Una candidata a jueza de Familia se comprometió a tomar audiencias en el oeste de Neuquén
Se lo pidieron los diputados que la entrevistaron hoy y que definirán si la designan en el cargo. La abogada trabajó en el ámbito privado. En el público fue asesora en el Consejo de la Magistratura del actual jefe de gabinete, Juan Ousset.
Machado en la comisión de Asuntos Constitucionales. En lo que va del año la Legislatura aprobó un pliego y rechazó otro sin dar fundamentos. Foto Cecilia Maletti
El costo actual del boleto de colectivo en la ciudad de Neuquén es de $675: ida y vuelta $1.350. Sólo un juez de Familia de cuatro que hay en la capital se traslada y toma audiencias en Fortín Confluencia 4250, la Oficina de Violencia que tiene el Poder Judicial en el oeste, ubicada a 7,7 kilómetros del edificio de Leloir 881. Una distancia de 20 minutos en auto, media hora en bicicleta y una hora (con suerte) en transporte público.
Natalia Machado ganó por 59,98 puntos sobre 100 el concurso para ser jueza de Familia. Si la nombra la Legislatura, ocupará la vacante que dejó María Gabriela Ávila. Tiene 44 años y es egresada de la Universidad Nacional del Comahue: de grado y de posgrado. Ayer fue entrevistada en la comisión de Asuntos Constitucionales y Familia de la Legislatura, que es el requisito previo a que su pliego sea votado en el recinto.
Los diputados y las diputadas la escuchan antes de tomar una decisión (o la confirman una vez que la oyen). En este caso la comprometieron a que si la designan jueza deberá organizarse y atender en el oeste. Prometió que lo haría.
La abogada se presentó como hija de una madre y un padre que trabajaron en el sistema público de salud de Neuquén. Dijo que fue empleada de planta permanente del Estado provincial hasta 2015, cuando renunció y se dedicó de lleno a la actividad privada.
Recién cuando el diputado Darío Martínez (Unión por la Patria) le consultó en donde se había desempeñado en el ámbito público, lo aclaró: tuvo su paso por Casa de Gobierno, por la fiscalía de Estado y en el Consejo de la Magistratura.
Machado era asesora del actual jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, cuando ejerció como consejero en representación del Movimiento Popular Neuquino (2011 a 2015). En ese equipo también estaba Matías Nicolini, que ahora es ministro de Seguridad.
En lo que va del año la Legislatura aprobó una designación -la de Santiago Montórfano como juez civil de Junín de los Andes- y rechazó la de Luis Quiles, que aspiraba a cubrir el mismo cargo pero en Neuquén capital. Ningún legislador dio argumentos de apoyo o de rechazo a sus candidaturas, algo que el MPN, en su versión opositora, está reclamando que se haga.
La extraña razón por la que rechazaron el pliego de un candidato a juez en Neuquén
Derecho a no maternar, evaluación y canasta de crianza
La abogada contestó preguntas por una hora, lo que suele despertar cierta sospecha, ya que las entrevistas largas se hacen a postulantes que terminan aplazados. El diputado Damián Canuto (PRO) pareció despejar esa duda cuando le anticipó que la habían tenido mucho tiempo, pero que guardaban un buen concepto de ella.
El legislador emepenista Claudio Domínguez la interrogó sobre qué haría si una mujer embarazada, que le oculta la gestación a su familia, al momento de parir pide dar a ese niño o niña en adopción. Machado tomó agua y respondió que la legislación prevé el derecho a no maternar. Afirmó que en principio evaluaría la posibilidad de entregar a ese bebé a alguien del entorno afectivo de la mujer, pero concluyó que no era la mejor alternativa, ya que si ella había decidido no compartir esa decisión con sus allegados «de sangre», tendría un motivo. Resolvería hacer lugar entonces al estado de adoptabilidad.
Domínguez insistió con otro ejemplo: una mujer es encontrada a las 2 de madrugada, golpeada, ensangrentada, junto a sus dos hijos menores de edad. La trasladan al hospital y se comprueba que es víctima de violencia de género. Cuando se recupera no quiere realizar la denuncia y busca retornar a su casa.
Machado explicó los ciclos de la violencia y señaló que estudiaría si esa mujer está en condiciones de tomar una decisión libre. Para eso pediría la intervención de la defensoría de niños, niñas y adolescentes, establecería una prohibición de acercamiento, una consigna policial y analizaría el informe de riesgo.
Cuando le preguntaron qué cambiaría hoy del juzgado de Familia mencionó que tomaría las audiencias a niños, niñas y adolescentes durante la tarde, manifestó que la feria judicial no puede significar un parate -«en alimentos no se puede esperar»- y deslizó que podría ir a la sede del oeste para «acercar el servicio de justicia».
Tanto Domínguez como la diputada oficialista, Zulma Reina, sostuvieron la importancia de esto y remarcaron que sólo un magistrado concurría. No lo nombraron, pero se trata de Jorge Sepúlveda que fue además designado por el Tribunal Superior de Justicia como juez electoral. Desde hace un mes, todos los viernes, toma las audiencias de violencia de género (ley 2785) en la sede del oeste. Estaban suspendidas desde la pandemia en forma presencial.
El legislador oficialista, Francisco Lépore (Avanzar), le pidió a Machado que se comprometiera a ir y dijo que los jueces «se encierran en sus despachos» y tienen «muy poca vinculación» con la sociedad. Le consultó, de paso, qué opinaba sobre la evaluación periódica a magistrados. «Estoy de acuerdo», indicó la abogada, aunque no profundizó demasiado en cómo sería (ni tampoco hubo repregunta). Es una facultad que la Constitución de Neuquén le había dado al Consejo y que se encuentra suspendida.
«No debe haber privilegios», afirmó la candidata sobre el régimen de jubilaciones diferenciado que tiene ISSN para magistrados y funcionarios. El gobernador Rolando Figueroa atinó al inicio de su mandato a querer modificar esta ley, pero aún no hizo ningún cambio.
La abogada planteó que el «índice de crianza» que elabora el Indec y fija el costo que implica el cuidado a niños, niñas y adolescentes (en bienes y servicios y en el valor de tiempo) es «genial», «muy práctico», especialmente cuando se pautan cuotas alimentarias para personas que no tienen trabajo registrado. En febrero de 2024 esta canasta tenía un valor de $247.322 para menores de un año, de $294.266 (de 1 a 3 años), de $249.458 (4 a 5 años) y de $313.672 (6 a 12 años).
La comisión aprobó el pase del pliego al recinto. El único que votó en contra fue el diputado de izquierda, Andrés Blanco. Argumentó que nunca respalda nominaciones, salvo las de las defensas públicas. Agregó que la candidata tampoco había respondido cabalmente cuando le consultó sobre el cumplimiento de la ley 2302, y que cuando se enteró dónde había trabajado dentro del Estado, comprendió el porqué.
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