Estafa con planes sociales en Neuquén: la oferta de la fiscalía a todos los imputados
La megacausa se aproxima a la etapa de definiciones. A fin de junio se haría la audiencia de elevación a juicio, y podría haber acuerdo con algunos de los imputados. Qué significa.
Sánz, a la izquierda, Osuna en el centro y Soiza a la derecha, los tres principales acusados por la fiscalía. (Archivo/Matías Subat)
La oferta llegó a los correos electrónicos de las y los abogados defensores de los imputados por la estafa con planes sociales en Neuquén con fecha de vencimiento: 30 de abril. El remitente fue la fiscalía de Delitos Económicos, donde le están dando los último retoques a la acusación final y pedido de elevación a juicio de esta etapa de la megacausa.
«Consideramos que las pruebas que hemos reunido son contundentes para una declaración de culpabilidad. Por eso estamos ofreciendo juicios abreviados a todos los imputados, con penas que van desde los 8 años de cumplimiento efectivo hasta los 3 años en suspenso», dijeron a diario RÍO NEGRO el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez.
Los 4A, los arrepentidos que permitieron las prisiones preventivas de tres de los imputados, serán sobreseídos y podrán declarar como testigos para reforzar la acusación.
Los fiscales indicaron que «nuestra intención es hacer el juicio» pero estiman que para algunos acusados resultará más atractivo declararse culpables y aceptar una condena en vez de atravesar las audiencias con testigos, peritos, etcétera. De eso se trata el abreviado.
Este medio consultó a varios de los abogados defensores. La mayoría expresó que rechazará el ofrecimiento; sin embargo la negociación está abierta y quedan diez días para seguir conversando.
Trabajo puertas adentro
La investigación se mantuvo en una meseta sigilosa durante los últimos meses. El trabajo puertas adentro fue técnico y de decisiones de política criminal. Entre ellas, la elaboración de la proposición que llegó a las casillas de abogados y abogadas. Hay que aclarar que es un procedimiento bastante habitual, aunque no siempre se plasme por escrito. Sucede que en esta compleja investigación ya hubo un entredicho entre la fiscalía y uno de los defensores respecto de la promesa (verbal) de prisión domiciliaria para uno de los imputados.
Un elemento insoslayable es el discurso del gobernador Rolando Figueroa ante la Legislatura el 1 de marzo. «Voy a pedirlo una vez más, y otra vez, hasta que se cumpla: el pueblo neuquino quiere saber quién se robó el dinero de los más necesitados mediante las estafas de los planes sociales, y los queremos a todos presos, presos», dijo. Por eso a la mayoría de los imputados se les ofreció un acuerdo con prisión efectiva.
El nivel 1
La fiscalía segmentó en cinco niveles a los imputados, de acuerdo con el grado de participación que les atribuye. En la cabeza están los líderes a quienes acusa de «asociación ilícita, en carácter de jefes, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real, en carácter de coautores». Estas son las propuestas que les hicieron:
• Ex director de Planes Sociales, Ricardo Nicolás Soiza: 8 años de prisión efectiva (está con preventiva desde el 10 de julio del año pasado).
• Ex director de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz: 6 años de prisión efectiva (está con domiciliaria desde el 18 de noviembre).
• Ex director de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna: 7 años de prisión efectiva (está con preventiva desde el 10 de julio del año pasado).
• Ex ministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca: 6 años de prisión efectiva (está en libertad).
• Ex coordinador Provincial, Tomás Siegenthaler: 5 años de prisión efectiva (está en libertad).
Reparación económica
Para que el acuerdo se cumpla, cada imputado debe aceptar su responsabilidad en el delito que le atribuyen y la pena que le imponen. Con un adicional: reparación económica al Estado, por el perjuicio económico que le provocaron. La discusión será si les rematan los bienes que ahora están embargados, algunos de los cuales fueron adquiridos antes de que se cometiera la estafa.
¿Por qué a Soiza lo condenarían a más años de prisión que a Di Luca, habiendo sido él director, y el otro ministro, es decir su superior jerárquico?
«Soiza pergeñó todo. Junto con Sánz y Osuna son los que tuvieron mayor actividad para la concreción de la maniobra», dicen los fiscales. (A Sánz le ofrecen una pena levemente más baja que a Osuna porque colaboró como una especie de arrepentido).
Di Luca y a Soiza seguirían sujetos a futuras investigaciones. La estafa comenzó mucho antes del período que irá a juicio (septiembre del 2020 a julio del 2022) y ambos trabajaron en el ministerio bajo otras autoridades. Hasta dónde llegarán los demás legajos es arriesgado predecirlo.
