No irán a juicio los imputados de causar la muerte de un trabajador en el cerro Catedral
A partir de un acuerdo entre la fiscalía, la querella y las defensas, un juez de garantías de Bariloche concedió el beneficio de la probation a los dos acusados de provocar por incumplir el deber de cuidado la muerte de Germán Cofián Matamala, la mañana del 30 de julio del 2022 en un medio de elevación del centro de esquí. La familia de la víctima prestó consentimiento.
La tragedia ocurrió la mañana del 30 de julio del 2002, en una plataforma de la Telesilla Cóndor II. (foto de archivo)
La mañana del 30 de julio del 2022 el cerro Catedral se estremeció. Los gritos desgarradores de Germán Cofián Matamala conmocionaron a sus compañeros de trabajo. En un instante, la vida de Germán se fue apagando, sin que nadie pudiera evitarlo.
El operario se había presentado alrededor de las 8.30 en la plataforma del medio de elevación Cóndor II del cerro Catedral, subió la escalera y se sentó entre la polea y el cable de retorno, para hacer una tarea de mantenimiento. Algo que había hecho durante años.
Un compañero, que estaba en la base, activó esa telesilla porque unos patrulleros querían subir. Nadie le avisó que Germán estaba trabajando. Su pierna izquierda quedó atascada entre la polea y el cable de acero de retorno, que al ponerse en movimiento, le amputó la parte inferior de su pierna izquierda. Minutos después, murió por la hemorragia.
La tragedia causó un enorme dolor entre sus compañeros de trabajo y su familia. Cofián Matamala tenía 46 años y gran parte de su vida la pasó en el cerro Catedral.
Audiencia clave
La fiscalía investigó la tragedia y el 22 de abril pasado el juez de garantías Juan Pablo Laurence aceptó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la familia de la víctima, que se constituyó como querellante, y los defensores de los dos imputados Horacio Álvarez y Pablo Martín González.
Por eso, el juez les concedió el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, porque cumplían los requisitos legales: no tenían antecedentes penales y la expectativa de condena es una pena en suspenso porque el fiscal adjunto Gerardo Miranda les atribuyó un homicidio culposo.
El consentimiento de la familia de Cofián Matamala fue clave para que los dos excompañeros de trabajo accedieran a la probation. Miranda, el defensor particular Damián Torres, que asistió a Álvarez, y la defensora oficial Natalia Araya, que lo hizo con González, valoraron el gesto de los familiares de la víctima.
El fiscal recordó que González estaba a cargo de la plataforma del tramo Cóndor II y permitió que Cofián Matamala tomara el dominio y no hizo nada para asegurar que el medio de elevación fuera bloqueado. Tampoco avisó por radio VHF de las tareas que estaba haciendo su compañero. No le informó a Álvarez, su superior jerárquico.
Miranda sostuvo que González tenía la obligación de bloquear y asegurar el medio de elevación para que Cofián Matamala, que era jefe del tramo Cóndor III, trabajara seguro y no delegar esa tarea en otro compañero. Advirtió que desde la base del centro de esquí es imposible observar qué ocurre en el Cóndor II.
La responabilidad del jefe
Indicó que Álvarez era el único responsable de la puesta en marcha del medio de elevación, según el manual de operaciones de montaña, pero delegó de manera antirreglamentaria en su auxiliar Carlos Moya, quien tenía menos de diez días de experiencia. Dijo que Álvarez se fue al baño y en ese momento Moya puso en marcha la Telesilla porque unos patrulleros querían ascender.
Por eso, Miranda los acusó a los dos por homicidio culposo porque violaron el deber de cuidado y actuaron con negligencia.
Las pruebas para sostener los cargos
Miranda sostuvo los cargos con el acta de procedimiento policial del 30 de julio del 2022. La autopsia, documentación que la fiscalía pidió a la empresa. El acta del gabinete de Criminalística. El informe con la pericia mecánica que hizo el ingeniero Marcelo Hoster, otro informe técnico y entrevistas a varios empleados compañeros de Germán.
Explicó al juez que en la fiscalía hubo varías reuniones con la familia de la víctima para explicarles los alcances de un acuerdo y lo que ocurriría en caso de llevar a los dos imputados a juicio común. Por la calificación del hecho y la falta de antecedentes penales de los imputados si eran condenados se les aplicaríaa una pena en suspenso.
Destacó la predisposición de todos para resolver el conflicto. Valoró el comportamiento de Álvarez con los familiares de Germán.
El juez ponderó el esfuerzo que hicieron la familia, la fiscalía y los defensores en buscar una salida alternativa. También, el diálogo y el respeto durante la audiencia.
Laurence resolvió conceder la suspensión de juicio a prueba por 2 años a favor de Álvarez y durante 2 años y 6 meses a González. Ambos deberán cumplir reglas de conducta durante ese plazo y hacer un curso en seguridad e higiene. Si cumplen, la acción penal se extinguirá, pero si alguno o los dos incumplen las pautas, el proceso penal se reanudará.
Álvarez se comprometió a pagar un resarcimiento de 1.000.000 de pesos, en tres cuotas. Y González uno de 500.000 pesos, en cinco cuotas,, porque la defensa alegó que su situación económica es más precaria. Y 150 horas de trabajo comunitario. La familia determinará en caso de rechazar esos ofrecimientos, porque tienen una demanda civil contra la empresa Capsa, la institución a la que se destinarán los fondos.
Hay una demanda civil en curso
«El criterio de justicia es más amplio, porque cuando uno analiza este caso, se daba cuenta de que estábamos en una situación de una una empresa a que, por supuesto, no pudimos traer a juicio penal, donde todo funcionaba mal«, aseguró el abogado por la querella Juan Pablo Álvarez Guerrero.
Indicó que «los medios estaban malos, los botones de seguridad no funcionaban, los empleados no tenían cursos de seguridad. Uno de los empleados tenía diez días trabajo y nadie le había enseñado nada», planteó. «Todo conspiró para este tremendo desenlace de una muerte que trasciende a los señores Álvarez y González», enfatizó.
“Lamentablemente no podemos traer a la empresa a un juicio penal y pensamos que en la sede civil es donde verdaderamente se va a hacer justicia con los máximos responsables, porque no tengo duda de que Álvarez y González tienen una gran cuota de responsabilidad, cometieron un error y el desenlace fue fatal”, afirmó Álvarez Guerrero. “Pero no son los únicos responsables en una empresa donde todo funcionaba extraordinariamente mal”, aseveró.
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