Crisis carcelaria en Neuquén: otro informe oficial alerta sobre los riesgos

«Cumplo informar que las comisarías se encuentran superadas ampliamente en su capacidad de alojamiento (…) No podemos garantizar las condiciones dignas de detención y resguardo de la integridad física de los internos (…) Se acrecentaron notablemente los problemas de convivencia entre internos». Son citas de un documento oficial que confirma la grave crisis carcelaria en la provincia de Neuquén, y que motivó que por orden judicial estén cerradas las Unidades de Detención de toda la provincia desde hace 16 meses.

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A su vez, el cierre de las cárceles provocó un efecto derrame sobre las comisarías y hay personas alojadas en condiciones indignas. Por eso una vez más, un juez ordenó la detención domiciliaria de una persona, con custodia policial permanente, y dispuso que se le coloque una tobillera electrónica.

La orden la impartió el juez de Garantías Gustavo Ravizzoli, en una causa en la que se investiga a cinco hombres acusados de abusar sexualmente de Silvia Cabañares (30). Tres meses después, la mujer fue hallada muerta en Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro. Hasta ahora no se estableció conexión entre ambos hechos.

Uno de los imputados con prisión preventiva transitó por varias comisarías hasta recalar en la 17 del barrio La Sirena. Pasó un mes allí en una situación miserable, y el sábado se resolvió su detención domiciliaria.

Hubo dos audiencias para tratar el caso. En la primera, el juez Ravizzoli le pidió a la Policía un informe detallado, y ese documento fue leído en la segunda por el defensor público José Maitini.

Qué dice el informe oficial

Lo elaboró el subcomisario Ricardo Ariel Olguín, jefe de división de coordinación de procesados y detenidos, y confirma la profundidad de la crisis.

• «Cumplo en informar que las comisarías se encuentran superadas ampliamente en su capacidad de alojamiento, contando con una población de 81 procesados y 27 condenados, en total 108, distribuidas en 13 comisarías. Solo contamos con 72 plazas de alojamiento».

• «Se acrecentaron los problemas de convivencia entre internos notablemente, encontrándonos imposibilitados de reubicar a los detenidos en otras alcaidías acorde a su necesidad. Esto nos lleva a tener que alojarlos en celdas para contraventores para separarlos de la población»

• Hay dos comisarías destinadas exclusivamente a detenidos por delitos sexuales, y una para acusados de femicidios o delitos de violencia de género. El hombre en cuestión pasó por dos de ellas y por problemas de convivencia lo trasladaron a la 17, donde hay de los llamados «comunes».

El riesgo de fuga

La asistente letrada de fiscalía Vanesa Muñoz; el querellante César Alfaro (representa a Flavia Currumil, madre de Silvia), el defensor Maitini y el juez Ravizzoli no pusieron en duda que existe riesgo de fuga ni que el delito imputado es grave. Incluso tiene destino de juicio por jurados, y si los encuentran culpables los imputados recibirán una pena superior a los 15 años de prisión.

«¿Cómo se puede neutralizar el riesgo de fuga?» -se preguntó el juez, y respondió:- «Hasta el momento, con la prisión preventiva. Pero hay condiciones indignas de detención. Ese es el juego de cuestiones que se analizan y llevan a la detención domiciliaria con custodia policial permanente».

«Estamos en un estado de derecho, democrático y republicano. A este Código Procesal Penal me atengo, y a la Constitución provincial por la que yo juré. No voy a consentir condiciones indignas de detención, lo voy a seguir sosteniendo cada vez que lo corrobore», agregó el magistrado.

Citó el artículo 16 del Código, que lo compromete legalmente: «Toda medida que so pretexto de precaución conduzca a mortificar a presos o detenidos hará responsable al juez que la autorice o consienta y a los funcionarios que la ordenen, apliquen o consientan». Una redacción similar tiene el artículo 70 de la Constitución de Neuquén.