La postura de las defensas
Esteban Sampayo, defensor de Soiza, tiene casi decidido rechazar el ofrecimiento. A diferencia de la fiscalía, piensa que «si vamos a la evidencia, no hay forma que termine siendo condenado».
«Ocho años es la pena por un homicidio. Es irracional», dijo el abogado a diario RÍO NEGRO.
Añadió que «esto se llama comercialización de la justicia penal. Hay un abandono de la búsqueda de la verdad. Da miedo que tengan este grado de oscuridad». Sampayo ya se había manifestado crítico con los arrepentidos y las prisiones preventivas. «Es un tema de negociación. La prisión preventiva se usa como herramienta de presión sobre los imputados, a ver si confiesan. Los que no tenemos nada para reconocer nos quedamos afuera», dijo.
Gustavo Palmieri es el defensor de Sánz. «La semana que viene lo voy a conversar con él», dijo ante la consulta de este medio. «Si ofrecen 6 años es porque es el techo, no el piso», opinó. No descarta hacer una contrapropuesta más beneficiosa para su cliente.
El abogado también asiste a Isabel Montoya, pareja de Sánz. La fiscalía ofrece condenarla a 3 años de prisión en suspenso.
Di Luca no aceptará
«No vamos a aceptar un juicio abreviado. Di Luca no va a reconocer responsabilidad penal, trabajamos por el sobreseimiento o por ir a juicio», dijo por su parte Gonzalo Rodríguez, abogado del exministro.
Afirmó que Di Luca «es ajeno a todo esto, no veo que haya prueba para una asociación ilícita. A lo sumo podrán sostener una acusación por estafa», señaló.
Los demás escalones
Las personas que según la fiscalía ocupaban los escalones 2 a 5 de la organización fueron acusados por «integrar la asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9303 hechos en concurso real».
En el nivel 2, «colaboradores», la fiscalía ubica al contador José María Gallo, Carolina Reznik (directora general de Finanzas), Julieta Oviedo (directora de Tesorería) y Julio Arteaga (contador auditor). Les ofreció 4 años de prisión efectiva.
Los «reclutadores», tercer nivel, eran empleados del ministerio de Desarrollo Social. Buscaban personas en condiciones de recibir el “Subsidio Provincial para la Desocupación Laboral”. Este nivel lo integran, según la fiscalía: Aaron Escobar, Valeria Honorio, Ariel Krom, Rodolfo López, Omar Rodríguez Quezada (les ofrecen 4 años de prisión efectiva); Gesel Tarifeño, Marines Huaiquipan (3 años efectivos), Gustavo Mercado, Carolina Hernández, Pamela Rivera, Isabel Montoya (3 años en suspenso).
En el siguiente nivel están los «extractores», quienes iban a los cajeros automáticos con la tarjeta de débito de los beneficiarios y retiraban la totalidad del dinero depositado. Una ínfima parte iba al titular del subsidio y el grueso a una «caja azul» en el despacho de Soiza. La fiscalía considera que la mayoría son instrumentadores, pero no organizadores de la maniobra. (Este rol lo cumplían también algunos que están en la categoría «reclutadores»).
Se trata de Emanuel Victoria Contreras y Pamela Alejandra Cea, y les ofrecen 3 años de prisión en suspenso.
Hasta allí, 22 de los 27 imputados originalmente. Hay cuatro más que declararon como una especie de arrepentidos (Los 4A) que están con medidas de seguridad. Para ellos la fiscalía pedirá el sobreseimiento y los llevará al juicio como testigos.
Por último, el abogado Alfredo Cury, quien ejerció la representación de muchos de los imputados y ahora forma parte de los acusados, avisó que no aceptará ningún acuerdo. Quiere ir a juicio.
El monto de la maniobra
La fiscalía sigue trabajando en la actualización del monto de la maniobra. Siempre se habló, a valores históricos, de 153 millones de pesos. El equipo contable llevará ese monto a la actualidad.
Lo que quedará pendiente es investigar adónde fue a parar ese dinero. Una parte llenó los bolsillos de los imputados, pero una generosa porción se destinó a financiar campañas políticas.
La logística del juicio
Vencido el plazo para aceptar ofertas del 30 de abril la fiscalía terminará de elaborar la acusación para ir a juicio, que pretende presentar a fines de junio aunque tiene plazo hasta el 29 de julio.
Ya están pensando dónde harán un debate oral con tamaña cantidad de imputados y defensores, y cuánto tiempo les insumirá.
Tienen como vaga referencia la causa por la explosión y muerte en la escuela de Aguada San Roque: siete imputados (podrían ser dos más), 120 testigos, dos semanas y media de juicio en doble turno.
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