Por cálculo político, Lula eludió el aniversario del golpe

En el 60º aniversario del último golpe militar en Brasil, el presidente Lula vetó los actos oficiales en recuerdo de las víctimas, en un intento de distender los lazos con el ejército, cuando algunos altos rangos están en la mira por un supuesto plan golpista.

“Necesitamos acercar a la sociedad brasileña y las Fuerzas Armadas: no pueden tratarse como si fueran enemigas”, dijo a finales de febrero en una entrevista a la prensa local el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
El 31 de marzo de 1964 los militares brasileños se rebelaron contra el presidente Joao Goulart (1961-1964) y se mantuvieron durante 21 años al frente de una dictadura, admirada por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), un excapitán del ejército.

El aniversario parecía propicio para que Lula, un exsindicalista que lideró una huelga histórica contra el gobierno de facto, recordase a sus víctimas, entre las que se cuentan 434 asesinados o desaparecidos, según las conclusiones en 2014 de la Comisión Nacional de la Verdad, un organismo oficial. A diferencia de la vecina Argentina, que juzgó a los agentes del Estado acusados de cometer crímenes durante su dictadura (1976-1983), en Brasil el capítulo se saldó con una Ley de Amnistía de 1979.
Pero Lula, de 78 años, afirmó que el golpe de 1964 “ya forma parte de la Historia” y su gobierno “no se quedará dando vueltas al asunto”. 

“Estoy más preocupado con el golpe del 8 de enero de 2023 que con el de 1964”, dijo.
Ese día, miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia, llamando a los militares a deponer a Lula, una semana después de su asunción.
Paralelamente, la policía investiga al exmandatario por supuestamente participar en un “plan de golpe de Estado” para mantenerse en el poder tras su derrota en los comicios de 2022.

En la trama están involucrados varios de sus aliados más estrechos, incluidos ministros y altas figuras militares. Un mayor y un coronel del Ejército fueron detenidos en el marco de esa investigación. 
“Nunca hubo una coyuntura tan propicia para discutir el lugar de las Fuerzas Armadas en la sociedad brasileña como después del gobierno de Bolsonaro y después del 8 de enero”, explica el historiador Lucas Pedretti.
Pero Lula hizo “un cálculo político que pone en primer plano una estrategia de acomodación con las Fuerzas Armadas, en detrimento y perjuicio de las necesidades históricas de la sociedad brasileña de rever su pasado”, dice a la AFP este académico de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro.

Protestas de las víctimas

La decisión de Lula supuso la cancelación de actos preparados por su propio gobierno, como los del ministerio de Derechos Humanos. Su titular, Silvio Almeida, pretendía recordar a los activistas y perseguidos por el régimen militar en un discurso en el Museo de la República, en Brasilia, según medios locales.
Y aunque Lula prohibió el año pasado celebrar el golpe en los cuarteles, como durante los años de Bolsonaro (2019-2022), tampoco se hizo ninguna reflexión sobre el papel de las Fuerzas Armadas durante la dictadura o en la actualidad.

“Es Historia, no tenemos que estar removiendo las cosas”, dice una fuente del ejército a la AFP.
“La idea es pacificación y mirar hacia adelante”, apunta.
Pero grupos de derechos humanos exigen al presidente Lula reactivar la Comisión de muertos y desaparecidos, instalada en 1995 para investigar crímenes políticos entre 1961 y 1979, y suprimida por Bolsonaro en su último año de gobierno.

La Coalición Brasil por la Memoria, Verdad y Justicia, que une a más de 150 asociaciones, criticó la “equivocada” decisión del presidente de no conmemorar el aniversario.
“Repudiar vehementemente el golpe de 1964 es una forma de reafirmar el compromiso de castigar también los golpes del presente y eventuales tentativas futuras”, señalaron en una nota.
“No aceptaremos que, una vez más, los gobiernos negocien o abdiquen los derechos de las víctimas para poder contemporizar con los militares. No aceptaremos más esa tutela cuyo precio histórico lo han pagado los familiares y todos los afectados por los actos de excepción” de la dictadura, añadieron.