ahora no lo hizo.

“No sé si corresponde en este caso un cargo vitalicio, como pasa en la judicatura -dijo la concejal-. Pero es un hecho a considerar que los jueces de faltas tienen dedicación exclusiva y deben abandonar el ejercicio privado de la profesión. Es un ingrediente a tener en cuenta”.

Relativizó también el riesgo de que las decisiones de los jueces municipales queden en entredicho o puedan ser cuestionadas por quien resulte perjudicado en un fallo, ya que “todos los actos de la administración tienen presunción de validez y de legalidad”.

El concejal Facundo Villalba (Primero Río Negro) dijo que al estar el tema en la Justicia no es conveniente abrir opinión «porque puede desembocar en un perjuicio económico para la municipalidad».

Costa Brutten entendió que Cortés tiene «un conflicto de intereses y actúa por «un enojo personal» con el juez Contín, quien a su juicio «no hizo más que cumplir con su deber» al firmar sanciones para el sindicato del intendente.